Apoyo a los defensores de los inocentes sin recursos

El caso de José Armando Torres Rivera, un residente de San Juan que estuvo 28 años preso por un crimen que no cometió, ofrece incontables lecciones muy valiosas a las que la sociedad y las autoridades deben prestarles particular atención.

Una de estas enseñanzas es la importancia de reconocer y apoyar a las entidades que dedican sus limitados recursos a luchar por la libertad de personas condenadas por delitos que ellas no perpetraron. Esa injusticia la sufrió Torres Rivera. En 1990, el entonces adolescente de 17 años fue acusado y hallado culpable de haber participado, junto a otros dos hombres, en el secuestro y la violación de una joven del barrio San José de San Juan. Por esto, fue sentenciado a 224 años de cárcel.

Torres Rivera nunca dejó de pregonar su inocencia. Durante su larguísima estadía en la cárcel, el hombre con educación de solo sexto grado presentó por su cuenta más de 50 mociones para debatir diferentes aspectos de su caso. Nunca fue escuchado.

En 2015, la abogada de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), Iris Yaritza Rosario, tomó su caso para solicitar una modificación de sentencia. Su fin era lograr que se le permitiera cumplir sus penas de manera concurrente para que cualificara para libertad bajo palabra y se cumpliera aquí con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos que declaró inconstitucional que menores sean sentenciados a castigos de por vida sin posibilidad de probatoria.

Pero, al examinar el expediente, Rosario se percató de que estaba ante el caso de un inocente condenado injustamente. Logró que se beneficiara, contra múltiples obstáculos que le impusieron las cortes y el gobierno, de la ley que permite que se reexaminen casos a la luz de pruebas de ADN tras la declaración de culpabilidad. Cuatro pruebas demostraron que Torres Rivera no tenía ninguna relación con el crimen por el que estuvo preso toda su vida de adulto.

Torres Rivera es hoy, finalmente, un hombre libre. Su caso demuestra que el sistema penal, como todo lo humano, es imperfecto. Sus imperfecciones, sin embargo, tienen un potencial de daño mucho mayor que otras, pues las cortes tienen en sus manos la libertad y la hacienda de seres humanos.

Todo lo imperfecto, por lo tanto, debe contar con mecanismos fuertes que alumbren hacia esas imperfecciones, cuando las haya. En Puerto Rico la lucha contra las imperfecciones del sistema penal la han llevado mayormente organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, como la SAL y el Proyecto Inocencia, que dirige desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana el profesor Julio Fontanet.

He ahí entonces, una importante lección del caso de Torres Rivera y de otros condenados injustamente. Las organizaciones no gubernamentales que acogen los casos que otros descartan, que no se dejan derrotar por los reveses en los tribunales, que siguen buscando la elusiva estrella de la justicia, aunque el cliente no pueda pagar, merecen todo el respaldo, moral y económico, de la sociedad y del gobierno.

Estas organizaciones trabajan con donativos y a veces con asignaciones legislativas que tienen que pelear año tras año con uñas y dientes. No debería ser así. Adquieren a veces notoriedad con casos sonados públicamente, como el de Torres Rivera, de la SAL o el de tres hombres de Aguada condenados injustamente, que fue trabajado por Proyecto Inocencia. Pero están día a día en las cortes librando incontables batallas anónimas por las personas que no tienen recursos para defenderse.

Merecen siempre el más alto apoyo y reconocimiento de toda la sociedad y del gobierno.