Continúa el tranque por el presupuesto
La delegación del penepé y algunos populares objetan el lenguaje restrictivo en el proyecto de ley, lo que evitaría que el gobernador lo firme
El tranque entre el liderato popular en la Cámara de Representantes y el Senado amenazaba, al cierre de esta edición anoche, las posibilidades de que la Legislatura pudiera aprobar la resolución de presupuesto de $10,112 millones.
El impasse giraba en torno al lenguaje restrictivo que la Cámara insiste en incluir en la resolución y que ha sido objetado consistentemente por la delegación del Partido Nuevo Progresista y el gobernador Pedro Pierluisi.
La inclusión del lenguaje restrictivo en horas de la tarde, mientras se confeccionaba la versión final de lo que se conoce como el informe de comité de conferencia, contradecía expresiones que hiciera más temprano el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez.
El texto de Hernández Montañez, en esencia, pretendía limitar los poderes del Ejecutivo y dejar sin efecto la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Debido al tranque, los presidentes legislativos solicitaron a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se les extendiera el plazo límite para aprobar el presupuesto hasta las 10:00 p.m. La hora límite era las 6:00 p.m.
El Nuevo Día tuvo acceso a parte de las enmiendas que estaban en discusión a las 6:30 p.m. Por ejemplo, Hernández Montañez proponía que se consignara en el presupuesto que se suspendiera todo poder conferido a la OGP, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal ( Aafaf) o el Departamento de Hacienda para autorizar la reprogramación o la extensión de asignaciones no utilizadas de pasados años fiscales.
Parte de ese lenguaje fue incluido en el Proyecto de la Cámara 500, vetado por Pierluisi.
Hernández Montañez también precisó qué reprogramaciones presupuestarias requerirían la autorización legislativa si estaban amparadas en varias leyes.
“Durante el año fiscal 2022, la Rama Ejecutiva estará igualmente impedida de realizar modificaciones o reprogramaciones a las partidas y/o asignaciones aprobadas en esta Resolución Conjunta. Los poderes conferidos a la Rama Ejecutiva para modificar o reprogramar las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa en este presupuesto por estatutos vigentes, incluyendo la Ley 58-2020, Ley 165-2020, Ley 167-2020, Ley 2-2017, Ley 3-2017, Ley 5-2017 y la Ley 147-1890... quedan por la presente suspendidos durante la vigencia de la presente Resolución Conjunta”, lee el texto.
La Ley 165-2020 faculta al gobernador a convocar una o varias consultas plebiscitarias para hacer valer el referéndum “estadidad sí o no” del año pasado. La Ley 167-2020 viabilizó la consulta de mayo en la que se seleccionó la delegación congresional.
“Eso fue un voto y están pidiendo que el gobierno ignore una ley", dijo el portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos.
La Ley 147-1980 es la ley orgánica de la OGP y la Ley 58-2020 es el Código Electoral de Puerto Rico.
La Ley 5-2017, según Hernández Montañez, tuvo como fin relevar de sus funciones constitucionales a la Legislatura, entregándole el poder de evaluar la propuesta presupuestaria del país únicamente al Ejecutivo y la Aafaf.
Con el lenguaje objetado por los novoprogresistas, se obligaría a la Rama Ejecutiva a someterle a la Legislatura “para su conocimiento” toda solicitud de modificación o reprogramación presupuestaria que le someta a la JSF. Hernández Montañez insistió en que toda asignación aprobada en el presupuesto podrá modificarse o reprogramarse con la aprobación de la JSF.
“Los felicito por haber traducido la Ley Promesa”, dijo Ríos.
CHOQUE DE VERSIONES
El lenguaje restrictivo en discusión chocó con la versión de los eventos que ofreció Santa Rodríguez más temprano en el día tras sostener una reunión junto al senador Juan Zaragoza y los presidentes legislativos con la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. Santa Rodríguez reconoció que Jaresko le dijo a los presidentes legislativos que el lenguaje restrictivo causaría más burocracia.
El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara advirtió que solo se limitarán las reprogramaciones entre agencias y el dinero disponible para el salario de los delegados congresionales.
Ayer al mediodía, el liderato popular solo tenía el reto de identificar partidas en el presupuesto del que saldrán poco menos de $100 millones necesarios para cumplir con una serie de iniciativas.
La fuente original de ese dinero, identificada en la versión del Senado del presupuesto, fue objetada por Jaresko.
Por ejemplo, la JSF objetó que la Legislatura recortara $34.9 millones del reglón de partidas bajo la custodia del Departamento de Hacienda para gastos profesionales relacionados con el proceso de Título III de quiebra y otros $5 millones recortados de partidas bajo la custodia de OGP para ese mismo fin. También, objetó que se recorten $27 millones de gastos en mejoras capitales ubicados bajo la OGP.
Zaragoza y Santa Rodríguez indicaron a los medios que la JSF no tuvo objeción con la asignación $15 millones para garantizar el aumento salarial de los oficiales correccionales –salvo que se incluya un lenguaje que precise cómo el incremento será ejecutadoni con el dinero adicional para garantizar la nómina en el gobierno central de los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no solicitaron empleo en LUMA Energy.
La JSF también aceptó la asignación de $700,000 a la Sinfónica de Puerto Rico y una inyección de $240,000 al Instituto de Estadísticas para crear un programa en beneficio de la comunidad sorda.
El Senado creó una especie de fondo especial de $44 millones para los municipios. De esa cifra, Santa Rodríguez y Zaragoza solo tendrán que identificar $22 millones en el presupuesto para el próximo año fiscal, ya que el resto del dinero saldrá de sobrantes. La cifra de $44 millones es idéntica al recorte que sufrió el Fondo de Equiparación de los gobiernos municipales.
“Esos $44 millones no se pueden restituir por el Plan Fiscal, así que hay que buscarle la vuelta. Ya se identificaron $22 millones de sobrantes”, indicó Zaragoza, al señalar que el ente fiscal limitará el uso de los fondos a la creación de incentivos y otras medidas para generar ahorros.
“Ese texto va en contra de la política pública del gobierno y el gobernador no lo va a aceptar, y ellos lo saben”
CARMELO RÍOS PORTAVOZ ALTERNO PNP