El gobierno entrega sus estados financieros auditados para 2017
Según el estado financiero auditado del gobierno para el año 2017, el déficit acumulado era tan grande como el tamaño de la economía de la isla
En el año fiscal 2017, cuando Puerto Rico se convirtió en el primer territorio estadounidense en declararse en bancarrota, las obligaciones con bonistas, trabajadores, suplidores y contratistas eran tan grandes que el déficit acumulado del gobierno superó el tamaño de la economía, partiendo de las cifras oficiales más recientes.
El pasado martes, con un retraso de dos años, el gobierno de Puerto Rico publicó el estado financiero auditado para el año fiscal 2017 (CAFR-2017), un documento de 325 páginas que si bien confirma el estado de insolvencia en que se encontraba al momento de solicitar el Título III de Promesa, también reconoce que por primera vez, en años, los gastos con cargo al Fondo General -cuando se impusieron las primeras cortapisas en el gasto de las agenciaspudieron estar bajo presupuesto por unos $577.2 millones.
El CAFR-2017 se publicó aproximadamente un mes después de una caldeada audiencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la que el organismo fiscal pidió un plan concreto para que el gobierno territorial se ponga al día en la publicación de sus estados financieros, un requisito de ley para los gobiernos que buscan tomar prestado -es decir, emitir deudas o bonosen el mercado de capital municipal.
Todavía el gobierno no ha indicado cuándo podrá emitir los estados financieros a los años fiscales 2018 y 2019, al tiempo que comienza el conteo regresivo para el año fiscal 2020.
Puerto Rico debe publicar su CAFR en o antes del 1 de mayo después del cierre de cada año fiscal.
A su vez, la publicación de los estados financieros es uno de los requisitos impuestos por el Congreso a través de la ley federal Promesa.
Al dar a conocer la publicación del documento, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, sostuvo que el auditor externo KPMG “no expresaron salvedad alguna” al emitir sus opiniones acerca de la forma en que el gobierno recogió y reportó sus números para el año fiscal 2017.
Empero, la lectura del auditor acerca del gobierno para el año fiscal 2017, establece claramente que persisten las dudas acerca de la viabilidad del gobierno a futuro y en especial de dependencias como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). El informe incluye además al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), dependencia que en aquel momento ya estaba descapitalizada y que se liquidó en marzo de 2018, luego de su reestructuración bajo el Título VI de Promesa.
Según el CAFR 2017, al concluir ese año fiscal, Puerto Rico tenía un déficit acumulado neto de $71,100 millones. La cifra es resultado de sobre $94,000 millones en pagos y obligaciones por hacer, mientras los activos del estado apenas rondaban $16,000 millones, unos $8,000 millones en egresos diferidos y otros $1,100 millones en ingresos por recibir. En relación al año 2016, el déficit acumulado aumentó en unos $981.3 millones, en buena parte, como resultado del aumento en la obligación del gobierno para pagar las pensiones de los jubilados del sector público.
Para el año fiscal 2017, la economía de Puerto Rico medida por el producto bruto se calculó en $70,135 millones, según cifras oficiales.
DISCIPLINA FISCAL
Según el informe, la Ley 66 de 2014, que tuvo el efecto de limitar los beneficios pagados a empleados públicos, requirió la adopción de reservas presupuestarias, la congelación de puestos vacantes y la fórmula para asignar fondos a la UPR, explican la reducción en el gasto presupuestario en ese año fiscal.
Aunque el CAFR 2017 ofrece una radiografía del pasado, se trata del primer año en que entró en vigor la ley federal Promesa y con ella, la JSF, el organismo creado por el Congreso y que controla las finanzas públicas de la isla, lo que así consta en el documento.
En ese año, la JSF puso bajo su mando a prácticamente todo el gobierno central, la UPR y las principales corporaciones públicas.
CUATRO AÑOS DE IMPAGO
Empero, la reducción en el gasto presupuestario que se alega en el CAFR-2017 no considera el pago de la deuda pública.
Según el documento, desde la aprobación de Promesa hasta el pasado 31 de julio, el gobierno no ha pagado a los bonistas unos $13,632 millones, cifra que incluye unos $4,774,031 en principal y otros $8,858 millones.
Hace cerca de un año, la JSF presentó en el tribunal federal un primer plan de ajuste de sus obligaciones. A principios de este año, dicho plan se modificó tras un acuerdo parcial con ciertos bonistas constitucionales.
No obstante, la suerte final de ese plan de ajuste revisado, que impactará la condición financiera del gobierno, ahora ha quedado en un limbo. Al presente, la JSF evalúa las condiciones macroeconómicas de Puerto Rico a raíz del impacto adverso que ha tenido el coronavirus en la economía de la isla.
Este mes, la JSF informará a la jueza Laura Taylor Swain qué hará finalmente con dicho proceso de reestructuración y aquel de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Contrario a lo ocurrido en años anteriores, en los estados financieros del año 2017, los auditores independientes no expresaron salvedad alguna en sus opiniones”
FRANCISCO PARÉS ALICEA SECRETARIO DE HACIENDA