Desequilibrio laboral en el sector de la construcción
El empleo en el sector de la construcción alcanzó su punto máximo de 103,000 puestos en abril de 2007. Poco después explotó la primera burbuja inmobiliaria de nuestra historia moderna, lo que provocó el colapso de la construcción, y 10 años después el empleo en este sector rondaba los 24,000 puestos. ¿Qué hicieron los cerca de 80,000 trabajadores que ya no están activos en el sector? Unos migraron a Estados Unidos, otros se jubilaron y otros cambiaron de sector económico. Sin embargo, con la reconstrucción post-María el empleo en el sector creció, rondando los 50,000 puestos en junio de 2020.
Algunos contratistas han señalado que escasea la mano de obra para las obras pendientes de la reconstrucción y recomendaron que se importen inmigrantes. Aunque comúnmente se piense que las mejores propuestas a nuestros problemas económicos las tienen los miembros del sector privado, aquí tenemos un contraejemplo: esta idea es
inviable e inefectiva ya que Puerto Rico no controla sus fronteras. Lo más que puede hacer el gobierno local es convertirse en una jurisdicción “santuario”, al estilo de algunas jurisdicciones de Estados Unidos que no cooperan con el gobierno federal en el cumplimiento de las leyes migratorias. Y ojalá lo hagan: los inmigrantes son vitales para la economía.
Por otro lado, atraer de Estados Unidos a algunos de los emigrantes que solían trabajar en la construcción de Puerto Rico es tarea ardua ya que muchos de ellos saben que los salarios son menores en Puerto Rico y que el auge en la construcción aquí es temporero. Por eso, propongo dos ideas que son más viables.
1) Eliminar el límite de ingresos para participar del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). El PAN es un programa que recibe fondos federales en bloque, pero las guías de participación las establece el gobierno local. El umbral para que una persona participe del PAN es de $750 mensuales. Es decir, si alguien gana más de $750 mensuales no es elegible para recibir los beneficios mensuales que rondan los $120 por persona. En 48 estados ese umbral fluctúa entre $1,200 y $1,838. Por eso, muchas personas en Puerto Rico prefieren trabajar en el sector laboral informal (“por debajo de la mesa”) y complementar sus bajos ingresos con el PAN. Las compañías constructoras que tienen contratos con el gobierno no pueden pagarles a todos sus trabajadores “por debajo de la mesa” ya que no pueden deducir esos gastos de nómina en sus planillas de ingresos si no le informan al Departamento de Hacienda los salarios pagados.
Este desequilibrio entre la oferta laboral (personas que quieren trabajar sin perder sus beneficios del PAN) y la demanda laboral (contratistas que quieren contratar formalmente a más trabajadores) se puede resolver si el gobierno elimina ese umbral de ingresos para los trabajadores de la construcción que participen del PAN, aunque sea por el periodo en que tome lugar la reconstrucción post-María. Mi propuesta va acorde con la política laboral para los trabajadores del sector agrícola de Puerto Rico, a quienes se les permite trabajar sin perder el PAN, pues no hace mucho sentido perder unos beneficios de largo plazo por empleos de corta duración. 2) Entrenar desempleados en oficios de construcción: En junio de 2020 hubo cerca de 90,000 personas buscando empleo en Puerto Rico sin encontrarlo. Esta cifra no incluye los más de 100,00 trabajadores desalentados que están fuera del grupo trabajador ya que se cansaron de buscar trabajo. Es probable que haya muchos dispuestos y dispuestas a trabajar en distintos oficios de la construcción, pero carecen de las destrezas. Hay que recordar que los menores de 50 años no vivieron los programas de urbanización intensa en donde muchos de los “Baby Boomers” aprendieron destrezas de construcción.
Por eso, el 16 de septiembre de 2019 publiqué una columna en El Nuevo Día donde señalaba el impacto dispar que tuvo la reconstrucción sobre la economía y recomendaba, “programas de entrenamiento que faciliten la transición de trabajadores de un sector a otro”. Como es usual, el gobierno y sus supuestos asesores ignoraron mis recomendaciones y ahora nos damos cuenta que, si hace un año hubiesen entrenado personas interesadas en aprender los oficios de la construcción, hoy no habría tanta escasez de mano de obra.
Este entrenamiento puede ocurrir en las escuelas públicas, costeado con los fondos de reconstrucción, o al otorgar vales educativos para que algún instituto entrene a estas personas. Además, los sindicatos que reclaman el salario mínimo de $15 para la construcción que cuente con fondos públicos, pudiesen lograr un consenso con la industria y el gobierno a cambio de entrenar estos desempleados, como lo hace el sindicato 32BJ en Nueva York, que transforma trabajadores que no sabían cambiar una bombilla en expertos en carpintería, plomería, electricidad, soldadura, computadoras y refrigeración, entre otros.
La implementación de estas dos propuestas puede, además, redundar a mediano y largo plazo en que muchas personas estén integradas al mercado laboral formal y a que obtengan destrezas que pueden seguir utilizando en el periodo posterior a la reconstrucción. Ambos fines son deseables para reducir la pobreza y desarrollar la economía. Ojalá no se desaproveche esta coyuntura.