Contraloría halla serias irregularidades en contrataciones del Senado
Una auditoría de la Contraloría halló que se pagó por labores no precisadas sin que se pudiera verificar la corrección del desembolso
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) halló múltiples deficiencias en las facturas pagadas por ese cuerpo legislativo a contratistas de servicios profesionales y consultivos que, entre otras cosas, ni siquiera detallaron los servicios que prestaron.
Además, los auditores del Contralor encontraron que en la Oficina de Asuntos Gubernamentales (OAG) del Senado, en San Juan y Mayagüez, se contrataron a tres personas, por $144,000, para funciones que ya eran prestadas por empleados de ese cuerpo.
La auditoría cubrió el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018. No obstante, los hallazgos relacionados con la OAG son exclusivos de este cuatrienio porque ese ente no existía antes.
Asimismo, la auditoría encontró que en 94 de las facturas pagadas, el 47% no contenía “una descripción detallada ni específica de los servicios ofrecidos”. En tres de los contratos evaluados por los auditores “no se pudieron identificar en las facturas actividades relacionadas con 70 casos asignados”.
Según el informe de auditoría, estas situaciones “impiden la verificación, en todos sus detalles, de la corrección de los desembolsos”.
En el 23% de las facturas evaluadas no se pudo localizar documento alguno relacionado con los trabajos hechos, ni el Senado mostró evidencia.
En su contestación a la OCPR, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, señaló que “se impartieron instrucciones y tomaron las medidas necesarias” para que se ejerza una supervisión eficaz en el área de preintervención.
Específicamente, sobre facturas relacionadas con la OAG, los auditores detectaron que en cinco facturas entregadas por tres coordinadores intergubernamentales ni siquiera se sometieron los informes de los casos atendidos.
Esa oficina era dirigida por Ángel Figueroa Cruz, quien en octubre de 2019 se declaró culpable de participar en un esquema de fraude al certificar como correctas facturas de contratistas que, en realidad, no prestaron los servicios cobrados.
SERVICIOS INNECESARIOS
El informe concluye que, al solicitar a los contratistas tareas que ya realizaban empleados del Senado, se limitaron “los recursos del Senado para utilizarlos en otros servicios esenciales”
Una investigación de El Nuevo Día mostró que mientras las oficinas de los senadores y sus comisiones habían perdido presupuesto, la OAG mantenía una nómina de 63 empleados y, hasta junio de 2018, había contratado $1 millón en servicios.
La oficina principal de la OAG se encuentra en el Capitolio. No obstante, tiene otros cinco despachos distribuidos en Camuy, Cabo Rojo, Mayagüez, Guánica y Ponce.