El Senado debe asumir su crucial deber constitucional
El Senado de Puerto Rico está convocado a demostrarle al pueblo puertorriqueño que puede descargar, en aras del bienestar ciudadano y libre de intereses partidistas, su tarea constitucional de evaluar de forma responsable los nombramientos sometidos por el Ejecutivo.
El hermetismo senatorial que prevalece sobre el estado de las evaluaciones de decenas de personas designadas para dirigir agencias de la rama ejecutiva, así como para puestos de jueces, fiscales, comisionados y miembros de juntas evaluadoras, mina la confianza en los procesos legislativos para confirmar o rechazar nombramientos.
A siete días para que finalice la sesión legislativa, el ritmo en extremo lento en la consideración de las designaciones sujetas a confirmación senatorial genera inquietudes legítimas sobre el impacto negativo derivado de la ausencia prolongada de directivos en propiedad en muchas agencias. Un efecto similar podría esperarse en la rama judicial, cuyos procedimientos pudieran afectarse por insuficiencia de jueces y fiscales.
La ausencia de transparencia y la arbitrariedad decisional durante el cuatrienio pasado hicieron germinar un consenso de pueblo sobre la urgencia de transformar la legislatura. Con su actuar errático y oportunista, quienes ostentan ahora el poder legislativo desoyen los reclamos de los votantes de dejar atrás los estilos obstruccionistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Los legisladores que hoy desatienden su misión constitucional parecen olvidar que sus escaños nacieron del favor del pueblo votante.
Desde sus inicios, esta legislatura ha dado la espalda al reclamo de procesos gubernamentales justos y meritorios. Ejemplos elocuentes son la laxitud en la evaluación de nombramientos y el rechazo injustificado de funcionarios probados, como ocurrió en la Cámara de Representantes con la designación del exsenador Larry Seilhamer como secretario de Estado.
El Senado debe actuar de forma proactiva para procurar que aquellos designados que no hayan presentado todos los documentos requeridos para completar su evaluación los sometan a la brevedad. Es imperativo que en esta etapa se completen ya las indagaciones correspondientes por parte de los miembros de la Comisión de Nombramientos y otros legisladores.
Reconocemos la pertinencia de evaluar con criterios precisos y justos el desempeño de designados durante su interinato en ciertas agencias. No obstante, no se justifica relegar hasta el último minuto los informes sobre el resultado de las evaluaciones. Esa práctica induce a la consideración atropellada de nombramientos, en el pleno de la Asamblea Legislativa, en los últimos días de la sesión. Ese proceder oscurantista no responde al interés público.
Los nombramientos que no sean confirmados por el Senado en o antes del 30 de junio dejarán vacantes en el liderato de agencias responsables de proveer servicios ciudadanos esenciales. El diálogo edificante entre el Senado y el Ejecutivo, sobre evaluaciones que estuviesen incompletas, permitiría al gobernador contestar preguntas y reevaluar designaciones en un clima colaborativo y de buena fe.
Con ese mismo espíritu de cooperación entre ambas ramas de gobierno deben atenderse las vacantes para los cargos directivos en el Negociado de Bomberos y el Departamento de Educación, cuyos nominados no pasaron el crisol del Senado.
El Senado tiene una gran oportunidad de recuperar confianza y estatura de gobernanza completando la evaluación de los nombramientos pendientes, libre de arbitrariedades o partidismos.
En los últimos días de la sesión, debe reinar el compromiso con la sana administración pública mediante la confirmación de profesionales que contribuyan meritoriamente al bienestar del país.
Puerto Rico requiere con urgencia a los mejores funcionarios en la rama ejecutiva y judicial. La justa evaluación senatorial de estos profesionales es un paso altamente necesario en la gestión gubernamental que revitalice a Puerto Rico.