No hay acuerdo judicial entre Salud y 313 LLC
Sin embargo, las partes todavía pueden llegar a una transacción sobre las 51,000 pruebas que la empresa mantiene almacenadas a la espera de que el Departamento de Salud las reciba
El Departamento de Salud ha rechazado dos ofertas de transacción presentadas por la compañía 313 LLC para poner fin al pleito que mantienen por el pago de miles de pruebas de COVID-19 que siguen almacenadas más de un año después que se compraron, trascendió ayer en una vista judicial.
Sin embargo, la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo no se ha cerrado porque, tanto la abogada del Departamento de Justicia Rahyxa Miranda Grajales como el representante legal de 313 LLC, Miguel Negrón Matta, dijeron que mantienen abierto el canal de comunicación, a la vez que continúan el proceso de descubrimiento de prueba en caso de que el pleito termine en un juicio.
“La litigación continúa, y nosotros estamos claros de cuál es nuestra postura”, dijo la abogada del Departamento de Justicia. Señaló que no han recibido ninguna oferta adicional para evaluar, por lo que, en este momento, “no hay nada pendiente en cuanto a transacción”.
El juez Andrés Ramírez Marca citó a una vista de transacción el 16 de noviembre de 2021. De no haber acuerdo entonces, se señalará el juicio.
El pleito comenzó el 5 de mayo de 2020, cuando 313 LLC demandó a Salud por incumplimiento de contrato, al negarse a recibir 51,000 de las llamadas pruebas rápidas -que son las serológicas- que detectan la presencia de anticuerpos al virus.
Negrón Matta indicó que esas pruebas expirarán en febrero del próximo año y que permanecen guardadas en un almacén bajo la temperatura y recomendaciones del fabricante.
El Departamento de Salud alega que rechazó recibirlas porque la empresa las entregó tardíamente, y el alto precio pactado de $36 por kit de prueba se aceptó por el compromiso de entrega rápida. Una investigación de El Nuevo Día halló que las pruebas Novo Test ofrecidas por 313 LLC eran vendidas en China y Estados Unidos por $2.95.
En total, Salud le compró a la empresa puertorriqueña 313 LLC 101,500 pruebas rápidas de detección de COVID-19 por $36 y $45 cada una, para un total de $3.6 millones, a través de un intermediario con sede en México.
Salud prepagó la totalidad de la compra en contra de lo que decía el contrato, que disponía se hiciera un pago adelantado del 60% de lo facturado y 40% en la entrega. En la contestación a la demanda, la agencia atribuyó esa acción a “un error administrativo”.
Salud hizo dos compras a 313 LLC. En la primera orden, la compañía le vendió 1,500 pruebas a $45 y, en la segunda, compró 100,000 a $36 cada una. Es esa última compra la que está en disputa judicial.
Ayer, en una vista mediante videoconferencia, las partes explicaron que Justicia le ha entregado dos interrogatorios a 313 LLC. El primero fue contestado, y Negrón Matta dijo que, en los próximos días, enviarán las respuestas del segundo.
El Departamento de Justicia envió otro interrogatorio a la compañía Roads, Water, Energy, que es parte interventora en este caso, pero todavía no ha sido contestado.
Roads, Water, Energy es presidida por Juan Suárez Lemus, quien también es uno de los dueños de 313 LLC. Oriental Bank consignó en el tribunal $1.2 millones de la cuenta de esa empresa a donde habían sido transferidos los pagos que Salud hizo a 313 LLC por las pruebas.
Otra movida cautelar de la institución bancaria también fue la que evitó que se pagaran $19 millones que Salud adelantó para comprar un millón de pruebas a la compañía Apex General Contractor, en medio de una transacción irregular.
En la vista de ayer, el abogado de 313 LLC dijo que interesaba tomar deposición a los funcionarios Adil Rosa, Diana Meléndez, Celeste Robles y Velmary Martínez. Mientras que Justicia quiere tomar deposición a Ricardo Vázquez, quien figura como representante de 313 en las transacciones hechas con Salud.