El millonario cabildeo de DCI
La empresa del nuevo integrante de la Junta de Supervisión Fiscal coordinó el cabildeo para bonistas de obligaciones generales de la isla
WASHINGTON, D.C.- DCI Group, la empresa de la que es socio administrador Justin Peterson –nuevo miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)–, coordinó más de $1.3 millones en cabildeo en el Congreso en contra de los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico por tener un mecanismo de ley para reestructurar su deuda.
Según los informes que presentaron sus cabilderos al Congreso –que no reflejan la totalidad del costo de los contratos–, DCI dirigió el cabildeo en el Senado y la Cámara baja federal del primer grupo Ad hoc de bonistas de obligaciones generales a partir de 2014.
La presión se puso en marcha justo cuando empezó a discutirse el proyecto del entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, que tuvo apoyo bipartidista en Puerto Rico, para incluir nuevamente a la isla en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
Bajo ese estatuto, Puerto Rico hubiese podido renegociar la deuda de sus corporaciones públicas.
Ese cabildeo inicial coordinado por DCI Group fue hecho por Liberty International Group financiado por la firma de inversiones Blue Mountain Capital Management. Según el registro del Congreso, Liberty, una empresa del excongresista republicano Connie Mack (Florida), reportó ingresos y gastos, por su cabildeo para DCI Group y Blue Mountain, que sumaron $250,000.
Mack Strategies, también del excongresista, reportó otros $180,000 por cabildeo en 2016 a nombre del grupo de bonistas de obligaciones generales, que entonces presionó en contra de la ley Promesa. En 2016, DCI Group, a su vez, coordinaba el cabildeo de los bonistas de obligaciones generales a
“Su nombramiento no solo presenta evidentes conflictos de intereses, sino que es otro ejemplo más del constante desprecio del presidente Trump por Puerto Rico” CHARLES SCHUMER LÍDER DE LA MINORÍA DEMÓCRATA DEL SENADO
través de la empresa American Continental Group, que informó haber destinado otros $340,000 a esas gestiones.
Las gestiones más recientes ante el Congreso para los bonistas de obligaciones generales estuvieron a cargo de la firma Hobart, Hallaway & Quayles, un contrato que se dio por terminado en julio de 2018. Hobart-Hallaway reportó haber destinado $350,000 a esos esfuerzos y a una medida sobre fondos de emergencia a la isla.
Otras empresas que han cabildeado para DCI Group y los bonistas de obligaciones generales en torno a la deuda pública de la isla han sido Davenport Adventures ($75,000), West Front Strategies ($60,000), Raben Group ($50,000) y Washington Advocacy Group ($40,000).
CAMPAÑA DE DESCRÉDITO
Mientras DCI presionaba a nombre de bonistas en contra de un mecanismo legal para la reestructuración de la deuda, también coordinó una campaña de relaciones públicas dirigida a desacreditar en Washington y ante la opinión pública estadounidense al gobierno de Puerto Rico, primero contra la administración de Alejandro García Padilla y, luego, contra la de Ricardo Rosselló Nevares.
La campaña en contra del gobierno de Puerto Rico fue suscrita primero por la organización American Future Fund (AFF), un grupo de acción política con base en Iowa, desde donde Peterson trabajó en 2000 para las campañas presidenciales de George W. Bush, electo ese año, y Elizabeth Dole.
En anuncios a página completa en The Wall Street Journal y Politico, en septiembre de 2014, AFF imputó al gobierno de García Padilla mantener una “cultura de corrupción de Puerto Rico”.
Las estrategias de cabildeo pudieron impactar los debates sobre la obtención de fondos federales luego del huracán María, el escándalo que generó el contrato con la empresa Whitefish Energy y la campaña del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) a favor de la estadidad, según varias fuentes. DCI Group y sus directivos, a su vez, han también donado fondos a políticos que coincidían con sus puntos de vista sobre la deuda.
Por ejemplo, tanto Peterson como Ryan Grillo, otro socio de la empresa, contribuyeron en 2016 con la candidatura a comisionada residente en Washington de Jenniffer González, quien, como Rosselló Nevares, se había opuesto tanto al proyecto de Pierluisi para incluir nuevamente las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras como a la ley Promesa, que creó la JSF y abrió la puerta a un proceso abarcador de reestructuración de la deuda.
Peterson donó $2,700 el 30 de junio de 2016 a González. Previamente, se había reportado que otro socio de la empresa, Grillo, como el comité de acción política (PAC) de DCI Group también contribuyeron ese año, con $1,000, cada uno, a la campaña de la ahora comisionada.
La comisionada González no ha estado disponible para contestar preguntas sobre Peterson. Pero, en Twitter, rechazó el jueves la designación de Peterson, ante la apariencia de un conflicto de interés entre sus funciones en la JSF y su trabajo para los bonistas.
Cuando se conocieron en 2018 las contribuciones políticas de Grillo y el PAC de DCI, la comisionada indicó que “un donativo no va a cambiar la manera en que uno piensa”.