Paso decisivo para salir de la quiebra
⤑ La Junta Fiscal presentó ante la jueza Laura Taylor Swain un plan de ajuste que busca sacar a Puerto Rico de la bancarrota, al renegociar el 90% de los $72,000 millones en deuda ⤑ El plan, sujeto a la evaluación de la corte, la votación de los acreedor
Luego de dos intentos, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) espera poner fin al proceso de bancarrota del gobierno de Puerto Rico, considerado el más grande en la historia del mercado municipal estadounidense.
El lunes en la noche, cumpliendo con el plazo que otorgó la jueza de distrito federal
Laura Taylor Swain, el organismo creado por el Congreso a través de la ley federal Promesa radicó el Plan de Ajuste (PDA) enmendado del gobierno central. Ello, con la expectativa de borrar de los libros del gobierno unos $35,000 millones en deudas para dejar esas cuentas en poco más de $7,000 millones y eliminar por completo otros $55,000 millones en obligaciones actuariales, es decir, con pensionados.
LOS BONISTAS
Los muchos ceros deslumbran, pero el ajuste en los libros que propone la JSF no será tan profundo y, aún menos, equitativo para todos los bonistas. Tampoco para los pensionados o los empleados públicos activos y todavía menos para los suplidores y contratistas que llevan años esperando cobrar lo vendido o el servicio prestado al gobierno.
En la solución propuesta, los bonistas que dicen tener privilegios y derechos en ley sobre otros acreedores recuperarán hasta 67 y 78 centavos de cada dólar que prestaron al gobierno. Esto, una vez el gobierno les entregue $7,024 millones en efectivo y la diferencia en bonos, cuyo pago se hará dos veces al año a partir del 1 de julio de 2022, si es que se confirma el plan.
Esa recuperación podría ser más alta porque la JSF también se ha comprometido a compartir con los bonistas una parte del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) si los recaudos superan las proyecciones fiscales. Ese dinero se pagaría a través del Instrumento de Valor Contingente o CVI.
Cuando se analiza el recorte a los bonistas considerando el principal adeudado, el PDA solo facilita un recorte de 23%. Ello, a pesar de que el pago en efectivo que los bonistas recibirían sería el equivalente a saldar de golpe y porrazo casi la mitad de un préstamo gigante de $18,757 millones.
UN PLAN “ASEQUIBLE Y JUSTO”
Ayer, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, señaló que el PDA enmendado es una solución que Puerto Rico “puede pagar” y podría tener el potencial de sacar al gobierno de Puerto Rico del proceso de bancarrota este mismo año.
De confirmarse el PDA enmendado, según Jaresko, el gobierno de Puerto Rico habrá modificado el 90% de los cerca de $72,000 millones en bonos que emitió a lo largo de los años.
Explicó, además, que el nuevo PDA reduciría las obligaciones por concepto de bonos, otras deudas del gobierno central e intereses en casi 80%.
De ese 80% de alivio que alega la JSF, en la práctica, la mayor parte vendría por el recorte que verán los acreedores no asegurados, es decir, suplidores y contratistas.
Jaresko hizo sus expresiones en una conferencia de prensa en la que insistió en los méritos del plan, mientras se mostró esperanzada en que el gobierno y los diversos grupos que han negociado con la JSF ayuden a conseguir que se confirme, dando a conocer los términos del PDA a sus representados y por qué sería beneficioso para el gobierno, la ciudadanía y la economía local.
Al comentar los méritos del PDA, Jaresko no quiso hablar de supuestos, como un posible rechazo del plan por parte de los pensionados o la posibilidad de que Puerto Rico regrese a un déficit presupuestario en o antes del 2029.
Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi catalogó la radicación del PDA como “un gran avance”.
“Como anuncié anteriormente, los términos económicos incluidos en este (PDA) incluyen muchos aspectos positivos para Puerto Rico”, dijo el mandatario en declaraciones escritas.
Pierluisi, quien ayer develó las primeras proyecciones fiscales de su administración, destacó que el plan conlleva “una reducción en la deuda total de Puerto Rico de casi 80% y reduce el servicio total a la deuda en aproximadamente 62%”.
En el lado opuesto, criticó el recorte propuesto a las pensiones.
“Mi administración ha sido enfática en que este recorte a las pensiones no es razonable y tampoco es necesario para confirmar el (PDA), por lo que así lo dejaremos establecido en el proceso de confirmación ante el tribunal de Título III”, sostuvo.
EL IMPUESTO A LA PROPIEDAD
Si bien el acuerdo con los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) se develó a mediados de febrero, no fue hasta
este lunes —cuando se publicó el PDA— que quedaron explícitas las concesiones hechas por Puerto Rico.
Por ejemplo, al igual que en la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la nueva deuda de Puerto Rico estará sujeta a las leyes del estado de Nueva York y no a las de la isla.
De igual forma, a pesar del efectivo que pagará Puerto Rico, los bonistas obtienen más protecciones para cobrar los bonos modificados y tendrán un vencimiento a 25 años.
Según el PDA enmendado y entre otras cosas, cuando la Legislatura apruebe las medidas para implementar el PDA, tendrá que crear un gravamen a favor de los bonistas de GOs contra los recaudos del impuesto a la propiedad que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) cobra cada año, pero se remiten al Fondo General.
Jaresko aseguró, sin embargo, que la partida del impuesto a la propiedad a gravarse no afecta los recaudos de los municipios.
El año fiscal pasado, Hacienda levantó unos $7 millones por ese concepto.
LA DEUDA ILEGÍTIMA
Como segunda fuente de repago, el gobierno compromete a favor de los GOs los demás fondos identificados en la Constitución de Puerto Rico como “recursos disponibles” y, si tales recursos no son suficientes, también se comprometen “otros recursos” del gobierno central para los bonistas.
De hecho, en el documento, establecen que para eliminar estas disputas legales, según el acuerdo global, la recuperación de las reclamaciones de bonos del gobierno central se distribuirán primero del impuesto de 1.03% que se cobra según la ley 83 de 1991 y que recauda el CRIM.
Y es que el PDA requiere que la JSF eche a un lado todas las demandas que buscaban anular unos $6,000 millones en bonos considerados ilegales y todas aquellas demandas donde se alegaba que los bonistas u otros acreedores no tenían los derechos que reclamaban sobre los recaudos del gobierno u otras propiedades.
LA LEGISLATURA Y LOS ACREEDORES
La ley federal Promesa requiere que, para confirmar el PDA, se haya aprobado la legislación que lo haría factible o en su lugar, condicionar ciertos aspectos del plan a que se apruebe legislación. Al presente, el gobernador Pedro Pierluisi y el liderato de la Asamblea Legislativa han expresado que no darán paso a ningún plan que contemple ajustes en las pensiones.
Sin embargo, además del aval legislativo, la jueza Swain también tendrá que sopesar si el PDA enmendado goza del favor de los acreedores.
En total, el PDA establece 66 clases de acreedores, pero al menos 14 de estas representan a bonistas. El PDA radicado el lunes en la noche va con el respaldo de sobre el 70% de los bonistas de GOs y la AEP.
Entre los acreedores que respaldan el PDA, figuran Assured Guaranty, National Public Finance y Syncora Guaranty, tres de las cuatro aseguradoras municipales que han garantizado la deuda de Puerto Rico ante los bonistas y que han litigado sin descanso en contra de la JSF y Promesa.
Asimismo, la JSF lleva consigo el respaldo del Comité Oficial de Retirados (COR) y el sindicato Servidores Públicos (SPU), que consiguió mantener sus convenios colectivos por otros cinco años, aumentar la aportación mensual al plan médico de sus trabajadores a $170 y la restitución de los ahorros de los participantes del Sistema 2000.
Pero también la JSF pareció ganar más adeptos al llegar a un entendido con Suiza Dairy y Vaquería Tres Monjitas, y que pondría fin a un litigio contra el gobierno que lleva más de una década. Otro entendido favorable se habría dado con los llamados centros de salud 330 para médico indigentes. En ambos casos, si estos acreedores votan a favor del plan, estos recibirían el 40% de su acreencia. En el caso de los Centros 330, esa cifra rondaría $293 millones.
En total, si todos estos acreedores favorecen el PDA, podría decirse que casi una tercera parte de las distintas clases de acreedores favorecerían o no tendrían objeción para que el plan se confirme.
De otra parte, la JSF también busca el aval de otros bonistas relacionados al gobierno central.
Por ejemplo, el organismo propone que toda acreencia validada de $10,000 o menos sea pagada en su totalidad, lo que motivaría a miles de acreedores a favorecer el plan.
En contraste, la oferta del organismo al resto de los acreedores no asegurados, representados en el UCC y quienes reclaman entre $1,500 millones a $3,000 millones, tendrían que repartirse entre estos apenas $125 millones, lo que implicaría un recorte de casi 100% para ellos.
Si bien la JSF desistió de emitir bonos subordinados de Cofina como propuso hace un año, ayer, salió a relucir que la JSF también está dispuesta a compartir los recaudos en exceso del IVU con otros bonistas como aquellos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC), entre otros.
EL VALOR DE SALIR DE LA QUIEBRA
Según Jaresko, quien aseguró que los pensionados serán los más favorecidos en el proceso de reestructuración, más allá de los alivios fiscales, otro valor subestimado del PDA es la oportunidad de salir del proceso de bancarrota.
“Salir de la bancarrota permitirá un mejor ambiente para que los negocios puedan invertir y crear empleos. Detroit nos ha demostrado que las economías sí responden a las reestructuraciones de deuda y a la sostenibilidad fiscal”, sostuvo Jaresko, al agregar que la JSF continúa en un proceso de mediación para conseguir más adeptos al plan.
“Salir de la bancarrota permitirá un mejor ambiente para que los negocios puedan invertir y crear empleos”
NATALIE JARESKO DIRECTORA EJECUTIVA DE LA JSF
“(La ley) Promesa le dio a Puerto Rico una oportunidad única: un camino ordenado para reducir su deuda a niveles sostenibles”
DAVID SKEEL
PRESIDENTE DE LA JSF
“Mi administración ha sido enfática en que este recorte a las pensiones no es razonable y tampoco es necesario para confirmar el (PDA)”
PEDRO PIERLUISI
GOBERNADOR