Resolver la deuda: resolución de Año Nuevo
Uno de los muchos asuntos importantes que quedó inconcluso en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19 es la renegociación de la deuda del gobierno central. Antes de la pandemia, la Junta de Supervisión Fiscal había llegado a un acuerdo con los acreedores y lo había sometido a la consideración de la jueza Laura Taylor Swain, pero la emergencia de salud detuvo el proceso.
Este será uno de los primeros asuntos que habrá que resolver en el nuevo año. El tribunal les ha dado a las partes hasta el 10 de febrero para someter un nuevo acuerdo, y las negociaciones para revisar el acuerdo anterior no han sido nada de fáciles. La Junta quiere reducir el pago anual a los bonistas que se había acordado en el plan que quedó en suspenso, así como otras concesiones de parte de los acreedores, pero los bonistas se niegan a aceptar condiciones menos favorables que las que ya habían negociado antes de la pandemia.
En el fondo de esta controversia está la pregunta de cuál es la verdadera capacidad de repago de deuda que tiene Puerto Rico, algo que se viene debatiendo desde el inicio mismo del proceso de quiebra bajo la Ley Promesa. En la actualidad, la controversia ha tomado un nuevo giro, porque hay que evaluar hasta qué punto esa capacidad de repago, que siempre ha estado en discusión, se ha visto mermada por el efecto de la pandemia.
El cálculo de la capacidad de servicio de la deuda no es simple y conlleva analizar muchas variables, pero lo crítico es poder proyectar un sobrante en el presupuesto del gobierno luego de cumplir con los gastos esenciales. Es de ese sobrante que sale el dinero para pagar intereses y amortizar la deuda. Se requiere proyectar con la mayor precisión posible el nivel de los gastos esenciales y, sobre todo, los ingresos que llegan al presupuesto de diversas fuentes, especialmente de las contribuciones. Ambas cosas—sobre todo, los ingresos—dependen del desempeño de la economía, por lo cual todo el ejercicio tiene que basarse en un sistema robusto de proyecciones económicas.
Cada una de las partes—la Junta, los bonistas y el gobierno—cuentan con el apoyo de especialistas para realizar las proyecciones económicas que se necesitan para el plan de repago de la deuda. Sin embargo, eso no significa que todas las partes coincidan en cuál es el derrotero más probable para la economía en los próximos 30 a 40 años. De hecho, las discrepancias entre las partes sobre las proyecciones económicas son un punto neurálgico en la controversia por la revisión del plan de deuda.
Es obvio que la pandemia ha provocado una contracción abrupta y fuerte de la economía, pero no es igualmente obvio cómo se comportará la economía luego de recuperarse de los efectos directos del cierre y las restricciones a los negocios. Una pregunta crítica, con miras a evaluar hasta qué punto se tiene que revisar el acuerdo con los bonistas, es si el estremecimiento de la economía ocasionado por la crisis de salud provocará daños permanentes a la producción, el empleo, el crecimiento económico y la recaudación de contribuciones para el fisco.
Todo parece indicar que sí habrá efectos perdurables que se extenderán hacia el mediano plazo. En particular, es muy probable que Puerto Rico sufra una reducción considerable en el número de pequeñas y medianas empresas, y de los empleos que se generan y sostienen en estas empresas. Aún no se han producido estudios formales y completos sobre este tema, pero las asociaciones del sector privado vienen dando la voz de alerta desde hace meses sobre los negocios en peligro de extinción por el largo tiempo que han tenido que permanecer total o parcialmente cerrados.
Los daños son especialmente intensos en los negocios de servicios como restaurantes, cafeterías, bares, salones de belleza, y también en actividades de la economía del turismo. Hay que recordar que el turismo no son solo los hoteles y paradores—que bastante mal la están pasando—sino también todas las actividades de transportación, entretenimiento y diversión que realizan muchas empresas pequeñas y medianas. A su vez, la pérdida de empleos y de ingresos tiene efectos negativos de manera indirecta e inducida a través de toda la economía.
Es necesario que el gobierno y la Junta, en colaboración con las asociaciones del sector privado, levanten información amplia sobre estos efectos negativos de la pandemia, pero la renegociación de la deuda no puede esperar a que eso se realice, dada la fecha límite fijada por el tribunal para la presentación de un nuevo acuerdo. En ese espacio apretado, el gobierno y la Junta deben asumir una posición conservadora en sus proyecciones económicas e insistir en mejorar lo que ya se había acordado con los acreedores.