“Necesitamos estabilidad y trato igual”
El gobernador tuvo reuniones sobre Medicaid, incluso con el senador Ron Wyden, quien dio un apoyo clave a la paridad en ese programa
WASHINGTON.– El presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Ron Wyden, se comprometió ayer a impulsar trato igual para Puerto Rico bajo Medicaid, en busca de lograr “soluciones significativas de largo plazo” en el acceso de la isla a ese programa de salud.
Wyden, electo por Oregón, controla el debate sobre Medicaid en el Senado, en momentos en que la industria de salud de Puerto Rico puede caer en un abismo fiscal tan pronto como en septiembre.
“Los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico deben estar en igualdad de condiciones con los estados cuando se trata de asistencia federal para Medicaid. Estoy comprometido a encontrar soluciones significativas de largo plazo para el programa Medicaid de Puerto Rico, incluido un camino hacia la paridad en todo el programa; está claro que se necesita hacer más para proteger a los ciudadanos que cuentan con los beneficios básicos de Medicaid”, indicó el senador Wyden, en declaraciones a El Nuevo Día, luego de reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi.
Las expresiones de Wyden se suman al apoyo que diera el presidente Joe Biden a la idea de otorgar paridad a Puerto Rico y los demás territorios en Medicaid y asistencia alimentaria, así como bajo el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
El senador Wyden había indicado, en enero, que trabajaba para que Puerto Rico “tenga los recursos que necesita y se merece”. Ahora, ha sido categórico con el debate sobre el trato igual, que la administración Pierluisi considera puede representar un aumento de más de $2,000 millones anuales en fondos de Medicaid.
“Wyden es un campeón de nuestra causa en Medicaid”, señaló el gobernador Pierluisi, luego de la reunión.
Previamente, el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja federal, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey), había dado su apoyo a que Puerto Rico sea tratado como los estados bajo el programa Medicaid. La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó que está confiada en que la propuesta será aprobada en ese comité, que tiene jurisdicción sobre ese asunto.
El creciente respaldo entre el liderato demócrata del Congreso a la propuesta de tratar a Puerto Rico como los estados en Medicaid tiene lugar en momentos en que el gobierno y el sector de la salud de la isla buscan evitar un abismo fiscal en esa industria que se ha dicho ocurriría a partir del 1 de octubre, cuando vence la asignación vigente de $2,800 millones y se reduce a cerca de $400 millones anuales.
Pero la comisionada González indicó, en una carta enviada el miércoles a líderes del Congreso, que las asignaciones federales se agotarían un mes antes, el 1 de septiembre, y que el plan de salud tendrá un déficit de más de $106 millones para el 30 de septiembre. En ese sentido, exhortó a incluir nuevos fondos de Medicaid en cualquier medida, incluso una resolución de continuidad de presupuesto.
Los estimados de la oficina del gobernador son que, con trato igual, Puerto Rico recibiría hasta $5,200 millones anuales en Medicaid.
Tanto Pierluisi como González, en entrevistas separadas, indicaron que lo más importante en el proceso de conseguir una asignación a largo plazo para Medicaid es que se elimine el tope en asignaciones que impone una ley permanente y se utilice la misma fórmula que existe en los estados para decidir la aportación del gobierno federal por servicio de Medicaid.
“Si esas dos cosas se logran, vamos a tener un programa más estable que el que tenemos ahora. Necesitamos estabilidad y trato igual”, indicó Pierluisi, quien ha criticado que la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, afirmara que el gobierno de Puerto Rico no está preparado para cumplir con todas las obligaciones de la paridad.
La comisionada González sostuvo que, eliminado el tope de financiamiento de Mediciad, el gobierno federal aportará entre el 76% y el 83% de los servicios del programa.
Los dos minimizaron el debate que puede parecer semántico entre “paridad”, el concepto que ha utilizado Biden y suele reclamarse desde Puerto Rico, y “tratamiento equitativo”, como dice la JSF que promueve. “No estoy enfocado en las etiquetas”, afirmó Pierluisi.
Antes de acentuar que la meta es trato igual, la comisionada dijo que “la paridad es temporera y la equidad es permanente”.
Pero, tanto Pierluisi como González, denunciaron que Jaresko afirme que Puerto Rico no podría ofrecer todos los servicios. “El gobernador y yo estamos en la misma página, que Puerto Rico debe tener los 17 programas de Medicaid (no 11). La Junta no cree eso”, afirmó González.
“Hay toda una variedad de servicios (de Medicaid) que son obligatorios en el continente que no son obligatorios en Puerto Rico. ¿Significa eso que queremos que también sean obligatorios? No. Creo que la palabra (paridad) es muy política y no nos lleva al fondo del debate. Pero sí (abogamos por) trato equitativo, claridad a largo plazo sobre Medicaid. Absolutamente”, indicó Jaresko la semana pasada a El Nuevo Día.
El gobernador Pierluisi tuvo reuniones en Washington D.C., entre miércoles y jueves, que incluyeron a la speaker Nancy Pelosi, a la directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Julie Chávez Rodríguez; al presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja, el demócrata Richard Neal (Massachusetts); el senador republicano Marco Rubio (Florida) y al presidente de la Federación Estadounidense de Empleados de Estados, Condados y Municipales (AFCSME), Lee Saunders.
Con Pelosi, trataría ayer solo el tema de Medicaid.
Pierluisi sostuvo que la conversación con Chávez Rodríguez fue “extensa, profunda y
“Estoy comprometido a encontrar soluciones significativas de largo plazo para el programa Medicaid de Puerto Rico, incluido un camino hacia la paridad”
RON WYDEN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FINANZAS DEL SENADO DE ESTADOS UNIDOS
productiva”. Entre otros asuntos, reclamó que se agilicen los desembolsos a los municipios de los fondos de emergencia asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Vivienda federal (HUD).
Pero, además, expresó el interés de su administración en utilizar el Fondo de Energía Verde para “incentivar el uso de paneles solares a nivel residencial por toda la isla”.
“Ella vio eso con buenos ojos”, explicó Pierluisi.
TRANSICIÓN A LA ESTADIDAD
Al hablar del tema de status, el gobernador Pierluisi dijo que Chávez Rodríguez preguntó por el proceso de transición de un proyecto a favor de la estadidad para Puerto Rico, con respecto a los temas contributivos.
En momentos en que el proyecto 1522 del demócrata Darren Soto y la comisionada González impulsa un proceso de admisión de la estadidad que se daría 12 meses después de un voto favorable a la anexión en un referéndum federal, Pierluisi dijo que siempre ha pensado que el proceso de implantación de todas las leyes contributivas puede tomar cinco años.
Para Pierluisi, ese proceso puede darse aun después de la admisión de la isla como estado, sin violentar la cláusula constitucional de uniformidad en la aplicación de las leyes. En un memorando sobre el proyecto proestadidad, el Departamento de Justicia federal indicó que los cambios contributivos pueden darse gradualmente, incluso manteniendo el proceso de quiebras y la vigencia de la JSF.
El gobernador, mientras, dijo que habló con el congresista Neal en torno al posible aumento en la tasa tributaria corporativa y la idea de un impuesto global mínimo.
Bajo el plan del presidente Biden, el gobierno pudiera duplicar de 10.5% a 21% el impuesto sobre la propiedad intelectual que aplica a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) en Puerto Rico, por medio de las cuales el gobierno de la isla recauda cerca del 20% del presupuesto, unos $1,800 millones anuales.
Aunque no se entró en los detalles, Pierluisi dijo que expresó a Neal que “es importante que, cuando se lleve a cabo cualquier reforma, incluido un impuesto mínimo para las empresas americanas que hacen negocios en el extranjero, no se perjudique innecesariamente a los territorios”.
En este asunto, la comisionada -quien ha propuesto un proyecto de ley que persigue otorgar créditos tributarios a manufactureras que se establecen en jurisdicciones económicamente deprimidas, como Puerto Rico- dijo que no se puede, por un lado, aumentar los fondos de Medicaid y, por el otro, afectar adversamente la economía. “No puedes desvestir un santo para vestir otro”, afirmó González.