A superar el estancamiento de la operación pública
En el necesario proceso de reestructuración del gobierno de Puerto Rico, es indispensable establecer un andamiaje operacional respaldado por tecnología moderna, a fin de que los recursos humanos de las entidades puedan ejecutar sus labores de forma remota, presencial o híbrida, en circunstancias ordinarias o en emergencias.
Los planes anunciados por el gobierno para crear un sistema digitalizado unificado deben regirse por iniciativas que propicien una transformación ordenada de innovación. La transparencia y rendición de cuentas serán vitales para poner en vigor sistemas digitales eficientes y exitosos, como los existentes en el sector privado y en gobiernos de otras jurisdicciones.
De cara a la reestructuración fiscal, la gestión pública en Puerto Rico necesita cerrarle el paso a la ineficiencia que resulta de las labores no rendidas o incompletas. Y los esfuerzos de desarrollo económico necesitan una plataforma gubernamental facilitadora.
Algunas agencias estatales de Puerto Rico han logrado ciertas transformaciones digitales que se traducen en mejores servicios a los ciudadanos, y en adelantos en los procesos laborales internos. Conviene tener en cuenta la eficacia de esos cambios, como el Sistema Unificado de Rentas Internas en el Departamento de Hacienda.
Sin embargo, preocupa que el gobierno estatal no tenga datos certeros sobre las jornadas presenciales, virtuales o híbridas de sus 132,003 empleados. Esta deficiencia de supervisión y administración de los recursos humanos tiene que subsanarse con rigor y prontitud.
Ejecutada de manera cabal, la transformación digital propuesta para el gobierno debería dar paso al manejo eficiente del capital humano. Registros de nóminas precisos y mecanismos de supervisión renovados que incorporen criterios de evaluación objetivos y necesarios, están entre los aspectos básicos con los que debe cumplir todo sistema de manejo de empleados. Con ello se beneficiarían, tanto el personal como la productividad de cada instrumentalidad pública.
Los sistemas digitales con programaciones adaptadas a la misión de cada entidad pública o privada han probado ser herramientas útiles para la gerencia acertada. Facilitan la rendición de tareas y la precisión financiera, en áreas tales como manejo de personal, inversiones, compras y controles de inventario.
Un sistema digital unificado puede representar, por ejemplo, una reducción del gasto público en edificios con archivos y equipos que a futuro serán obsoletos.
Una parte del sector empresarial en Puerto Rico ha abierto caminos mediante el comercio y otros servicios electrónicos. Universidades y oficinas de salud ofrecen alternativas de educación virtual y telemedicina, respectivamente, incluso antes de que la pandemia del COVID-19 forzara a realizar la mayor parte de las actividades sociales y económicas por remoto.
Diseñar e implantar un sistema digital uniforme, que garantice el intercambio de información segura entre las agencias estatales, e incluso con las de los gobierno federal y municipales, requiere contar con personal apto para esa misión. El proceso hacia una transformación exitosa requerirá proteger las bases de datos digitales existentes y migrarlas al sistema unificado. Un objetivo crucial es asegurar operaciones administrativas eficientes, con garantías de apoyo técnico y mantenimiento.
Por otro lado, para avanzar a una transformación digital unificada segura, el gobierno deberá fortalecer su infraestructura tecnológica y promover amplia conectividad en zonas urbanas y rurales. El reto de la brecha digital en la isla requiere afinar la política pública y tomar iniciativas que faciliten las operaciones que impulsen estos cambios, como se ha previsto mediante la agencia de Servicios Tecnológicos e Innovación de Puerto Rico (Prits, por sus siglas en inglés), establecida por ley en 2019.
Alcanzar una administración pública eficiente es clave para el servicio de excelencia a los ciudadanos, promover el necesario desarrollo empresarial y facilitar la inversión en las distintas áreas económicas del país.