Le imputan conflicto de intereses
En reiteradas ocasiones, Edison Avilés Deliz intentó convencer a representantes de que actuó correctamente en la contratación del consorcio LUMA Energy
El presunto conflicto de intereses en el que habría incurrido el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés Deliz, durante la selección de LUMA Energy como operador del sistema eléctrico, dominó ayer la discusión en el segundo día de vistas públicas en la Cámara de Representantes sobre la contratación del consorcio.
La situación escaló hasta el punto que el representante Luis Raúl Torres anunció que mañana, viernes, celebrará una vista ejecutiva –a puerta cerrada– con todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, la cual preside, para determinar si refieren a Avilés Deliz a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
El conflicto que se le imputa a Avilés Deliz estriba en que integró el Comité de Alianza, constituido por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), para evaluar las propuestas de las empresas interesadas en operar el sistema eléctrico. El Comité seleccionó como “proponente preferido” a las compañías Quanta Services y ATCO, que luego incorporaron LUMA, con quien también colabora Innovative Emergency Management (IEM).
Meses después, como presidente del Negociado, Avilés Deliz pasó juicio sobre el contrato preliminar sometido por LUMA, a fin de determinar si cumplía con la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019). En una decisión dividida (3-1), incluyendo el voto a favor de Avilés Deliz, el Negociado determinó que el contrato era cónsono con la ley y, por lo tanto, emitió un Certificado de Cumplimiento de Energía.
Para los representantes Torres, del Partido Popular Democrático, y Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), las acciones de Avilés Deliz lucen, al menos, como una apariencia de conflicto de intereses.
“La realidad es que usted no podía participar en la adjudicación de las propuestas porque era quien las iba a evaluar después para el cumplimiento. Usted tenía que ser imparcial. ¿Pero, cómo iba a serlo si participó en las evaluaciones de antemano, en la selección de la compañía, para después dar la certificación de energía? La Ley de Ética Gubernamental dice que no puede haber ni la simple apariencia de conflicto de intereses”, aseveró Torres, a cuyas preguntas Avilés Deliz admitió que no consultó el asunto con la OEG.
“¿No es ni siquiera una apariencia de conflicto evaluar un documento de una compañía ya respaldada? ¿Aprovecharse de la confidencialidad del Comité para evaluar el contrato luego? Realmente, esto levanta muchos cuestionamientos. En el proceso inicial de evaluación de compañías, de recibir información privilegiada y tener una confidencialidad, usted respaldó, firmó y aprobó, para luego, en el Negociado, hacer la evaluación y determinar si era correcto. Yo jamás había visto una cosa así”, añadió Márquez.
“NUNCA ME PASÓ POR LA MENTE”
En respuesta a estas expresiones –a las que se unieron otros representantes presentes en la vista–, Avilés Deliz dijo, en primer lugar, que es “un representante del gobierno y, como tal, siempre estoy en posición del interés público”.
“En todo este proceso, nunca me pasó por la mente nada de conflicto de interés. Si me hubiese pasado, yo hubiera sido el primero que hubiera dicho que no”, agregó, tras mencionar que ha sido profesor de ética y presidente de un comité que maneja asuntos afines en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores.
“Yo soy un tipo íntegro, y esto que se ha discutido aquí me tiene mal”, dijo mientras el representante Juan Oscar Morales, del Partido Nuevo Progresista, lo interrogaba. Acto seguido, Torres interrumpió para aclarar: “Aquí no estamos dudando de su integridad ni la estamos cuestionando. Simplemente, vimos una apariencia (de conflicto) y vamos a evaluarla”.
Sobre su participación en el Comité de Alianza, Avilés Deliz sostuvo que “no está prohibida por ley”. Al contrario, dijo, “la Ley 120-2018 (Ley para Transformar el Sistema Eléctrico) dispone que los funcionarios están obligados a cooperar en este proceso o se exponen a ser removidos del cargo”. Dicha ley, indicó, contempla que el Negociado provee la ayuda técnica, pericial, financiera y de recursos humanos que la AAPP solicite para “asegurar el éxito” de cada transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“El Negociado de Energía ni el Comité de Alianza están facultados en ley para aprobar el contrato preliminar. Esa facultad recae exclusivamente en la Junta de Directores de la AEE, la Junta de Directores de la AAPP y el gobernador o gobernadora de Puerto Rico”, declaró Avilés Deliz, quien es ingeniero y abogado, y describió su participación en ambos frentes como “una doble fiscalización en beneficio del interés público”.
“No hay alegación alguna de interés patrimonial directo o indirecto en las personas jurídicas sujetas a la jurisdicción del Negociado de Energía o entidades afiliadas, como serían la AEE y LUMA. Por ende, no existe conflicto de interés que pudiera anular el procedimiento que se llevó a cabo ante el Negociado”, recalcó.
Por otro lado, Avilés Deliz aceptó que LUMA podrá subcontratar a sus afiliadas o subsidiarias para, por ejemplo, la reconstrucción de la red eléctrica tras el paso de los huracanes Irma y María. Dicho proyecto se costeará con los $10,700 millones autorizados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) el año pasado.
Añadió que el consorcio también está obligado a hacer las mejoras necesarias para la integración de fuentes renovables, con miras a alcanzar la meta de 100% de generación con energía alterna en 2050.
“El que un comisionado del Negociado de Energía u otro funcionario de dicha entidad participe en el Comité de Alianza es consistente con el llamado a la cooperación que pueda hacer la AAPP bajo la ley” EDISON AVILÉS DELIZ PRESIDENTE DEL NEGOCIADO DE ENERGÍA