FEI investigará a responsables por la fallida compra
Tras varios meses de investigación, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) determinó ayer asignar un fiscal especial independiente (FEI) para investigar a los responsables de la fallida compra de pruebas para detectar anticuerpos de COVID-19 a la empresa Apex General Contractors por $38 millones.
La determinación se produce pese a que el Departamento de Justicia no recomendó que se asignara un FEI para el caso.
La Opfei determinó investigar a la subsecretaria de la Gobernación,
Lillian Sánchez; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al “task force” médico de COVID-19; el general José Burgos, pasado comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead); y el abogado Juan Maldonado, quien representó a Apex en la transacción.
Aunque el referido inicial incluía a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la Opfei excluyó a la primera ejecutiva en este referido.
“No obstante, el panel fue específico que ello no conlleva eximente de responsabilidad sobre varios funcionarios mencionados en la resolución emitida. Según establece su ley habilitadora, no habrá impedimento para que los FEI determinen ampliar su investigación sobre estos, de obtenerse el quantum de prueba mediante el cual puedan presentar un caso ante los tribunales contra las restantes personas que menciona Justicia en su informe”, establece el comunicado.
El FEI investigará posibles infracciones al Código Penal por influencia indebida, intervención indebida en operaciones gubernamentales, incumplimiento del deber, pérdida de fondos públicos mediante acción u omisión y negligencia, malversación de fondos públicos y perjurio
Mabel Cabeza, quien fuera ayudante del exsecretario de Salud Rafael Rodríguez, fue una de las funcionarias que testificó en vistas públicas sobre la fallida compra de pruebas.
atribuidas a Sánchez, Cabeza y Burgos.
Asimismo, indagarán sobre posibles infracciones al Código Anticorrupción por obligaciones y responsabilidades éticas, al igual que posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Sobre Maldonado, la investigación se centrará en posibles infracciones por falsedad ideológica, intervención indebida en operaciones gubernamentales, influencia indebida y perjurio. También pesquisarán sobre posibles infracciones al Código Anticorrupción.