El remezón que estrenó el año
La secuencia sísmica provocó pavor principalmente en el suroeste del país, donde, por semanas, las personas prefirieron dormir en casetas o en exteriores, en lugar de sus casas
Desde el 28 de diciembre de 2019, el movimiento sísmico en Puerto Rico, mayormente imperceptible por 101 años, comenzó a sacudir con relativa frecuencia a los habitantes del suroeste del país. Una semana después de los jamaqueos, la inquietud en el gobierno llegó hasta el punto de que la primera ejecutiva Wanda Vázquez Garced convocó a un grupo de expertos que “afinarían” el plan de terremotos.
A la mañana siguiente de la reunión, fecha en que los cristianos celebran el Día de Reyes, muchos puertorriqueños despertaron ese 6 de enero, a las 6:32 a.m., con una sacudida de magnitud 5.8, que derrumbó la emblemática formación rocosa conocida como Playa Ventana en Guayanilla, provocó apagones y tumbó o hizo inservibles sobre una decena de casas, la mayoría en ese pueblo, Guánica, Yauco y Peñuelas.
El 7 de enero, las entrañas del suroeste volvieron temblar, esta vez, con más fuerza. A las 4:24 a.m., el remezón fue de magnitud 6.4, marcando el momento pico en la intensidad de la secuencia sísmica. Una alerta de maremoto o tsunami fue emitida y, poco después, cancelada. Casi tres horas después, a las 7:18 a.m., se registró otra réplica de magnitud 5.7.
Un hombre de 73 años, llamado Nelson Martínez Guillén, murió al caerle una pared de cemento encima mientras dormía en su casa en la urbanización Jardines del Caribe en Ponce. Luego, las autoridades estimaron que otras tres personas murieron por complicaciones asociadas.
Ya no eran decenas, sino miles las estructuras que estaban en el suelo o eran inservibles. La Iglesia católica en la plaza de recreo de Guayanilla y la escuela Agripina Seda en Guánica colapsaron. Una buena parte del malecón de ese municipio sufrió daños.
En la llamada Perla del Sur, se reportaron averías en la Catedral Nuestra Señora de la Guadalupe, el Museo de la Masacre de Ponce y el paseo La Guancha. Desprendimientos de tierras afectaron residencias, edificios públicos, condominios, áreas comerciales y carreteras. Hospitales fueron desalojados y los pacientes, atendidos en los estacionamientos por varias horas. Se registraron daños en las plantas de generación de electricidad Eco-Eléctrica y Costa Sur, que llevaron a un apagón general que tardó varios días en superarse.
Se improvisaron refugios con toldos y casetas de acampar en plazas, a orilla de caminos, en áreas verdes comunales y en los patios de vecinos. Los gobiernos municipales, apoyados por el Estado, albergaron a personas en coliseos y centros comunales. Estos refugios, luego, fueron movidos a estadios o áreas abiertas porque los damnificados no se sentían seguros bajo techos pesados. Los movimientos de tierra seguían sacudiéndolos y más estructuras caían al suelo.
Se desarrollaron numerosas iniciativas para ayudar a los damnificados. Empresas, organizaciones sin fines de lucro, artistas, cocineros, peloteros, gremios e iglesias reunieron donativos, comida y suministros e iban repartiéndolos entre los afectados.
Mientras, surgían informes de políticos novoprogresistas que retrasaban o decidían con criterios partidistas qué comunidades beneficiar en la repartición de los suministros. La situación se confirmó cuando la despedida secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, denunció que fue sacada del gobierno por negarse a quitarle la sanción que le impuso a una subalterna que, en aparente coordinación con ejecutivos de La Fortaleza, permitía que los políticos traquetearan con la repartición de ayudas.
Andújar fue despedida dos semanas después del terremoto, a la misma vez que el titular de la Vivienda, Fernando Gil, y el jefe del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo. Estas cesantías surgieron justo después de un disturbio civil en el que un nutrido grupo de ciudadanos abrió y saqueó a la fuerza un almacén del gobierno lleno de suministros en el sector La Guancha en Ponce.
La gobernadora, quien inicialmente negó conocer sobre el almacén, solicitó un informe sobre la controversia de los suministros ante los cuestionamientos de por qué no habían usado lo almacenado para ayudar a los damnificados. La mandataria prometió publicar los hallazgos de la investigación, pero luego, su gobierno se retractó. El documento fue posteriormente publicado, a regañadientes, tras una orden del Tribunal de San Juan. El informe reflejaba la falta de controles administrativos del inventario y recomendaba que se continuara con la investigación de lo ocurrido. En noviembre, se asignaron dos fiscales especiales independientes contra el exdirectivo del Negociado de Manejo de Emergencias y otros tres funcionarios.
Muchos de los que perdieron sus residencias fueron reubicados en viviendas temporales y hoteles. El inicio de clases se pospuso para las escuelas de la zona. El gobierno tardó tanto en desarrollar un plan para la reanudación de las clases en el suroeste que miles de niños apenas pisaron los salones clases en 2020, ya que para marzo el país enfrentaría la segunda gran crisis del año, la pandemia del COVID-19, y el sistema intentaría adaptarse, a toda prisa, a métodos de educación por internet.
Para el 13 de enero, los estimados de daños de los municipios superaban los $450 millones. También, se informaba que 88 hogares colapsaron, 257 tenían daños mayores y 241, daños menores. Se presumían daños no precisados en otras 241 estructuras, según la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario.