El costo de cerrar escuelas
Eso reveló un estudio del Othering & Belonging Institute y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que fue compartido en primicia con El Nuevo Día
Un análisis realizado por la Universidad de Berkeley en California y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat arroja luz sobre las consecuencias nocivas y onerosas que ha tenido el cierre de 673 planteles en la pasada década
En un período de 11 años, el Departamento de Educación cerró 673 escuelas, lo que representa casi la mitad de los planteles públicos del país. Ese hecho ha tenido consecuencias socioeconómicas nefastas para el estudiantado y las comunidades afectadas, especialmente constituidas por personas negras y pobres.
El estudio “Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: Impactos comunitarios y recomendaciones”, que publicó recientemente el Othering & Belonging Institute, de la Universidad de California en Berkeley, y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), en Puerto Rico resalta la ironía de que mientras los ahorros e ingresos producto de estos cierres son insignificantes, “es sustancial el costo que un inventario de escuelas cerradas le genera al gobierno a través del impacto negativo para la salud pública, la participación democrática, el bienestar y prosperidad de estudiantes, familiares, comunidades y el país en general”.
El análisis abarcó desde al año académico 2006-2007, cuando había 1,523 escuelas públicas, hasta el año 2017-2018, cuando restaban 673 planteles operando.
“Lo más sorprendente fue la alta concentración de cierres en áreas de bajos ingresos y de poblaciones marginadas. Vimos que las poblaciones más vulnerables estaban más expuestas que cualquier otro grupo a los cierres de las escuelas y también los daños que causaban éstos”, observó Dalia Rubiano Yedidia, investigadora en el instituto californiano.
El acceso a la educación se ha visto perjudicado particularmente para niños de tez negra y clase pobre, según el estudio. Las familias que participaron en grupos focales en San Juan y Aguas Buenas narraron que aumentó el costo de llevar a sus hijos a la escuela porque tienen que pagar a alguien para que los recoja; otras dijeron que los estudiantes a veces toman caminos peligrosos para ir y regresar de clases.
Las solicitudes al programa de transportación escolar incrementaron más del doble durante este año, cuando aumentó de 32,685 a 80,323 estudiantes con necesidad de transporte, lo que a su vez tiene un costo adicional para Educación.
Por otro lado, la deserción escolar se ha triplicado en comparación a hace cinco años, según datos de Educación publicados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR). Entre agosto a diciembre de 2019, desertaron 4,539 estudiantes más que en 2014.
“Hay razones para pensar que podría haber un impacto del cierre de escuelas en la deserción y el aprovechamiento académico de los estudiantes. Habría que estudiarlo más a fondo”, mencionó Marina Moscoso, urbanista y codirectora del CRH, sobre dos métricas que se han afectado posteriormente al cierre de planteles.
Un estudio anterior, del catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) José Caraballo Cueto, reveló que los menores desplazados en una o dos ocasiones debido al cierre de planteles obtuvieron puntuaciones en las pruebas estandarizadas .23 puntos por debajo que los que no enfrentaron clausuras.
Además, este nuevo informe señaló que la clausura de planteles redujo la participación de los padres, así como la gobernanza democrática y el sentido de pertenencia a la comunidad.
“El cierre de escuelas no solo tiene un impacto en los jóvenes y las familias, sino un efecto secundario en la vecindad”, indicó Luis Gallardo, abogado y codirector del CRH. El 44% de los 82 planteles en desuso visitados por los investigadores tenían cancha de baloncesto, parque de béisbol o un anfiteatro utilizado por la comunidad circundante.
Gallardo mencionó, como ejemplo, que con el cierre de la escuela Machuchal, en la calle Loíza, los negocios aledaños pudieron sacar licencias para la venta de alcohol y hubo un aumento en la apertura de restaurantes y barras que, a su vez, incrementó el valor de las propiedades y desplazó a las personas de menor nivel adquisitivo.
“Veo un intento de desplazamiento de las familias más pobres”, coincidió Moscoso al dar como ejemplo la escuela Goyco, Machuchal y Luchetti, todas en Santurce. “Se han cerrado la mayoría de las escuelas en Santurce”, puntualizó.
Los investigadores encontraron que solo 10 de las 438 escuelas cerradas durante este cuatrienio, bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y la exsecretaria Julia Keleher, han sido vendidas, según los contratos registrados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico
“No tiene sentido la manera en que se hizo la determinación de los cierres ni la manera en que se ha determinado la reutilización”
MARINA MOSCOSO CODIRECTORA DEL CENTRO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT
“Este estudio nos da una idea de cómo dejaron las escuelas después de 10 años de cierre y nos ayuda a crear mejor política pública”
LUIS GALLARDO CODIRECTOR CENTRO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT
hasta el 15 de enero de este año. El valor de estas ventas, en conjunto, supuso $4.1 millones, apenas el .04% del presupuesto del Fondo General de Puerto Rico y .006% de la deuda pública.
“Este estudio rebate cualquier argumento del Departamento de Educación de que mientras menos escuelas, menos gasto”, indicó Moscoso. Cerrar los planteles ocasionó, por el contrario, que aumentara el gasto gubernamental y se perdieran millones de fondos invertidos en la infraestructura pública pues, en algunos casos, como la escuela María Libertad Gómez en Toa Baja, el cierre ocurrió poco tiempo después de que se invirtiera en mejoras a las facilidades.
Además, una auditoría de la Oficina del Contralor reveló que el gobierno perdió $164,700 en pagos de energía eléctrica y agua potable de escuelas cerradas. Esa suma fue solamente en la región de Humacao, por lo que la pérdida de fondos públicos podría ser mucho mayor.
PLAN DE REUTILIZACIÓN DE ESCUELAS
Según los investigadores, solo el 18% de los 673 planteles cerrados desde 2007 ha estado cerca de ser reutilizado mediante contrato de arrendamiento o venta. Ese es el análisis de los 123 contratos registrados para este fin, en la Oficina del Contralor desde 2014.
La cantidad que realmente está siendo reutilizada, ya sea mediante arrendamiento o venta, podría ser mucho menor, según una submuestra de 50 planteles del total de 123 casos. Estas visitas revelaron que menos de la mitad de las 123 escuelas que ya tienen contrato están siendo reutilizadas, según el informe investigativo compartido, en primicia con El Nuevo Día.
Otro aporte del estudio fue que aunque el 69% de la muestra se encuentran en desuso, la mayoría (48%) están en óptimas condiciones, lo que quiere decir que se podría diseñar un plan para su utilización con tan solo invertir en limpieza, pintura y mantenimiento de áreas verdes.
Gallardo criticó que el Comité para la Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por Rosselló Nevares, tiene una política pública dirigida a la liquidación de las propiedades públicas, pero no prepara planes de reutilización ni de cierre. “Sabemos lo rápido que se deterioran las estructuras con su cierre. El pecado es cerrar la escuela sin ningún plan, porque ahí ocurre el vandalismo y la pérdida de fondos públicos”, puntualizó.
“Nadie podía hablar con autoridad cuál era la condición de las escuelas. Creo que una gran aportación de este estudio es que nos da una idea de cómo dejaron las escuelas después de 10 años de cierre y nos ayuda a crear mejor política pública y buscar otras estrategias”, planteó el abogado.