Columnistas
Opinan Gerardo Carlo, Miguel Fabre, Mayra Montero, José Caraballo y Edwin Irizarry
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha cumplido con la orden de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el Tribunal creado bajo Promesa, al someter un Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para el gobierno de Puerto Rico que incluye reestructurar $35,000 millones de la deuda restante del gobierno y algunas agencias.
El PAD sigue los acuerdos anunciados anteriormente entre la JSF y bonistas de la Administración de Edificios Públicos (AEP), Sistemas de Retiro de Empleados (SER) y bonos de Obligaciones General (OG) y cuenta con el apoyo de tres grupos de aseguradoras: Assured Guaranty, Syncora y National Public.
El plan radicado incluye la reducción de $35,000 millones en deuda, con un repago de $7,024 en efectivo y $7,414 millones en nuevos bonos de obligación general, para un total de $14,438 millones. Los bonos a ser intercambiados incluyen $6,683 millones en bonos de interés corriente y alrededor de $730 millones en dos tipos de bonos de interés acumulable (CAP) que pagan entre 5% y 5.37% de interés.
A la vez, se crean unos bonos especiales (“CVI”) sujetos al crecimiento en los cobros en impuestos sobre las ventas, con unos topes de $200 millones por año y $3,500 millones por el término de las obligaciones.
El próximo paso en el caso sería el señalamiento, por parte del tribunal, de la Declaración Informativa (“Disclosure Statement” o “DS”) que básicamente requiere que el tribunal determine si el informe provee información adecuada sobre el PAD a los acreedores, cuya determinación judicial conlleva una vista ante el tribunal.
Además, se establecerán periodos para descubrimiento de prueba por las partes opositoras, términos para solicitar el voto de los reclamantes y para objetar al PAD, un periodo adicional para permitir descubrimiento de pruebas, una vista de “pretrial”, votación y recuento de talonarios.
Al final, la vista judicial sobre la confirmación del PAD requiere la presentación de evidencia de peritaje sobre la sostenibilidad de la deuda por los próximos 25 años.
El proceso de negociación y/o posibles litigios sobre las 180,000 reclamaciones de acreedores que han sido radicadas también seguirá de forma paralela.
Según la JSF, el PAD tiene más de 70% de apoyo por medio de acuerdos formales con bonistas OG, PBA y Servidores Públicos Unidos (SPU/AFSCME). Es un porciento que anteriormente no había sido posible.
Un posible escollo a la aprobación del PAD surge de parte del gobernador Pedro Pierluisi, quien ha dicho que respalda la propuesta económica del PAD, pero no admite las reducciones incluidas a pensiones, en cuyo caso terminaría la decisión ante el tribunal, que tiene total autoridad para reducir las pensiones.
El verdadero conflicto entre la JSF y la administración Pierluisi es alrededor del Plan Fiscal de cinco años pendiente ante la consideración de la JSF, en torno al cual existen diferencias sobre la inclusión en presupuestos futuros de aportaciones adicionales a Medicaid y paridad en programas federales.
La otra objeción surge del liderato legislativo, que objeta los términos económicos del PAD, además de oponerse al recorte de pensiones y cuya aprobación previa resulta impensable bajo la Sección 314(b)5 de la ley Promesa, para autorizar la emisión de los bonos para el intercambio que contiene el PAD y para dedicar los ingresos del gobierno futuro a garantizar los bonos especiales a emitirse.
Algunos especulan que, en caso de tranque entre la JSF y la legislatura, el tribunal podría desestimar el caso de Título III bajo Promesa, perdiendo el gobierno la protección de la paralización de las demandas y las acciones por incumplimiento; aunque dicho resultado es altamente improbable.
No hay duda de que la JSF y sus asesores han presentado un Plan de Ajuste de deuda que parece sostenible. El problema es cómo convencer a una legislatura dividida de los beneficios políticos del mismo y cómo convencer a los locales cuya clasificación de acreedores “no asegurados” les obliga a recibir menos de tres centavos por dólar.