Investigar a fondo la fallida compra de pruebas COVID
Avalamos la determinación del Panel de Exjueces de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) de encomendar una pesquisa a fondo sobre la fracasada compra millonaria de pruebas para detectar el COVID-19 por parte del gobierno local, en medio de la emergencia suscitada por la llegada de esta peligrosa enfermedad a Puerto Rico.
El escándalo que representó esa fallida transacción, revelado por primera vez en una investigación de El Nuevo Día el 5 de abril de este año, sacudió al público en medio de una emergencia global de salud pública que tenía a la población encerrada y ansiosa. Es indispensable, por el nocivo efecto salubrista del proceso altamente cuestionable de las contrataciones, que se lleve a cabo una investigación estricta y minuciosa que revele todos los hechos y quiénes pudieron haberlos motivado.
En pocos días en marzo, el gobierno acordó comprar $38 millones en pruebas serológicas de COVID-19 a Apex, una pequeña empresa de construcción sin experiencia alguna en la venta de productos médicos. En vistas públicas en la Cámara de Representantes, trascendió que Apex realmente respondía a un grupo de empresarios conectados políticamente, encabezados por Juan Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, quienes la usaron porque ya era parte del registro de licitadores del gobierno.
Apex nunca pudo entregar la orden, para lo cual llegó a recibir un adelanto de $19 millones que también se tramitó en tiempo récord. El adelanto fue devuelto al gobierno.
En las vistas camerales quedó expuesta una densa madeja burocrática en la que funcionarios de varias agencias públicas se pasaron unos a otros la gravísima responsabilidad de haber autorizado una transacción de tal magnitud, y carente de la debida transparencia pública, en un momento tan crítico del desarrollo de la pandemia. La Junta de Supervisión Fiscal, tras investigar la transacción, tampoco pudo precisar siquiera quién la autorizó.
En aquellos días, el gobierno también compró en tiempo récord $3.6 millones a 313 LLC, una empresa que por primera vez hacía negocios de cualquier tipo. Esa transacción no es parte de la pesquisa ordenada por el OPFEI, por razones que no han sido explicadas.
El Departamento de Justicia examinó estos hechos y no encontró indicios de que nadie mereciera ser investigado. Únicamente imputó posibles fallas éticas a Maldonado, quien es abogado. En cambio, la OPFEI, con la misma evidencia, encomendó investigar a Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; a Mabel Cabeza, quien fue ejecutiva en el Departamento de Salud y enlace de La Fortaleza con el grupo médico que asesoraba a la gobernadora Wanda Vázquez en el manejo de la emergencia; al excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Manejo de Desastres, el general José Burgos, y a Maldonado.
Además de enumerar los delitos que se pudieron haber cometido, la resolución de la OPFEI dice que “tenemos el deber de asegurarnos que ninguna conducta quede impune, allí donde el dolor humano durante una pandemia pudo quedar soterrado frente a un desmedido e insensible ánimo de lucro y el interés de algunos de controlar los procesos para adelantar agendas y ventajas insospechadas”.
Consideramos que esa es una manera elocuente de explicar lo que está en juego en esta pesquisa. Estos hechos ocurrieron en un momento de mucho dolor y desasosiego para el pueblo de Puerto Rico, que no olvida la frase “el virus fue productivo”, dicha por uno de los participantes en la transacción en una charla por texto que creía privada.
Si alguien falló, tiene que asumir el peso de su responsabilidad. Las instituciones puertorriqueñas atraviesan una crisis histórica de legitimidad y de confianza. Con una investigación apropiada de este asunto, que inculpe o exonere sin lugar a duda a quien lo merezca, la OPFEI puede empezar a reconstruir la confianza en las instituciones de la gobernanza puertorriqueña, sin la cual no puede haber orden ni prosperidad social.