El UCC arremete contra la propuesta de la Junta
● El grupo que interviene en los casos de Título III plantea que la Declaración Informativa carece de información crítica y deja fuera activos que podrían servir para pagar a los acreedores
El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) formalizó su oposición al proceso de confirmación de un Plan de Ajuste (PDA) para el gobierno central al solicitar a la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, que no dé paso a la Declaración Informativa que lo sustenta.
En una moción de 84 páginas, el UCC aseguró a la jueza que preside los casos de Título III de Puerto Rico, que el documento que debe servir de referencia para que los acreedores entiendan cómo se verán afectados con las propuestas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), está plagado de deficiencias, omite “información crítica”, deja fuera activos del gobierno que podrían servir para pagar a los acreedores y en ciertas instancias, es “profundamente engañoso”.
Asimismo, el UCC planteó a Swain que la Declaración Informativa no ofrece una idea clara del número de acreedores generales no asegurados y no revela exactamente cuánto más tendrá que pagar Puerto Rico como parte de los acuerdos suscritos por la JSF con algunos acreedores. Sobre todo, según el UCC, la JSF se alejó de la jurisprudencia en el tema, creando un sesgo a favor de unas clases de acreedores versus otras.
El UCC radicó su moción inicial de objeción de cara a la audiencia del próximo 13 de julio, donde Swain debe analizar si la JSF ha divulgado suficiente información a los acreedores en torno al PDA. Su moción se une a la objeción limitada que presentó la administración del gobernador Pedro Pierluisi la semana pasada.
El UCC agrupa suplidores, contratistas, empleados públicos e incluso, individuos a quienes el gobierno adeuda sus reintegros o sentencias contra el estado.
En el caso de la objeción del gobierno, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) indicó a Swain que la Declaración Informativa no podía aprobarse sin enmiendas, pues -entre otras cosas- no se indica cómo la JSF implementará el PDA cuando la legislatura advirtió que no aprobará ninguna medida si la modificación de deudas incluye recortes a las pensiones del sector público.
El PDA concede a ciertos grupos de bonistas (los tenedores de Obligaciones Generales, por ejemplo) que tampoco son asegurados, la mayor parte del efectivo que el gobierno ha acumulado en los pasados cinco años, así como las recuperaciones más altos vis à vis suplidores o contratistas del gobierno e incluso, bonistas asegurados, es decir, que poseen gravámenes contra recaudos específicos.
Los pensionados del sector público, también se consideran acreedores no asegurados, pero son representados por el Comité Oficial de Retirados (COR).
LA CLASE 55
Mientras en su objeción, la Aafaf alegó a Swain que la JSF busca influir en la votación en torno al recorte a las pensionados, agrupados en la Clase 48, el UCC indicó que el organismo pretende hacer algo similar con la Clase 55.
En un PDA, las deudas se agrupan en clases para que los acreedores de cada obligación se expresen a favor o en contra.
En el caso de la Clase 48, la Aafaf criticó que la JSF agrupara en esta a todos los pensionados. Esto, porque habida cuenta que el 75% de los pensionados no se afectarían, estos serían mayoría de votos en relación a los jubilados que sí verían recortes como resultado del PDA.
Según el UCC, para sus representados –agrupados en la Clase 55 y quienes solo cobrarían “centavos de dólar”– es “imposible” conocer cuánto cobrarían. Ello, porque en dicho grupo se incluyen acreedores que llegaron a acuerdos separados en procesos alternos de resolución (ACR, en inglés) que impulsó la JSF.
De acuerdo con el UCC, la JSF plantea que unas 100,000 reclamaciones irían a través del proceso ACR, sin especificar cuáles serían, mientras quedarían pendientes otras 80,000 reclamaciones cuya suerte se desconoce.
Formalmente, dijo el UCC, apenas unas 20,179 reclamaciones se encuentran en el proceso de ACR y en ese grupo puede haber desde reintegros pendientes, hasta reclamaciones de grupos laborales y por pensiones. Incluso, en ese grupo podría haber sentencias por casos de derechos civiles por brutalidad policíaca, por ejemplo, pero no queda claro por qué algunos de estos recuperarían hasta la mitad de lo adeudado y otros recibirían el 100%.
Tales consideraciones, según el UCC, hacen del PDA una propuesta “injustamente discriminatoria” y este no ha sido propuesto en “un acto de buena fe”.
RECLAMA ACTIVOS NO INCLUIDOS
El UCC indicó a Swain que el gobierno posee al menos otros $2,453 millones en dinero en efectivo que podría utilizarse para pagar a los acreedores, así como las deudas contributivas sobre la propiedad.
De otra parte, el UCC pidió a la jueza modificar la orden de manejo de los casos de Título III y corregir lo que se considera son procedimientos que favorecen a la JSF y privan a los acreedores de ejercer sus derechos según las Reglas de Procedimiento Federal.
“Esta Declaración Informativa simplemente no provee a los acreedores la información a la que tienen derecho y que necesitan para tomar una decisión informada en cuanto a votar a favor o rechazar el plan propuesto”, reza la moción suscrita por Luc A. Despins, de Paul Hastings LLP y Juan J. Casillas Ayala, de Casillas, Santiago & Torres, en la que se agrega que el documento no cumple con la sección 1125 del Código de Quiebras.