Posibles efectos inmediatos del Plan de Ajuste de Deuda

La versión más reciente, y presumiblemente final, del Plan de Ajuste de la deuda (PDA) del gobierno central de Puerto Rico contiene una serie de acuerdos e imposiciones cuyas consecuencias deben ser examinadas cuidadosamente. Suponiendo que las propuestas son aceptadas por las distintas “clases” de acreedores, y que el proceso de aprobación fluye como lo ha previsto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para el año 2026 terminaría un proceso que comenzó con grandes expectativas hace poco más de cuatro años. No obstante, el camino que queda por recorrer no estará exento de controversias, como explico brevemente a continuación.

A mi juicio, una de las consecuencias principales del texto recién redactado es que añade 14 grupos de acreedores a los existentes –creando finalmente 66 “clases” o sectores—lo que provocará que la presión pública y sectorial para la puesta en marcha del plan sea mucho mayor. Ya no se trata meramente de bonistas, sino que se añaden, entre otros, centros de salud y productores de leche, que hace años reclaman al gobierno pagos multimillonarios. Si a estos se añaden los pensionados de los distintos sistemas de retiro del gobierno central y la deuda de largo plazo, el monto de las obligaciones a renegociar supera los $90,000 millones. No se trata de una cifra nueva, pero ciertamente esta suma de dinero supera la magnitud que han reclamado como “justa” los portavoces de los grupos que solicitan una auditoría profunda de la deuda.

Otra de las implicaciones del PDA consiste en que, luego de muchos años de haberse propuesto un aumento en la contribución sobre la propiedad en Puerto Rico –mecanismo impositivo utilizado ampliamente en muchos países del mundo—ahora resulta que, haya o no haya un incremento en ese impuesto que recauda el CRIM, el 1.03% del total que se reciba prospectivamente sería destinado a cumplir con los pagos a los bonistas (no para cumplir con las pensiones), mientras se incrementa a $1,500 la pensión mínima mensual que podría ser reducida en 8.5%. Esta última medida –cuya reducción podría llegar hasta el 10% si no es aceptada por los pensionados—provocará, sin lugar a dudas, movilizaciones de decenas de miles de personas cuyos ingresos se verían impactados negativamente de por vida. No debemos perder de vista que, de aprobarse que el producto de los aumentos en otros “ingresos del fisco” sea canalizado hacia bonistas del exterior, por encima de acreedores del patio o de los pagos a pensionados, queda servida la mesa para una seria confrontación con consecuencias insospechadas.

Lo expresado en el párrafo anterior tira por la borda cualquier posibilidad de que el IVU baje de su actual 11.5% (una tasa elevada si se compara con varios países industriales), porque los pagos a los bonistas se garantizan con ese recaudo y el PDA expone claramente que dichos pagos no se afectarán por cambios en el IVU. Además, el hecho de que el potencial de ingresos de los bonistas a los que se les adeudan muchos millones de dólares, aumentaría como consecuencia de que se emitirían nuevos bonos que acumulan intereses, revela con toda claridad los beneficios que lograron estos acreedores durante el proceso de negociación que concluyó recientemente.

En síntesis, a pesar del reclamo del actual presidente de la JSF, en el sentido de que se ha logrado un paso importante en el proceso de renegociación de la deuda pública de Puerto Rico, el precio que tendrán que pagar los sectores más vulnerables de nuestra sociedad será muy alto. Las próximas semanas serán cruciales en el trazado del curso definitivo que seguirá el país en un tema fundamental para el futuro inmediato.

“A pesar del reclamo del actual presidente de la JSF, el precio que tendrán que pagar los sectores más vulnerables de nuestra sociedad será muy alto”