Cae empresa de inversiones que timó a 150 personas
● Las víctimas de The Republic Group son de Puerto Rico y la Florida, y creyeron estar invirtiendo en préstamos para el sector turístico de la República Dominicana
Por espacio de cuatro años, The Republic Group, con sede en la Florida, convenció a sobre 150 personas en Puerto Rico y ese estado para que invirtieran en la empresa dedicada a otorgar préstamos de corto plazo a negocios turísticos en la República Dominicana, solo para descubrir que fueron timados, según alegó ayer la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés).
Según el regulador bursátil federal, se trata de un timo de al menos $9.4 millones, que habría sido orquestado por el presidente de Republic, Gary S. Wykle y el vicepresidente ejecutivo y representante de ventas de esa empresa, Alejandro Cortés López. Wykle, de 72 años, según la SEC, es residente de West Virginia, mientras Cortés López, de 58 años, es residente del estado de la Florida.
El Nuevo Día supo que la mayoría de los inversionistas afectados residen en Puerto Rico. Una búsqueda de este diario en la base de datos de la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés) comprobó que Wykle y Cortés López no aparecen registrados para dedicarse a la venta de valores.
Ayer, al dar a conocer los arrestos de Wykle y Cortés López, la Fiscalía Federal en Puerto Rico solicitó que si alguna persona pudo haber sido víctima de este fraude, se comunique al Negociado de Investigaciones Federales (FBI) en San Juan al 787-766-5656.
Según la querella de la SEC, entre marzo de 2013 a julio de 2017, Wykle y Cortés solicitaban invertir en Republic -que se describía como una empresa de servicios financieros con presencia o representantes en toda América, el Caribe, Europa y Asia- mediante un instrumento conocido como “pagaré” o “nota de pago”.
“Los inversionistas fueron alegadamente deslumbrados con promesas de altos rendimientos que supuestamente se generaban de préstamos de corto plazo con altos intereses a compañías de viajes”, dijo en declaraciones escritas Eric I. Bustillo, director de la SEC en la oficina regional de Miami.
“En realidad, como alega la querella, Wykle estaba operando una treta Ponzi a través de la cual, él se apropió y mal utilizó sobre $2 millones en fondos de inversionistas, incluyendo el pago de significativas comisiones a Cortés”, agregó Bustillo.
Mientras la fiscalía federal en Puerto Rico radicó cargos criminales contra Wykle y Cortés López, la investigación se condujo desde la oficina de la SEC en Miami -que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico- y estuvo a cargo de Raynette R. Nicoleau y Mark Dee bajo la supervisión de Chedly C. Dumornay.
De acuerdo con la querella del regulador de valores, a cambio de su inversión en Republic, los inversionistas recibirían una tasa de interés mensual de 2.5% por 15 meses o de 3% si el pagaré adquirido tenía una vigencia de 29 meses, pero en principio, Republic llegó a pagar hasta 10% de interés en el primer mes, 5% en los dos siguientes meses y luego 2%, por la vida del instrumento, ahora fraudulento.
De ser encontrados culpables, los acusados se exponen hasta 30 años de cárcel y una multa no mayor de $1 millón.
LA PROMESA DE ALTOS RENDIMIENTOS
“Contrario a lo que presentaron a los inversionistas, Republic nunca otorgó ningún préstamo a empresas del sector de viajes u otras compañías. Tampoco compró préstamos en crisis o deudas de compañías”, sostuvo la SEC.
Según la SEC, lo que no sabían los inversionistas era que de cada inversión que conseguía Cortés, este recibía una comisión de 15%, lo que se tradujo en alrededor de $1.28 millones para este. Los inversionistas tampoco sabían que Wykle utilizó otros $1.2 millones para su beneficio personal y para pagar los rendimientos que se prometieron a los primeros inversionistas.
La SEC solicitó al tribunal federal en el Distrito Sur de la Florida que prohíba a Wykle y Cortés López dedicarse a la intermediación de valores en el futuro y les imputó fraude de valores, exigiendo la restitución del dinero a los timados.
Concretamente y si el tribunal lo aprueba, Wykle debe restituir unos $948,295, pagar otros $136,979 en intereses y una multa de $192,768. Cortés López debe restituir $749,280, pagar intereses por $111,805 y una multa de $75,000.