Sin recursos no hay acreditación
Alertan que la reducción de plazas en la Escuela Graduada de Trabajo Social está a solo pasos de incumplir con requisitos mínimos
Hace unos 15 años la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tenía 22 profesores a tiempo completo con plazas. Ahora, apenas tiene siete.
En ese periodo, también se ha reducido la cantidad de estudiantes. Pero la merma no es proporcional. Ahora mismo, con solo una plaza que pierdan, tendrían el mínimo de profesores por estudiante que exige el Consejo de Educación en Trabajo Social que acredita el programa graduado, dijo Lillian Albite, directora de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la UPR.
La expectativa es que, durante el próximo año académico, en el que se espera contratar a una persona y se jubilarán dos profesores, se llegará a ese mínimo.
“Ahora mismo, siete no son suficientes. Cumplimos con el mínimo. La acreditadora requiere -al menos- seis profesores fijos. Al momento que bajemos a cinco, estamos fuera”, advirtió Albite.
La inquietud surge porque la UPR no está sustituyendo personal que renuncia o se jubila debido a los enormes recortes presupuestarios que se han implantado por directriz de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ente que, por disposición del Congreso de EE.UU., desde el 2016 controla las finanzas de Puerto Rico. De hecho, desde el 2010, la Escuela consistentemente ha solicitado, sin éxito, llenar algunas de las plazas vacantes para atender la situación.
“Ahora mismo, tenemos una cantidad de profesores ya acercándose a la edad de retiro. Es un cuerpo docente maduro que está próximo retirarse… A mi juicio, entiendo que pudiera estar afectando a todos los programas acreditados en nuestra universidad porque el recorte ha sido brutal. Son muchas las profesiones y programas con acreditaciones especializadas”, manifestó.
El próximo proceso de acreditación de la Escuela Graduada de Trabajo Social será el 2026. Anualmente, sin embargo, se tienen que rendir informes en los que se certifica el cumplimiento con las disposiciones de la acreditación vigente.
En los últimos años, la UPR ha navegado a través de una serie de problemas con sus acreditaciones. Hace apenas dos años, el sistema salió de una probatoria impuesta en parte por la falta de estados financieros auditados de la institución. En días recientes, se supo que el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) perdió su acreditación en Neurociencia y que el programa de Tecnología Radiológica fue puesto en probatoria.
La UPR ha rehusado hacer públicos los informes sobre la pérdida de acreditación del programa de Neurociencia. Aunque son documentos públicos, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, ha aludido a una supuesta expectativa de privacidad en los documentos emitidos por la UPR y el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada. La administración universitaria también alegó que se trata de documentos “altamente técnicos”, con “terminología bien elevada” que “el ciudadano promedio” podría sacar fuera de contexto.
El problema, según Albite, es probablemente en todo el sistema universitario y se traduce en recursos económicos para costear los programas. Indicó que los problemas que atraviesan no tienen que ver con las capacidades académicas, puesto que en Puerto Rico hay mucho personal capacitado para llevar a cabo las tareas docentes.
Elithet Silva Martínez, profesora de la
Escuela Graduada de Trabajo Social, precisó que la situación implica una amenaza al desarrollo de la profesión. Resaltó que el programa de trabajo social de la UPR es el único que requiere trabajos de investigación de los estudiantes aportando así al conocimiento que se tiene de los asuntos de Puerto Rico, incluyendo la efectividad de la política pública establecida por las autoridades y los problemas sociales que aquejan a los puertorriqueños.
“Que haya una limitación en los recursos docentes que pueda hacer investigación, afecta el conocimiento que se crea de nuestro país”, resalto la académica.
Del mismo modo, manifestó que muchas de las instituciones públicas o sin fines de lucro, en las que los estudiantes hacen sus prácticas, dependen de los alumnos para adelantar sus proyectos y sus iniciativas.
Albite precisó que unas 60 instituciones, entre hospitales, organizaciones de base comunitaria, hogares para adultos mayores, entre otros, reciben alumnos de la Escuela Graduada de Trabajo Social.
“Nuestros estudiantes aportan a montones de organizaciones con sus prácticas. Sin esa presencia de ese estudiante, probablemente la organización no va a sobrevivir”, dijo, por su parte, Silva Martínez, al recalcar que la estrechez económica que se vive en Puerto Rico también ha diezmado los recursos de estas entidades.
“No es hasta que ocurre una situación como esta, en la que vemos el efecto dominó del desmantelamiento de la UPR, que se aprecian las implicaciones que todo esto tiene para el país… No quisiera que se nos haga muy tarde”, sostuvo Silva Martínez.
La Escuela Graduada de Trabajo Social es la más antigua de su tipo en Puerto Rico, y figura entre las primeras en existencia en esta parte del mundo. Fue creada en el 1934 y desde el 1946 hasta el presente ha estado acreditada, “sin interrupciones”, destacó, con orgullo, Albite.
Desde el plan fiscal del 2017, la JSF contempla una serie de recortes en las transferencias del gobierno central a la UPR, que en un momento superaron los $800 millones anuales. Las aportaciones actuales rondan la mitad de estos fondos. El más reciente recorte, programado para el próximo año académico, fue de $94 millones. La situación, según el gobernador Pedro Pierluisi, fue subsanada con una asignación especial, por la misma cantidad de fondos federales para la recuperación tras la pandemia. Esta asignación, sin embargo, no es recurrente.
“Cumplimos con el mínimo. La acreditadora requiere, al menos, seis profesores fijos. Al momento que bajemos a cinco, estamos fuera” LILLIAN ALBITE
DIRECTORA DE LA ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL