Leo Aldridge: Le toca al Supremo escoger en la CEE
La descertificación de dos corporaciones privadas, producto de represalias políticas perpetradas por la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, constituye un atentado peligroso e inadmisible contra los derechos constitucionales de libre expresión y asociación en Puerto Rico.
Ambas libertades son pilares sobre los que se levanta una sociedad pluralista y democrática. El pueblo se nutre de la diversidad de ideas cuando estas pueden ser expresadas sin que medien la censura ni el temor a la persecución. Utilizar al Estado como arma para intimidar o castigar a quienes disienten y fiscalizan reprime esos derechos imprescindibles para la convivencia y el desarrollo económico y social. Devela, de hecho, rasgos de autoritarismo que nuestro país ha repudiado consistentemente.
El Tribunal Superior ha determinado que el gobierno cometió un acto de represalia política al cancelarle el registro corporativo a dos entidades donantes de un comité de acción política que hizo campaña contra Vázquez Garced, quien aspiraba a ser la candidata del Partido Nuevo Progresista al cargo que ocupa en virtud del orden de sucesión constitucional. De acuerdo con la decisión, dicha acción tuvo el efecto directo de “impedir o disuadir que las fundaciones demandantes continuaran ejerciendo el derecho a la libertad de expresión política en el contexto de las primarias que estaban próximas a celebrarse y de las elecciones generales que se aproximan”.
Repudiamos el intento del Estado de institucionalizar el revanchismo político. Lo rechazamos igual que a otras actuaciones que deterioran la confianza en el país, como sucede con la pretensión de secuestro del sistema electoral, por parte de la colectividad gobernante, mediante la cuestionada nueva ley electoral firmada por Vázquez Garced.
Tal proceder gubernamental provoca, con toda razón, gran preocupación en momentos en que deficiencias operacionales de la Comisión Estatal de Elecciones colocan en entredicho la celebración de los comicios generales en la fecha estatutaria del 3 de noviembre.
La libertad de expresión está intrínsecamente ligada al derecho fundamental al voto, esencia del sistema electoral. Así, pues, coartar los derechos a la libre expresión y asociación mediante tácticas persecutorias tiene serias repercusiones sobre el derecho de los ciudadanos a tomar decisiones informadas a la hora de evaluar y elegir candidatos y propuestas de gobierno.
Pero no solo se siembra desconfianza en el sistema electoral y se socava la democracia. Los actos cometidos contra empresas privadas, en uno de los peores momentos para el sector privado debido a la pandemia, ponen en entredicho la imparcialidad de la Administración en otras gestiones como son la inversión de recursos, incentivos, ofrecimiento de empleos, y en su función de facilitador de todos los sectores por igual, sin preferencias o persecuciones.
Asimismo, acciones como las mencionadas abren una puerta peligrosa al inversionismo político, que sirve de antesala a la corrupción, porque envía señales alarmantes de riesgos y beneficios: de opresión para quienes se opongan, de favoritismo para quienes se alíen.
De esta forma, la imagen del gobierno se resquebraja ante el componente privado que debe ser impulsado como base importantísima de la economía. Los derechos a expresarse o asociarse libremente son motores de la organización social, empresarial, del activismo comunitario y de la solución de los grandes problemas que Puerto Rico tiene ante sí.
Es deber del Estado, extensivo al sistema electoral como custodio de nuestro sistema democrático, reflejar la aspiración a la ecuanimidad y al balance de poderes que expresa la Constitución como escudo al abuso de poder y la supresión de derechos y libertades.
Puerto Rico está ante una confluencia de retos y oportunidades que requieren desde los más altos niveles del Estado un liderazgo inclusivo, capaz de conciliar y encaminar la búsqueda de entendidos.
Para levantarse de los desastres de los pasados años, la isla cuenta con una inyección de fondos federales sin precedentes que deben usarse para el beneficio de todos sin ataduras a conveniencias particulares ni bajo sombras de intimidación o represión. Dicha responsabilidad exige desprenderse de intransigencias, hostilidades y tribalismos que polarizan a nuestra sociedad para trabajar con respeto, propósito de unidad, diálogo y desprendimiento.