O es esto, o el abismo
Se acabaron los peces de colores, y mejor vamos al grano. Cada bonista se aseguró un trocito del bizcocho. Esa es la verdad. Si las cosas en el país van mal, el trocito les ha de saber a cianuro. Pero si las cosas fueran bien, el trocito que han asegurado crecerá y les va a saber a gloria. Un poco se la han jugado fría, pero no tan fría, porque cuentan con un equipo de especialistas y consejeros que han hecho sus proyecciones y saben lo que se traen entre manos.
Las pensiones, tal como se había anunciado, se reducirán en 8% para aquellos que perciban más de $1,500 mensuales. Si hubiera una oposición rotunda a este recorte, la Junta avisa de que volverá al plan original de reducir el 10% a todos los pensionados.
¿Es una amenaza? Sí, claro que lo es. Aquí todos los que han entrado en la negociación han sido amenazados. Incluso los acreedores.
El gobierno central tendrá que renunciar al pago de los impuestos a la propiedad, que irán a manos de los bonistas. Como algunos saben, el CRIM se divide en una buena tajada para los municipios, y otra más pequeña para Hacienda. La tajada de los municipios no se va a tocar, pero la de Hacienda se destinará al pago de los bonistas.
De ahora en adelante, llegarán los concienzudos análisis de los economistas y expertos en materia de bancarrota. Son análisis indispensables porque el de esta columnista de ningún modo puede aludir a tecnicismos y detalles legales de las concesiones que se han hecho de parte y parte.
Pero lo importante es que el acuerdo, que teóricamente debe ser refrendado por la Asamblea Legislativa, es el que está sobre la mesa y difícilmente se negociará otro.
¿Qué pasaría si la Asamblea Legislativa, algunos de cuyos miembros han prometido que no permitirán que se toquen las pensiones, rechazan el documento que ha costado sangre, sudor y lágrimas sacar adelante?
Pues pueden pasar dos cosas: que la Junta de Control Fiscal acceda a sentarse nuevamente con los bonistas para negociar otras enmiendas, algo que les tomaría meses e innumerables consultas con la jueza Laura Taylor Swain, que no me parece que esté en el ánimo de seguir prolongando la agonía.
La otra cosa que puede pasar es que la magistrada, haciendo valer su todopoderosa autoridad, determine que, como no hay manera de alcanzar un acuerdo y cada vez es más intensa la vorágine de obstáculos y negativas, donde pocos comprenden lo que nos estamos jugando, determine eliminar la protección del Título III y todo volvería a ser como al principio, quiere decir, a como era antes de la Ley Promesa.
Si eso no es una catástrofe, que vengan los demagogos a explicar qué cosa lo es.
Algunos exclamarán que qué bueno que volveremos a empezar, pero el júbilo les durará poco. Los acreedores, enfurecidos, agotados y rabiosos por el dinero que ya han gastado en abogados, y los casi cinco años que llevan sin cobrar un centavo, se pegarán codazos unos a otros a ver quiénes demandan primero al gobierno de Puerto Rico y sus agencias. Huérfanos del Título III, se abren las compuertas pero que bien abiertas.
De ahí a los embargos, hay un paso. ¿Quién los va a impedir? Porque legalmente todo se va a decidir en los tribunales estadounidenses. Las aseguradoras demandando a Hacienda y el corre-corre a Costco para acaparar comida.
A menos que se declare la independencia unilateral, se proceda a nacionalizar los bancos y, por supuesto, mandar al infierno las leyes de cabotaje para que entren barcos de bandera extranjera que nos ayuden a suplir el 85% de lo que importamos.
Si me permiten una breve digresión: los senadores Rick Scott y Marco Rubio han dicho que dejemos un poquito la cosa de la estadidad y mejor nos concentremos en estabilizar el desmadre fiscal. Que ya luego, si eso, atenderán a los cabilderos y hablarán de estatus.
Pierluisi debe suspender la consulta de mayo y posponer el envío del sexteto de la alegría, porque bien sabe que este no es el momento de armar ningún revuelo en Washington.