Diversos frentes para detener la violencia sexual
La violencia sexual en Puerto Rico es un problema de salud pública que urge atender ante el alza en las incidencias que ha llevado a conocedores a darle rango epidémico. Hasta este martes, las autoridades tenían informes de 76 violaciones en lo que va de año, un aumento de casi 25% en comparación con 2020 para la misma fecha.
Datos publicados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres señalan que en 2020 se registraron 655 delitos sexuales. Sin embargo, expertos estiman que apenas se reporta un bajo porcentaje del total real. Estas cifras preocupantes confirman datos de centros especializados que han propuesto al gobierno y al tercer sector atender el problema de forma coordinada. La agresión sexual es una de las formas más terribles de la violencia de género y requiere acciones para atenderla como parte del estado de emergencia decretado al respecto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumarlo, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.
Estas agresiones se cometen con más frecuencia contra mujeres, particularmente durante la niñez y la pubertad. Los grupos más vulnerables tienen menos de 17 años, e incluyen hasta bebés. Las estadísticas muestran que también entre los ofensores hay menores. El año pasado, 85 menores de 17 años, incluso en los grupos de menos de 10 años, figuraban como ofensores sexuales. El grupo de más victimarios está entre los 30 y 34 años.
En la mayoría de los casos, los agresores son familiares o conocidos de las víctimas, muchas veces sus propios padres. El año pasado, 200 ofensores fueron identificados como padre, madre, padrastro o madrastra.
Estos perfiles apuntan a la necesidad de abordar el problema desde distintos frentes y con educación desde la niñez temprana.
Se trata de un problema complejo que afecta la salud mental, reproductiva y conductual de quienes la sufren. También puede tener resultados mortales, como el suicidio, asesinato o enfermedades de transmisión sexual como el sida. Se sabe que por cada víctima que habla muchas más callan, por miedo a represalias, a ser culpadas o por el riesgo de que no se les crea en una sociedad que tiende a minimizar la voz de la mujer.
Un factor que disuade a las víctimas de hablar o buscar ayuda es la falta de sistemas de apoyo adecuados para asistirlas y procesar a los victimarios. El Centro Salud Justicia, entidad que provee servicios a las víctimas, ha propuesto que se desarrollen estrategias entre el gobierno y las organizaciones comunitarias para identificar y asistir a las sobrevivientes hasta lograr que se les haga justicia. La impunidad de estos delitos dificulta detenerlos.
La entidad anticipa que el regreso de los estudiantes a las aulas presenciales en agosto revelará más víctimas sometidas a esta violencia en el periodo de confinamiento por la pandemia. Tanto los departamentos de Educación, Salud y Familia, como otras agencias relacionadas tienen el deber de cerrar filas junto a las organizaciones expertas y comunitarias para identificar y brindar ayuda con sensibilidad y firmeza.
Entre otros factores individuales y relacionales comunes entre los agresores, destacan que fueron sometidos a violencia o abuso sexual en la niñez y a conductas que refuerzan la inequidad de género. A nivel comunitario y social se identifica la cultura machista y la tolerancia jurídica y comunitaria a la violencia, al no sancionarla con rigurosidad.
Las personas, organizaciones y sectores pueden aportar para evitar la violencia sexual. También están convocadas a fortalecer, mediante una política pública atinada y acciones precisas, los esfuerzos para erradicar un problema social que obstruye el desarrollo óptimo individual y colectivo.