Las pensiones
Lo que significa la movida para los retirados y los recortes que se proponen
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, admitió ayer que, si el organismo no logra confirmar el Plan de Ajuste (PDA) enmendado o si los jubilados votan en contra del acuerdo suscrito con el Comité Oficial de Retirados (COR), el organismo fiscal retomará su plan para recortar hasta el 10% de todas las pensiones del sector público con un beneficio mínimo mensual de $1,000.
Acto seguido, la exministra de Finanzas en Ucrania se mostró esperanzada de que los pensionados y los empleados públicos todavía activos y que participan del Sistema 2000 favorecerán el PDA, pues de todos los grupos de acreedores serán estos los más favorecidos.
Tras develarse en la noche del lunes el PDA del gobierno central, Jaresko reiteró que no es factible conseguir la autorización del tribunal para modificar unos $35,000 millones en deudas del gobierno central sin afectar, aunque sea mínimamente, a los pensionados de Puerto Rico.
Y, acto seguido, Jaresko destacó que el acuerdo con el COR ofrece garantías y oportunidades de repago que no estarían disponibles en ausencia de la ley federal Promesa, protecciones que, a su juicio, beneficiarían al grupo de acreedores más grande dentro de todo el proceso de reestructuración del gobierno central.
El gobernador Pedro Pierluisi opina lo contrario, y ayer reiteró que argumentará, en el tribunal, que recortar las pensiones no es necesario para confirmar la nueva hoja fiscal que tendría el gobierno.
“Las pensiones están siendo protegidas adecuadamente y financiadas a futuro”, indicó Jaresko.
De acuerdo con la ejecutiva, al elevar el mínimo de beneficio de pensión mensual de $1,200 a $1,500, unos 118,511 pensionados del sector público no verán recorte alguno.
Según el PDA, el plan de la JSF contempla que, en caso de que el pensionado esté sujeto a un recorte, primero se rebajarán o eliminarán el bono de Navidad, el de verano o de medicamentos. Si ese ajuste no fuera suficiente, entonces, se modificaría la paga mensual, pero siempre hasta el límite de 8.5% si fuera el caso.
En el agregado, según la JSF, los pensionados recuperarían el 95% de su acreencia, mientras los bonistas recuperarían entre 67% y 77%. En contraste, la mayor parte del recorte que alega la JSF proviene de los suplidores y contratistas del gobierno. A estos, considerados acreedores no asegurados, solo le pagarán alrededor de dos centavos de dólar.
Junto al pacto con los bonistas y el acuerdo con Servidores Públicos Unidos (SPU), el acuerdo con el COR es una de las tres piezas principales del PDA.
LOS RECORTES QUE NO SE VEN
Sin embargo, en materia de pensiones, el PDA es mucho más que el recorte de hasta 8.5% en las pensiones.
En realidad, el PDA incluye la congelación total de todos los beneficios de pensión futuros una vez se confirme el plan.
Si la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain da su visto bueno, los ajustes en pensiones cobrarían vigencia el 1 de enero de 2022.
Es decir, una vez se confirme el plan, por ejemplo, los jubilados actuales y los futuros no verán un aumento en sus pensiones para compensar la inflación y tampoco verán el bono de navidad, medicamentos o de verano, entre otras restricciones.
Según documentos de la JSF, al congelar los beneficios de pensión y aplicar los recortes a las pensiones que estarán sujetas a este, en realidad, el recorte podría alcanzar 19.3%, a lo largo de la vida de los pensionados.
Por tratarse del PDA del gobierno central, el ajuste en las pensiones no aplica a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y tampoco a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero sí a los participantes del Sistema de Retiro de la Judicatura y el Sistema de Retiro para Maestros.
TRABAJAR HASTA LOS 63
En el caso de los maestros, el PDA plantea que, en ciertos casos, la fecha de elegibilidad de retiro será a los 63 años, y aquellos educadores que no cumplan con los criterios para la jubilación, al momento de la confirmación del plan, tendrán que esperar tres años antes de retirarse.
La edad de jubilación, en el caso de los jueces, se postergará de 55 y 57 a 61 y 63 años y estos también estarían sujetos a un período de espera de tres años si no pueden jubilarse a la fecha de confirmación del plan. También, perderían el aumento de 3% por inflación vigente desde el 2002 y tampoco recibirán la aportación al plan médico durante la jubilación.
En el sector privado, en el que la mayor parte de los trabajadores no tiene planes de retiro, estos cualifican para el Seguro Social, a partir de 62 años y su fecha de jubilación plena ronda los 67 años.
Los servidores públicos actuales no tendrán una pensión definida o tendrían un beneficio disminuido por esa vía y la oportunidad de tener su propia cuenta de retiro individual.
En el caso de los policías y maestros, el PDA confirma que estos profesionales deben comenzar a cotizar al Seguro Social con el consecuente pareo del gobierno como patrono.
“Las pensiones están siendo protegidas adecuadamente y financiadas a futuro”
NATALIE JARESKO DIRECTORA EJECUTIVA DE LA JSF