Legítimo esfuerzo por traer los Centroamericanos
Aun cuando sea cuesta arriba la batalla de Puerto Rico por ganar la sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en 2022, y que nos disputamos con El Salvador, vale la pena intentarlo, en el marco de nuestra recuperación económica y con la firme voluntad de impulsar nuestro despegue turístico.
Las posposiciones de los eventos deportivos, forzadas por la pandemia del COVID-19, brindan la posibilidad de que los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados anteriormente en Mayagüez, en 2010, puedan volver a esa ciudad doce años más tarde, en 2022, si se consigue que ganemos la sede, que también ha pedido San Salvador.
Tenemos casi dos años por delante para prepararnos, pero nuestra disposición debe quedar clara mucho antes. No hay que olvidar que, para poder dar garantías a los organizadores de los Juegos y países participantes, debemos demostrar que podremos cumplir con los plazos convenidos.
La primera reunión entre la Junta de Supervisión Fiscal y el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), tuvo lugar el pasado mes de noviembre. El objetivo era presentar al ente fiscal que supervisa las finanzas del país, el estimado de gastos para empezar a preparar los juegos: una autorización indispensable de cara a los desembolsos millonarios que requieren estos eventos.
El legado de los Juegos Centroamericanos del año 2010 tuvo excelentes repercusiones para la zona oeste de la isla. Según el estudio del economista José Alameda, presentado ahora a la Junta de Supervisión Fiscal, hubo un impacto económico duradero en la citada región, que entre la compra de insumos y el llamado valor añadido, alcanzó los $1,444 millones, contra los $392 millones en inversión directa o indirecta en obras públicas.
Si bien es cierto que algunas instalaciones fueron perjudicadas por desastres naturales, o carecieron de continuidad en su mantenimiento, en general fueron útiles para dotar a Mayagüez de centros deportivos y atracciones turísticas que aún se sostienen. Se estima que el 85 por ciento de esas instalaciones, entre escuelas y pabellones, a pesar de las limitaciones lógicas de la pandemia, aún siguen en uso.
Sin embargo, debemos ser realistas al recordar que, cuando acogimos los Centroamericanos y del Caribe del 2010, hace ya una década, nuestra situación fiscal era completamente diferente. No habíamos entrado en un proceso de bancarrota. Tampoco el país había sufrido un huracán de la categoría de María, ni terremotos, ni mucho menos el impacto de una pandemia.
Panamá, uno de los fuertes contrincantes como sede a la celebración de los XXIV Juegos en 2022, renunció a llevarlos a cabo por causa de las pérdidas derivadas del azote del COVID-19. En el próximo año, cuando se supone que se inicien los preparativos para el gran evento, tendríamos que estar recuperados de la pandemia y con un panorama mucho más claro en lo referente a los fondos federales y a la inversión privada que podríamos levantar.
Es por tal razón que el gobernador electo Pedro Pierluisi, quien ha apoyado en principio la vuelta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a Mayagüez, ha hecho la salvedad de que, si bien se une al esfuerzo para pedir la sede, primero hay que explorar las vías de financiamiento disponibles para poner en condiciones no solo las instalaciones deportivas, sino la estructura de carreteras y alojamientos en la zona oeste.
Es de esperar que tendremos una dura competencia con El Salvador, país que intenta levantar su imagen, deteriorada por sus graves conflictos sociales, prometiendo los mejores juegos centroamericanos. En ese esfuerzo se ha involucrado de manera personal el propio presidente de la república centroamericana, y en especial su hermano, que dirige el Instituto Nacional de Deportes.
En Puerto Rico debemos presentar un proyecto plausible, en el que resalte la seriedad de nuestras intenciones, y el respaldo con el que contaremos para dar al mundo una lección de resiliencia y optimismo.