El Nuevo Día

Le toca al Supremo escoger en la CEE

- Leo Aldridge Abogado y Analista

Es al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y no a los partidos políticos, a quien a estas alturas le correspond­e llenar la vacante de presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). De acuerdo con el nuevo Código Electoral, ese alto foro judicial tiene en sus manos, una vez más, la potestad de destrancar un entuerto que las fuerzas políticas no han podido resolver.

A dos meses de los comicios generales, es urgente remover a Juan Ernesto Dávila como presidente de la CEE para evitar que se repita en noviembre el fiasco sin precedente­s del 9 de agosto, cuando la incompeten­cia y negligenci­a crasa privó a decenas de miles de puertorriq­ueños de ejercer el derecho más fundamenta­l en una democracia: el voto.

Pero la tarea de removerlo no parece que será tan fácil. El funcionari­o – que el día antes de las primarias le representó al país que todo era miel sobre hojuelas – desistió de su intención original de renunciar a la CEE. Estaba compungido, pidió perdón, pero decidió quedarse. La única vacante en este momento, pues, es la de presidente alterno, que es de suma importanci­a porque sería la persona que tomaría las riendas de la CEE en caso de que Dávila acceda al reclamo masivo de que renuncie o si el Supremo actúa sobre las querellas para destituirl­o.

El Código Electoral vigente establece, en su Artículo 3.7, que el tiempo de los comisionad­os ya pasó – o está a punto de concluir – para llenar la vacante de presidente alterno. La ley dispone que, como segundo mecanismo para escoger al presidente alterno, le correspond­e a la gobernador­a Wanda Vázquez nombrar a alguien que debe ser avalado por dos terceras partes de la Cámara y el Senado. Ese término también pasó o está a punto de caramelo, dependiend­o de la interpreta­ción que se haga de cuándo comienza a contar el tiempo dispuesto en la ley.

Queda, entonces, el tercer mecanismo establecid­o por el Código Electoral: que una mayoría de los nueve jueces del Supremo escoja al presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones.

Eso es lo que le correspond­erá hacer al Tribunal Supremo. Quizás el alto foro aborrezca inmiscuirs­e en asuntos de naturaleza marcadamen­te político partidista a tan poco tiempo de las elecciones, pero es a lo que la ley los convoca.

Además, ante la torpeza exhibida por los actores políticos, el Supremo goza de una reputación bien ganada como una institució­n que imprime seriedad y orden en medio del caos. Las dos decisiones más recientes de trascenden­cia política – la del Verano de 2019 que resolvió que Pedro Pierluisi juramentó inconstitu­cionalment­e y la del Verano de 2020 que expuso cómo debían corregirse las tronchadas primarias – fueron unánimes. Esa unanimidad debe procurarse también en la búsqueda de un presidente alterno de la CEE con miras a que sustituya a Dávila.

El Supremo puede una vez más – ante el tranque de los comisionad­os y la inacción de la Gobernador­a y de la legislatur­a – llenar los gigantesco­s vacíos que dejan las fuerzas políticas del país en nuestras institucio­nes.

Si el PNP y su neófito comisionad­o electoral pensaban que tenía control de la turbia situación de la CEE, deben releer el Código Electoral que el mismo Pierluisi apoyó. La falta de experienci­a y liderato del comisionad­o PNP Héctor Sánchez – y el empecinami­ento en presentarl­e a sus pares uno en vez de varios candidatos – han hecho que esa colectivid­ad pierda el control de resolver un asunto tan clave de cara a las elecciones. Pierluisi, que el pasado 9 de agosto estaba indignado por la incompeten­cia de Dávila, no ha podido paliar la situación y el reloj sigue corriendo. Probableme­nte ya sonó la chicharra y se quedó con la bola en las manos, sin tan siquiera tirar al canasto.

A estas alturas, es muy probable ya que haya perdido la oportunida­d de selecciona­r al futuro presidente alterno de la CEE con la anuencia de los demás partidos. Esa tarea le correspond­erá ahora al Tribunal Supremo.

El Supremo puede una vez más llenar los gigantesco­s vacíos que dejan las fuerzas políticas del país en nuestras institucio­nes”

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