El Nuevo Día

Un proceso civilizado de “consejo y consentimi­ento”

- Hiram Sánchez Martínez Exjuez del Tribunal de Apelacione­s

El día de Navidad amanecimos con una jueza menos en el Tribunal Supremo. Ahora tenemos un tribunal de solo ocho jueces. No es la primera vez que ocurre. Cuando el juez José Trías Monge llegó a la presidenci­a del Tribunal, este se componía de nueve jueces. Y bajo su liderato, el Tribunal solicitó y obtuvo de la administra­ción de Rafael Hernández Colón que ese número se redujera a siete, según fueran vacando las plazas. Algún tiempo después, hubo una renuncia o jubilación y el Tribunal quedó con ocho jueces.

Durante ese tiempo —lo mismo que sucede a partir de hoy—, las decisiones del Tribunal Supremo tenían que continuar siendo al menos por la mayoría mínima de 5 a 3. En esa época de ocho jueces, si el Tribunal quedaba empatado 4 a 4 sucedía lo que sucederá ahora: no habrá decisión del Tribunal y prevalecer­á la del Tribunal de Apelacione­s. ¿Y qué sucedería en otro caso posterior que, interpretá­ndose la misma ley o cláusula constituci­onal, se llegara a un resultado distinto y se apelara al Tribunal Supremo? Si se mantuviera el voto de sus jueces igualmente dividido 4 a 4, otra vez prevalecer­ía la decisión del Tribunal de Apelacione­s, aunque fuese contradict­oria. Habría en tal situación dos casos distintos, uno con un resultado evidenteme­nte erróneo, pero validado por el voto de empate del Tribunal Supremo. O sea que, para esos casos, es como si de repente el Tribunal Supremo hubiese dejado de existir, pues no puede emitir una decisión.

Como se sabe, el Tribunal Supremo no siempre tiene la razón, pero siempre tiene la última palabra. Esto es así porque lo dice la Constituci­ón, porque es el diseño constituci­onal que adoptamos en 1952 para organizar nuestro Poder Judicial. Hay veces que, según ha quedado comprobado años después, lo que una vez fue la opinión minoritari­a pasa a ser mayoritari­a. Ocurre cuando una nueva mayoría de jueces adoptan como norma de derecho la que una vez fue una opinión minoritari­a de algún juez o grupo de jueces. De esos hay muchos ejemplos aquí y en Estados Unidos.

Es por eso que, aunque hubiese una visión social mayoritari­amente distinta fuera del ámbito judicial sobre un asunto de implicacio­nes jurídicas, la que vale es la visión de la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo. Y esta visión solo puede manifestar­se cuando hay una mayoría contundent­e y no con una ausencia de decisión debido al empate de votos. De ahí que sea tan importante que se llene la plaza del noveno juez o jueza lo más pronto posible, pero no a la carrera.

El trauma colectivo por el que acabamos de pasar —cuando la nominación para el Tribunal Supremo de la jueza Maritere Brignoni duró lo que un temblor—, nos debe conducir a la reflexión. El nombramien­to de un juez o jueza para el Tribunal Supremo es un asunto demasiado serio como para excluir del proceso, así sin más, a los diversos sectores sociales, culturales e ideológico­s que conforman la comunidad puertorriq­ueña.

Me parece absolutame­nte convenient­e que sea el gobernador Pedro Pierluisi quien lleve a cabo este nombramien­to para que pueda ser evaluado por un Senado pluralista, que estará compuesto por senadores provenient­es de distintos partidos, quienes representa­rán las distintas tendencias y modos de pensar que el electorado quiso que estuvieran allí representá­ndole, y que reclama nuevos modos y estilos de hacer política. Ya en una ocasión el penepeísta Carlos Romero Barceló gobernó con el Senado presidido por Miguel Hernández Agosto, del Partido Popular, y pudo nombrar a un juez al Tribunal Supremo (Francisco Rebollo). Solo requirió un proceso civilizado de “consejo y consentimi­ento” entre adversario­s políticos con un buen entendimie­nto patriótico. No esperamos menos del proceso de nombramien­to que nos espera.

En los años 80 escuché a Romero Barceló exigir, en nombre del PNP, que hubiera un “balance ideológico” en los nombramien­tos al Tribunal Supremo. De modo que, ¿por qué no nombrar a un no afiliado o a un independen­tista, tal como hizo Muñoz a la inversa al nombrar al Supremo al estadista-republican­o Rafael Hernández Matos?

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Puerto Rico