Tres posturas sobre la deuda de Puerto Rico
Tres figuras claves se expresaron esta pasada semana sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto Rico (POA, en inglés) que sería radicado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ante el Tribunal creado bajo la ley Promesa.
El juez retirado Arthur González, miembro de la JSF, explicó la razón para la investigación de la deuda autorizada por esa entidad bajo la Sección 104(o) de Promesa. González, quien presidió sobre algunas de las quiebras más grandes de los Estados Unidos, opinó que la auditoría de la deuda de Puerto Rico es innecesaria, ya que la firma de Kobre & Kim completó su investigación sobre el asunto hace varios años.
Según González, el Informe de Kobre & Kim permitió a la JSF radicar acciones de anulación de $6,000 millones en bonos, litigios que se tendrán que resolver por acuerdo con los bonistas o por el Tribunal. Indicó que en este momento se necesita aprobar el POA para lograr “responsabilidad fiscal”.
No hay duda sobre la importancia del Informe Kobre & Kim, aunque la frustración pública sobre la auditoría se debe a la falta de acción contra personas responsables del endeudamiento de Puerto Rico. El propio gobernador Pedro Pierluisi ha solicitado al Contralor una auditoría de la deuda que cubriría veinticinco años.
Hay que ver cómo se intercala dicha auditoría que tomará tiempo en completarse - con la aprobación del POA este año, como intenta la JSF.
Por otro lado, Omar J. Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), se dirigió al grupo JP Morgan apoyando el último acuerdo anunciado por la JSF para los bonos de Obligaciones Generales y la Autoridad de Edificios Públicos. Reiteró que un recorte de pensiones no es aceptable para la administración.
Marrero también indicó que el recorte general a la deuda bajo el acuerdo propuesto es de 79%, incluidos bonos de Retiro, Distrito de Convenciones, Transportación y acreedores “no asegurados”. Reconoció que el recorte mayor lo sufrirán acreedores locales “no asegurados” (pensiones, deudas a contratistas de gobierno, litigios o sentencias contra el gobierno y reclamaciones laborales).
Es cierto que los “no asegurados”, en casos de reestructuración de negocios bajo el Capítulo 11 del US Bankruptcy Code, reciben un dividendo mínimo en comparación con los bonistas garantizados. Pero la ley Promesa no está frente a una mera quiebra de negocio, sino de cara a la rehabilitación de un gobierno central que goza de protección bajo la Enmienda Décima de la Constitución federal; la base del federalismo y de la doctrina fundamental de reserva de poderes de los estados.
En este aspecto, la Sección 303 de Promesa reserva al territorio el control de sus “poderes políticos”, gubernamentales y en la Sección 305 no le reconoce jurisdicción al Tribunal para “interferir” con poderes reservados.
Por tal razón, el gobernador Pedro Pierluisi podría tener razón al oponerse al recorte de pensiones; y algunos tratadistas creen que aunque los tribunales pueden enmendar las pensiones, los empleados públicos están cubiertos por leyes especiales, contratos o principios constitucionales que deben protegerse en la confirmación judicial de un POA. (Ver: Geldreich G., Gunn, E., ABI Journal, 24 Dec. 2020; “when pension payments are statutory”);y (Ellman, J., Merrett, D., “Pensions and Chapter 9: can municipalities use bankruptcy to solve their pension woes”).
Más aún, en Puerto Rico se ha legislado para eliminar el sistema de “beneficios definidos”, contrario al resto de la nación estadounidense, donde el 86% de empleados públicos goza de planes de “beneficios definidos” con un 89% de participación laboral. (US Bureau Labor Statistics,
Además, las administraciones pasadas de la isla liquidaron el capital de las pensiones para cubrir déficits en el Fondo General, las pensiones locales carecen de ajuste por inflación (excepto algunas pensiones especiales) y la participación del patrono gubernamental en el pago de planes de salud y beneficios marginales es mínima, comparado con los estados.
El gobernador Pedro Pierluisi podría tener razón al oponerse al recorte de pensiones”