Más allá del regreso al aula
El anuncio del regreso a clases presenciales a partir del 1 de marzo ha causado un gran debate en torno a si las escuelas están preparadas para comenzar a recibir estudiantes de forma segura. Si bien asegurar la salud y seguridad de la comunidad escolar es un asunto medular, hay otro aspecto trascendental que ha quedado excluido de la discusión. ¿Cómo se recupera el tiempo perdido por nuestros estudiantes desde el 2017?
Durante los últimos cuatro años los niños, niñas y adolescentes en Puerto Rico han visto sus servicios educativos interrumpidos por tres emergencias nacionales, el huracán María, los terremotos y la pandemia. Si consideramos el primer semestre luego del paso de los huracanes Irma y María y los tres semestres que han transcurrido luego de los terremotos y la pandemia, los estudiantes que asisten a las escuelas públicas han sufrido más de dos años de disloques a su instrucción regular. Por eso, la pregunta no debería ser cuándo reabren las escuelas sino, ¿cómo nos aseguramos de que los estudiantes de las escuelas públicas del país logren un nivel de aprovechamiento satisfactorio?
La ausencia de un plan integral para atender las necesidades surgidas a consecuencia de estas emergencias inevitablemente dará paso a una generación con serias deficiencias educativas y socioemocionales. Hasta ahora el Estado no ha sido capaz de utilizar de manera efectiva su mejor herramienta para atender el problema: la escuela. A diferencia de otras poblaciones en necesidad, los estudiantes son un grupo identificado y vinculado al Estado a través del sistema educativo, lo que facilita identificar sus necesidades y establecer y ejecutar planes de acción concretos y urgentes para atenderlas, en especial para las poblaciones más vulnerables. De ahí la importancia de que las escuelas se transformen en instituciones de respuesta rápida ante desastres, con estructuras y programas que permitan servir a su población de manera efectiva bajo circunstancias diversas.
A las carencias ocasionadas por la falta de servicios de apoyo, en el último año ha sido necesario añadirle la complicación que supone para muchos padres, tutores y estudiantes la educación a distancia. Todos los estudiantes se han visto precisados a tomar sus clases desde sus casas. Pero sabemos que no todos han experimentado las mismas condiciones durante sus procesos de aprendizaje. Si bien algunos estudiantes han tenido las herramientas para continuar recibiendo sus servicios educativos, otros han quedado relegados a la ayuda que puedan recibir en sus hogares. La diversidad de experiencias y, por ende, de consecuencias de la pandemia en los niños y niñas del país no puede ser ignorada por el sistema. Tampoco se le puede pasar a los padres la responsabilidad de hacer un diagnóstico de aprovechamiento de sus hijos para que sean ellos quienes decidan si el hijo o hija debe repetir el grado. En un sistema de educación pública en el que más del 75% de sus estudiantes viven bajo condiciones de pobreza y casi un tercio presentan condiciones que requieren educación especial, es imperativo y urgente que el Estado establezca las estrategias necesarias para asegurarle a estos niños y niñas su derecho a una educación de calidad. La educación es fundamental para la movilidad social y para la erradicación de la desigualdad. No hacer nada distinto a lo que se ha estado haciendo puede resultar en la mayor crisis de aprovechamiento académico que ha enfrentado el país desde inicios del siglo pasado. No podemos abandonar a nuestros niños, niñas y jóvenes a su suerte.
Como país tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a asumir el reto con honestidad y compromiso. Estamos a tiempo, pero esto requiere de un esfuerzo urgente y colaborativo que cierre las brechas de aprovechamiento y posicione a nuestros estudiantes del sistema público en ruta a su éxito.