La innovación social es oportunidad económica

La pandemia del COVID-19 ha puesto en relieve la necesidad de que Puerto Rico cuente con una red amplia de servicios de cuidadores de niños y adultos mayores que permitan una mayor participación de miles de trabajadores, particularmente, jefas de familias, en los centros de trabajo.

Esta es una necesidad de servicios sociales que puede tener un fuerte impacto positivo sobre la actividad laboral y económica en la isla. Aunque el problema ha estado latente, la crisis sanitaria lo ha dejado al descubierto con más claridad en este año extraordinario. La tendencia demográfica en la isla apunta a un aumento en la población de adultos mayores que requerirá múltiples servicios interdisciplinarios. Según datos del Negociado del Censo de Estados Unidos de verano del año pasado, la población menor a 18 años se redujo en Puerto Rico en un 36% en la pasada década.

Mientras, los grupos de 65 años o más habían incrementado de un 15% en 2010 al 21% en 2019. La mediana de edad en la isla había subido también de 37 a 43.2 años en ese periodo.

Se estima que, a la fecha, en Puerto Rico viven alrededor de 600,000 adultos mayores de 65 años. No obstante, hay alrededor de 1,007 centros de cuido para esta población licenciados por el Departamento de la Familia. Muchas de estas personas viven solas y dependen de la ayuda de vecinos o familiares.

Otras personas de edad avanzada están bajo el cuidado de sus hijos, generalmente de mujeres, quienes junto a sus hijos conforman el grupo mayoritario de la población sumida en la pobreza.

Sobran las razones humanitarias para proveer mecanismos de atención a la tercera edad. Al mismo tiempo, crear empleos dirigidos a la atención integral de ese sector de la población puede tener el efecto exponencial de permitir a los familiares encargados integrarse a la fuerza laboral.

Por otro lado, entidades sin fines de lucro han planteado la necesidad de proveer centros de cuido para niños, que permitan conseguir empleo a sus madres, muchas de ellas jefas de familia hábiles y dispuestas a trabajar fuera del hogar para generar ingresos.

Según el informe Presupuesto de la Niñez, publicado por el Instituto de Desarrollo de la Juventud en 2019, al menos 52,154 menores de seis años con ambos padres fuera de la fuerza laboral podrían beneficiarse del programa de cuido de niños del Departamento de la Familia. No obstante, para ese año fiscal, había 4,177 en centros de cuido delegados, 116 en centros de cuido de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, y 3,540 con vales para cuido. Es decir, que cerca del 85% de los menores en la isla con ambos padres desempleados carecen de oportunidades de cuido que faciliten la movilidad de esas familias. Es preciso resolver esta carencia de oportunidades.

Se entiende que muchos jóvenes emigran hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de empleo. Esos vacíos de servicios ofrecen una oportunidad aquí para profesionales y otros trabajadores a través de iniciativas que pueden ir, desde la prestación del servicio de forma independiente, proyectos empresariales, cooperativistas, hasta la gestión comunitaria.

Parte de dichos proyectos pudiera subvencionarse con fondos federales o estatales si el problema se reconoce, no solo como un asunto meritorio de derechos humanos, sino como una limitación para la movilidad de miles de familias y una actividad productiva más abarcadora.

Son oportunidades para la innovación social que permitirían fortalecer la fibra social de Puerto Rico para un desarrollo económico sostenible.