Vivienda asequible e ingreso justo, un balance necesario
Cerrar la brecha que hoy existe entre el costo de la vivienda y el ingreso de las familias en Puerto Rico es un asunto que debe procurar el gobierno que asume las riendas del país a partir de enero.
En el análisis de la administración entrante para poner en marcha su programa de gobierno y el plan de reconstrucción, la disponibilidad de viviendas asequibles y alternativas de techo seguro para nuestra población son aspectos determinantes en la recuperación del país.
Un informe de la firma Estudios Técnicos advierte que el desfase entre ambos renglones hace que cerca de 323,000 hogares en la Isla - de cerca de un millón - destinen más del 30% de sus ingresos al pago de renta o hipoteca. Esa obligación supera la proporción del ingreso recomendada por el Departamento de la Vivienda federal para el pago de vivienda.
La obligación de casi una tercera parte del ingreso familiar para cubrir los pagos de hipoteca o alquiler resta oportunidades para que dichas familias inviertan en educación, servicios de salud y alimentación. Incorporar la perspectiva de justicia social a las políticas públicas que se adopten puede ayudar a reducir esas desigualdades.
Para subsanar el desbalance, conocedores recomiendan promover el desarrollo de vivienda asequible a la vez que se mejoran las condiciones de desarrollo económico que permitan a las familias allegar mayores ingresos. Esa recomendación gana relevancia ahora, cuando la crisis económica agudizada por la pandemia del COVID-19 ha provocado la pérdida de empleos y la reducción de ingresos para muchas familias. A ello se suman el impacto de los huracanes, que dejaron más de 70,000 viviendas afectadas, y la pérdida de más residencias en el sur por los sismos.
Algunos apuntan a la necesidad de descentralizar la política de vivienda, actualmente centralizada, para dar a los alcaldes más facultades para desarrollar proyectos de vivienda de interés social en alianza con el tercer sector, así como abrir espacio a las corporaciones de desarrollo comunitario.
Con los fondos federales asignados a la reconstrucción, Puerto Rico tiene la oportunidad de impulsar proyectos de vivienda de bajo y mediano costo sin que representen para los ciudadanos una nueva carga excesiva. Por otro lado, la baja en intereses hipotecarios pudiera representar un alivio para las familias agobiadas por el pago de vivienda, que necesitan contar con guías y orientación para conocer sus opciones.
En cualquier instancia, la forma más efectiva de preservar un techo seguro es contar con empleos que aseguren un flujo estable de ingresos. Economistas anticipan que gran parte de los empleos que surgirán en los próximos años se concentrarán en los centros urbanos, lo que puede favorecer el movimiento de venta o alquiler de viviendas existentes en esas zonas. Proponen, entre otras alternativas, que el gobierno reduzca el costo de construir vivienda nueva, eliminando reglamentación onerosa y reglas que aumentan el costo de los alquileres, para ayudar a generar un mercado de vivienda a precios razonables.
Las recomendaciones abundan. Le tocará al gobierno ponderar las soluciones que procuren estabilidad, seguridad, justicia y calidad de vida en nuestra población.
Los eventos que ha padecido el país en los últimos años, desde los huracanes hasta la quiebra, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dan nueva dimensión al marco de la reconstrucción. Una de las metas del desarrollo sostenible es que, en los próximos diez años, todas las personas tengan acceso a vivienda adecuada, segura y asequible. Así, se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho fundamental de todas las personas. Ni la pérdida de medios de subsistencia, ni la vejez, ni la enfermedad, ni el desempleo deberían negarle a alguien su derecho a un hogar seguro.
Las familias en Puerto Rico deben tener acceso a residencias adecuadas y resistentes a huracanes y terremotos, fuera de áreas inundables y con fácil acceso a trabajos, bienes, servicios y áreas de esparcimiento. Y deben contar con ingresos justos que les permitan suplir de forma adecuada sus necesidades básicas. El próximo cuatrienio ofrece condiciones para avanzar en esa dirección.