La Fortaleza guarda distancia del problema
La postura oficial es que la Mansión Ejecutiva no tiene responsabilidad sobre las transacciones de personal que se dan en las agencias
“Aprovecharon el vacío que se creó por las Órdenes Ejecutivas... y montaron una infraestructura de reclutamiento y atornillamiento del personal”
LUIS VEGA RAMOS REPRESENTANTE PPD
Mientras La Fortaleza alega que no tiene injerencia alguna sobre las transacciones de empleados, conocidos popularmente como “atornillados”, en múltiples agencias y corporaciones públicas, ayer el senador popular José Luis Dalmau Santiago dio detalles de cómo el esquema, que no es ilegal, se repite en la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (Acaa).
Otros legisladores, como Luis Vega Ramos, Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos y Rafael “Tatito” Hernández, han denunciado patrones de contrataciones similares en otras dependencias, en las cuales se pretende premiar con puestos de carrera a empleados de confianza leales al partido en el poder.
Ayer, Vega Ramos reveló el contenido de una carta que le envió el 24 de agosto Pablo L. Peña Antonmarchi, ayudante ejecutivo del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, en respuesta a denuncias que el legislador hiciera sobre empleados atornillados en diversas agencias.
En síntesis, el funcionario sostuvo que dos órdenes ejecutivas de la gobernadora Wanda Vázquez, contrario a la apreciación de Vega Ramos, no facultan a Pabón a autorizar o rechazar el reclutamiento de personal.
Vega Ramos hizo su primer reclamo oficial a La Fortaleza sobre el tema el 7 de agosto, cuando se amparó en el texto de las dos órdenes ejecutivas para insistir en que Pabón sí tiene dicha facultad. Si bien el texto no dispone eso literalmente, el legislador argumentó que así se desprende de una interpretación sencilla de las Órdenes Ejecutivas 2020-33 y 2020-38. Vega Ramos se refirió a que indican que “todo jefe de agencia que identifique servicios esenciales o de emergencia, y que no estén cubiertos en las exenciones, deberá someter una solicitud a estos fines al secretario de la Gobernación, quien tendrá discreción para aprobarla”.
El legislador sostuvo que si Pabón puede decidir quién trabaja de remoto y quién trabaja presencialmente, también tendría la facultad de aprobar o denegar reclutamientos en momentos de pandemia.
“¿Cómo no va a estar responsabilizado de mirar nuevos reclutamientos?”, planteó Vega Ramos a El Nuevo Día. “¿Cómo vas a estar reclutando personal cuando estás mandando a las casas a los empleados? Están enviando a las casas al personal de Recursos Humanos, pero están publicando convocatorias”, añadió.
PLAZAS EN LA ACAA
Por su parte, Dalmau Santiago presentó evidencia de cómo se están llenando sobre 30 plazas de carrera en la Acaa, por lo que hizo un llamado a la Junta de Supervisión
Fiscal (JSF) a que intervenga. El ente fiscla ya intervino en el Departamento de Educación, al solicitar información específica de transacciones de personal al secretario Eligio Hernández.
Según Dalmau Santiago, con esta acción, la directora de la Acaa, Margarita Nolasco, se “burla” de la JSF. Mientras fue senadora, Nolasco denunció la práctica de atornillar empleados al describirla como “maliciosa (e) irresponsable” y que agravaba la situación fiscal del país.
“Hago un emplazamiento a la JSF a que detenga esto”, sostuvo Dalmau Santiago, quien también cuestionó el silencio del candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, sobre el denunciado patrón de reclutamiento de personal.
UNA “BARBARIDAD”
El profesor jubilado de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Mario Negrón Portillo, describió el patrón de “atornillamiento” de empleados de confianza como una “barbaridad”.
“Cuando ves que se repite cuatrienio tras cuatrienio, se pone en evidencia que se ha perdido el respeto a lo que es verdaderamente el sistema de mérito en la administración pública”, sostuvo Negrón Portillo. “Empezó hace varias décadas y no es que todos los secretarios lo hayan hecho igual... Pero el problema es que se ha violado ese mérito por casi cuatro décadas”.
Según el excatedrático, lo único que hace falta para detener esta práctica es voluntad política y, hasta ahora, ninguno de los partidos políticos principales ha demostrado tenerla.