“Es un escenario de explotación”
La Administración Central de la UPR asegura que ninguno de los programas académicos en Río Piedras tiene en riesgo su acreditación
En el último año, el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras tenía en funciones a una profesora a tiempo completo que se dedicaba mayormente a tareas administrativas, por fungir también como directora interina, y un batallón de 20 profesores a tiempo parcial.
La promesa es que este año eso cambie y se contraten a tiempo completo a seis profesores y se reduzcan a tres los puestos a tiempo parcial, pero todavía, a poco más de un mes de que comiencen las clases, no hay certeza. Y ya tres de los candidatos que se tenían para los puestos firmaron acuerdos con universidades privadas, informó Gisela Negrón, directora interina del Departamento.
“No tenemos la certeza de que tendremos los mismos recursos el próximo semestre. Le resta estabilidad al programa… Son contratos a 10 meses. No hay continuidad tampoco en (las clases de) verano. Esas personas se quedan sin plan médico (en los dos meses restantes del año)… Estamos en un escenario de explotación”, dijo Negrón, al precisar que un profesor a tiempo parcial (con una carga de 11 créditos o menos) gana un máximo de $16,000 dólares, mientras que uno a tiempo completo (con 12 créditos o más) genera al menos unos $52,000 anuales.
En el Programa de Consejería en Rehabilitación, la situación es menos intensa, aunque también se han asomado las limitaciones producto de los graves recortes presupuestarios que, desde el 2017, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acogió para la planificación financiera del gobierno y la UPR. En este programa, se opera, desde el 2018, con un oficial administrativo que tiene un contrato temporal, en lugar de proceder con una adjudicación formal de la plaza. La contestación que han recibido es que, por los recortes presupuestarios de los años recientes, no han podido proveer un puesto permanente, explicó Lesley Irizarry, directora del programa que actualmente está bajo proceso de reacreditación.
Este programa recibirá una de las 31 plazas nuevas que se crearon recientemente en el recinto, como resultado de un análisis de las necesidades durante el proceso de reacreditación que llevan a cabo. “En ese sentido, la proporción de profesor por estudiante se mantiene”, dijo.
Sin embargo, ese no siempre ha sido el caso. Por ejemplo, se perfila que la Escuela Graduada de Trabajo Social llegará a su proporción mínima el próximo año académico, según advirtió el martes su directora, Lillian Albite. La académica estimó que, si la cantidad de profesores permanentes se reduce a cinco o menos, la acreditación podría ponerse en riesgo.
“Nuestra situación es igual a la escuela graduada. Nosotros éramos ocho y, al momento actual, quedamos dos personas con plaza, pero una soy yo, la directora interina, y la otra persona está destacada fuera del programa. Los demás estuvieron a tiempo parcial”, explicó Negrón.
El rector de la UPR en Río Piedras, Luis Ferrao Delgado, afirmó ayer que está atento al programa de la Escuela Graduada de Trabajo Social para asegurar que se mantenga estable.
Todos los consultados sobre los efectos de los recortes presupuestarios en sus programas coincidieron en que el problema no ha sido un desentendimiento de la administración universitaria a las necesidades que tienen. En cambio, concordaron en que la dificultad es que los recursos económicos no alcanzan para cubrir las necesidades, particularmente, desde que las transferencias del gobierno central a la UPR se recortaron casi a la mitad.
Ayer, sin embargo, la Administración Central de la UPR insistió en que están atendiendo las necesidades del sistema y que ninguna de las acreditaciones de los programas académicos en el Recinto de Río Piedras están en riesgo en este momento. La vicepresidenta de Acreditación y Avalúo de la UPR, Jennifer Alicea Castillo, reprochó que supuestamente las preocupaciones expresadas por los directivos de los programas no hayan seguido los canales internos del sistema.
“Lo que nos preocupa es que las comunidades y profesores han estado levantando una serie de preocupaciones válidas porque sabemos que les preocupa y son genuinas. Pero, mientras no se canalicen de manera adecuada, nosotros no tenemos manera de ayudarlos”, afirmó.
Sin embargo, los directivos departamentales coincidieron en que sus preocupaciones han sido llevadas ante la jefatura a nivel de recinto, los que se supone que remitan la situación a los niveles centrales, de ser necesario.
Cuando se le preguntó si la información se pudo perder o pudo ser filtrada en el proceso, la funcionaria reiteró que se trata de una responsabilidad de la administración de cada una de las unidades. “Cada recinto tiene su autonomía y es responsable de cumplir con la normativa”, dijo Alicea Castillo, al hacer referencia a la Certificación 45 del 2019-2020, que establece un proceso burocrático interno para identificar las necesidades en el sistema.
Joan Hernández, ayudante especial del presidente de la UPR, Jorge Haddock, recordó que, entre 2010 y 2018, hubo una política pública de congelar plazas en la UPR. Destacó que, desde que se establecieron los planes fiscales, se proveyó para aumentar en un 3% la cantidad de profesores, en reconocimiento del problema con la plantilla en los programas académicos.
Alicea Castillo destacó que, como parte de ese proceso, en el último año se aprobaron 108 plazas nuevas en el sistema universitario público. La funcionaria, sin embargo, no precisó cuántos profesores se retiraron o se jubilaron del sistema en este mismo periodo. Tampoco se informó la cantidad neta de profesores que se añadían al sistema de manera permanente.
“No tenemos la certeza de que tendremos los mismos recursos el próximo semestre”
GISELA NEGRÓN DIRECTORA INTERINA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL