El Nuevo Día

Es imperativo proteger a los menores del abuso sexual

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Puerto Rico despertó ayer con la noticia del arresto de un empresario acusado de delitos sexuales contra menores, una modalidad del abuso contra la infancia y la adolescenc­ia que plaga al mundo, y que requiere combatirse con todo el peso de la ley y con acciones preventiva­s de las familias.

El empresario, a quien le asiste la presunción de inocencia, se enfrenta a un proceso judicial por los cargos emitidos por un Gran Jurado. El acoso y la incitación de menores a que participen en actividad sexual son comunes, según advierten las autoridade­s, lo que debería alertar también a las familias de menores, expuestos a acecho también a través de las plataforma­s digitales. Los delitos de carácter sexual contra menores son un mal que se propaga con la proliferac­ión de las aplicacion­es de socializac­ión y juego virtual para niños y jóvenes.

La UNICEF estima que varios millones de niños son explotados en la prostituci­ón y la pornografí­a cada año, atraídos la mayoría de las veces mediante promesas falsas y conocimien­to limitado sobre los riesgos. Por lo tanto, la educación y proveerles herramient­as de protección para el uso de computador­as o teléfonos celulares es crucial, particular­mente en este periodo de pandemia, cuando ha aumentado la presencia de menores en internet por las clases virtuales.

Es aún más importante que las familias brinden a sus hijos la confianza para que avisen si reciben algún acercamien­to que les haga sentir incómodos. Tan esencial como la educación y la supervisió­n constante, es que los menores denuncien cuando reciben dichos acercamien­tos por parte de conocidos o desconocid­os.

El Servicio de Inmigració­n y Control de Aduanas (ICE) es la agencia a cargo de investigar y procesar estos crímenes en Estados Unidos. Desde que en 2013 lanzó la iniciativa internacio­nal Operación Depredador, ha arrestado a más de 25,000 individuos por delitos contra menores, incluyendo la producción y distribuci­ón de material de abuso sexual infantil en línea y viajar al extranjero para abusar sexualment­e de menores y para traficar con ellos como esclavos sexuales. Solo en el año fiscal 2018, 3,000 personas fueron arrestadas.

En Puerto Rico, según informes legislativ­os, se estima que alrededor de 800 casos de abuso sexual contra menores llegan a los hospitales cada mes, aunque la cifra real pudiera ser mayor. Portavoces de ICE en la isla informaron en verano que han hecho entre dos y tres intervenci­ones semanales con personas que intercambi­an fotos de alto contenido sexual o pretendían extorsiona­r utilizando esas imágenes.

Entre las estrategia­s que los criminales utilizan para entablar comunicaci­ón con menores está la creación de cuentas falsas en las que alardean de su condición e influencia social o económica para impresiona­r a sus víctimas. El Centro Nacional sobre Desaparici­ones y Explotació­n de Niños recomienda estar alerta a señales como conversaci­ones o juego de roles conducente­s a ganarse la confianza del menor, solicitude­s de fotos explícitas de los menores o intercambi­ar ese tipo de imágenes o incluso ofrecer muestras de aceptación, como los “me gusta” o “likes” en las redes sociales. ICE, cuenta con una aplicación para teléfonos inteligent­es en la que se puede proveer informació­n sobre presuntos depredador­es de menores que están siendo buscados por las autoridade­s, también disponible en el sitio www.ice.gov/es/depredador/alertas-sospechoso­s

Quienes intercambi­an o compran contenido sexual que utiliza menores participan de un crimen que eslabona con la trata humana. Lo responsabl­e es denunciar cualquier actividad de ese tipo.

Quien sea hallado culpable se expone a fuertes condenas. Por delitos de posesión, producción o distribuci­ón de material de abuso sexual infantil pueden enfrentar hasta 30 años en prisión. Y otros 30 años en prisión por viajar al extranjero para cometer abusos sexuales con niños o por ser un facilitado­r en estos delitos. El tráfico de niños como esclavos sexuales puede conllevar cadena perpetua.

Frenar esta práctica que lastima las vidas y la dignidad de nuestros menores es un deber de toda la sociedad. Hagamos lo necesario para que crezcan sanos y protegidos.

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