Subsecretario con pesado bagaje
Héctor Joaquín Sánchez, excomisionado electoral del PNP, ha sido objeto de múltiples controversias en el DE
Dos días después de que el gobernador Pedro Pierluisi juramentó al cargo, su comisionado electoral, Héctor Joaquín Sánchez, se paseó por la sede del Departamento de Educación (DE) en Hato Rey, anunciando que asumiría la plaza de subsecretario pese a que la secretaria designada, Elba Aponte, no había seleccionado todavía a su segundo al mando.
Desde entonces, Sánchez acudió con frecuencia a la agencia aun cuando seguía como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), revelaron tres empleados bajo condición de anonimato. Sánchez se ha convertido, coincidieron las fuentes, en una figura poderosa en el DE por su relación con Pierluisi y su hermana Caridad, exdirectora de la campaña y hoy ayudante especial del gobernador.
Su regreso a la cúpula de la agencia no solo representa otra muestra de la extrema politización que ha afectado al DE, la entidad más grande del gobierno, por años. También se trata del encumbramiento de una figura que en incumbencias anteriores ha sido objeto de señalamientos de manejo irregular de fondos e iniciativas, de confrontaciones con sus compañeros, de discrimen político y hasta de comentarios y actuaciones inapropiadas de índole sexual. Todo esto, mientras la agencia está otra vez a punto de ser puesta en sindicatura con la llegada, por directriz federal, de una firma para supervisar el uso de fondos federales.
“Niego categóricamente que haya incurrido en alguno de los señalamientos de esta pregunta. De hecho, en los records del DE no existe alguna querella contra mi persona, siempre me he conducido bajo los estándares éticos de mi profesión”, expresó en declaraciones escritas.
El 16 de enero, Aponte tuiteó una foto de una reunión con los superintendentes regionales del DE, en la cual se observa a Sánchez sentado a su izquierda tomando notas en su ordenador. El portavoz de prensa de la agencia, Alexis Ramos, indicó que el funcionario había presentado su renuncia a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el 15 de enero y que tiene 21 años como empleado de carrera en el DE.
Sin embargo, en los registros de la Oficina del Contralor, no fue hasta el 25 de enero, que Sánchez solicitó la cancelación de su contrato como comisionado.
El activista del PNP comenzó en el DE como maestro de jardinería. Desde 2010, su carrera ha sido una puerta giratoria entre posiciones de confianza en el DE y nombramientos del PNP en la CEE. En 2017, fue secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica bajo la exsecretaria Julia Keleher. Salió en enero de 2019, cuando tuvo conflictos con Keleher y otra decena de empleados, según testimonios recopilados.
Ayer, Pierluisi argumentó que llevaría “un mensaje nefasto” que no se permita que personas que ocuparon cargos políticos luego trabajen en el gobierno.
“Toda la información que tengo es que contra Sánchez no existe querella alguna en el Departamento, y por el contrario son múltiples las personas que elogian su labor”, sostuvo en declaraciones escritas.
Cuando Sánchez pisó la agencia un mes después, lo primero que hizo fue indagar acerca del balance de fondos federales y abogar por la aprobación de contratos, dijeron dos fuentes por separado. Todavía era comisionado electoral del PNP con contratos que ascienden a $87,000, según el registro de la Oficina del Contralor.
“Si la idea es sacar la política de Educación, ¿cómo se puede justificar poner al comisionado electoral del PNP como el subsecretario? Eso es preocupante”, dijo una de las fuentes.
Sánchez indicó que estuvo en la agencia para colaborar con el inicio de clases.
SEÑALADO POR SU CONDUCTA
En agosto de 2018, el entonces subsecretario asociado Eligio Hernández se reunió con Sánchez para recalcar lo que ya Keleher y él mismo le habían mencionado antes: que debía actuar con prudencia y manejar las situaciones sin animosidad ni atacar a colegas con quienes tuviera diferencias, supo este diario por una persona con conocimiento sobre la reunión.
Hernández también le enfatizó que los comentarios de índole sexual a otros compañeros estaban prohibidos, debido a una queja por acercamientos inapropiados. Esta queja no se tradujo en una querella formal, pero provocó el traslado del personal incómodo por el comportamiento.
El exsecretario le mencionó, además, que debía ser “cuidadoso dónde y cómo habla” en el DE porque podía proyectar que discriminaba políticamente, lo cual es ilegal. De hecho, un suplidor dijo a este diario que Sánchez le canceló servicios que ofrecía hace décadas porque, según dijo en reuniones, era popular.
Otros señalamientos contra Sánchez vinieron de la Agencia Estatal Aprobadora (AEA), que indicó en cartas a las que tuvo acceso este diario que retener el control de los fondos federales de las instituciones públicas postsecundarias atentaba contra la estabilidad y acreditación de esos centros. A los directores de estas instituciones les tomó por sorpresa el mandato para que enviaran al nivel central “todo el dinero que había en la cuenta”, que usaban para comprar materiales para los cursos, dijo una fuente. La presidenta de la Junta Asesora de la
AEA, Juanita Rodríguez, confirmó a El Nuevo Día que se opusieron.
Asimismo, el programa del DE para brindar experiencia laboral a estudiantes con impedimentos, que se le delegó a Sánchez, fue objeto de investigaciones internas y un referido al Departamento de Justicia, ante denuncias de que se beneficiaron legisladores del PNP que tramitaron directamente las solicitudes. El Nuevo Día supo que hubo citaciones en 2019, incluyendo a Sánchez. Pero, el secretario designado, Domingo Emmanuelli, informó que no tiene conocimiento ni existe en los registros de la agencia constancia del caso.
Según el acuerdo firmado con la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), el DE debía certificar que se trataba de estudiantes de Educación Especial o elegibles bajo la ley federal que prohíbe el discrimen contra alumnos con discapacidades. En la agencia, comenzaron a recibir llamadas de padres que recibieron solicitudes de legisladores del PNP y preguntaban cómo sus hijos podían cobrar el dinero de las horas que trabajaron, contó una fuente. Se recibieron llamadas también de oficinas de representantes y senadores para decir que familiares de estudiantes les habían entregado los sobres y esperaban su compensación.
Sánchez contestó a este diario que los maestros coordinadores eran los responsables de verificar la elegibilidad de los estudiantes para el pago de la nómina. “En mi caso, no realicé ninguna entrega de solicitudes a legisladores”, sostuvo.
Para evitar cualquier señalamiento de las autoridades federales, el DE optó por costear el programa con fondos estatales, supo este diario.
Aunque Sánchez siempre alegó que Keleher lo despidió en represalia por negarse a firmar unos contratos, este diario supo que realmente salió cuando le quitaron la administración de los fondos federales. Regresó entonces a su puesto de carrera como maestro de jardinería hasta que lo ubicaron en la Oficina de Recursos Humanos, aunque sin nombramiento oficial. Los periodistas Benjamín Torres Gotay y Gloria Ruiz colaboraron en esta historia.
“La intención siempre fue nombrar gente de quilates... que deben estar libre de cualquier cuestionamiento”
PEDRO PIERLUISI GOBERNADOR