Reto abierto de los alcaldes a la Junta
No acatarán directriz del ente federal de hacer y enviar planes fiscales
Al menos seis de los diez alcaldes que comprenden el proyecto piloto creado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para monitorear las finanzas municipales no entregarán de planes fiscales y presupuestos que les fueron requeridos por el ente fiscal.
“Los cinco municipios populares que componen el proyecto acordamos no entregar nada a la Junta”, dijo el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.
Hernández dijo que aplicar en Villalba la receta presupuestaria que le dictó la JSF implicaría “el despido de cientos de personas, el impago de la deuda a los bonistas por primera vez en la historia, el caer nuevamente en un déficit al cierre de año y, lo más nefasto de todo, el disloque de servicios esenciales a la ciudadanía”.
Adelantó que el 22 de abril acudirá a Washington para reunirse con la congresista Nydia Velázquez para dejarle saber el malestar de los alcaldes y buscar que ella se exprese, “porque (la ley) Promesa no se hizo para esto”.
La JSF envió cartas a los diez alcaldes para establecer un calendario de trabajo y les recalca que deben confeccionar y entregar presupuestos y borradores de planes fiscales, a tono con las directrices, para el viernes, 16 de abril.
Este es el segundo año consecutivo que la JSF requiere a los municipios de Aibonito, Villalba, Comerío, San Sebastián, Quebradillas, Barranquitas, Isabela, Cidra, Camuy y Orocovis la entrega de los presupuestos y los planes fiscales.
El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, no reconoce la autoridad de la JSF. Por eso, no acató su directriz el año pasado y asegura que tampoco lo hará ahora.
“Nosotros establecimos que la ley Promesa es inconstitucional, que viola los derechos fundamentales que nos cobijan bajo la Constitución de los Estados Unidos”, afirmó Jiménez, quien desde el año pasado contrató a un bufete que enfrentaría a la JSF, si es necesario, en los tribunales.
Entretanto, los alcaldes de Aibonito, William Alicea; el de Camuy, Gabriel Hernández; y el de Cidra, David Concepción dijeron a El Nuevo Día que aún no toman una decisión sobre qué harán, puesto que en los próximos días sostendrán reuniones individuales con miembros de la JSF.
Alicea indicó que la JSF propuso un recorte de $208,000 en su presupuesto.
“Estamos dialogando”, sostuvo. El Nuevo Día supo que dos de los diez municipios verían aumentar su presupuesto de acuerdo con las proyecciones de la JSF: San Sebastián e Isabela.
El resto tendría reducciones. Por ejemplo, Villalba tendría $3.7 millones menos, Camuy tendría una merma de $2.7 millones y la de Comerío sería de $1.9 millones.
El alcalde de Camuy dijo que recibió la carta de la JSF con todos los detalles.
“Se la envié a los abogados del municipio para que lo evalúen todo. Estoy próximo a reunirme con la Junta”, se limitó a decir Hernández, quien aún no decide qué hacer.
El alcalde de Cidra se expresó en la misma dirección, aunque adelantó que se inclina por no acatar las directrices de la JSF.
“Eso está bien delicado. Tengo una reunión el 15 (de abril) con (la directora de la JSF, Natalie) Jaresko y voy a esperar a ver qué me van a plantear ahí para tomar una decisión. Sí, estamos inclinados a no acatar esa orden porque es como tirarnos un tiro al pie. Decir que nos van a bajar $1.7 millones, eso no puede ser, es demasiado”, dijo Concepción.
“Hay cosas que no entiendo, porque como alcalde sí puedo hacer ajustes en mi municipio. No me pueden decir en qué partidas. Eso lo hago yo como alcalde. Me parece que es de manera irresponsable, que lo hacen porque el papel lo aguanta todo”, sentenció.