CABILDEROS DE LA ESTADIDAD Sin entregar estados financieros revisados
Mientras, surgen choques entre la exsenadora Melinda Romero y Prfaa sobre la relación entre esa oficina y los delegados
A menos de una semana de que juren en sus cargos, cinco de los seis funcionarios electos para cabildear por la estadidad para Puerto Rico en el Congreso -excepto el exgobernador Ricardo Rosselló Nevaresno habían presentado ayer a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) los estados financieros revisados necesarios para su certificación.
Ante esa realidad, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, dijo que se comunicaría con los candidatos electos para orientarles y hacerles saber que, a base de un reglamento aprobado en diciembre, el documento es ahora menos riguroso.
Adelantó que, si no han entregado los documentos para el 1 de julio -cuando deben jurar en sus puestos-, la CEE podría certificarlos, pero siempre y cuando reciba un comprobante de que los documentos ya fueron tramitados. “Tendría que evaluar dónde es que está paralizada la solicitud”, sostuvo Rosado Colomer.
Aunque Rosselló Nevares entregó los documentos, su elección, por nominación directa, está impugnada en los tribunales por haber estado inscrito como elector en Virginia para la fecha de la consulta y haberse cuestionado, entre otras cosas, si tiene domicilio en Puerto Rico. Una jueza ordenó frenar provisionalmente la certificación de su elección.
Los otros funcionarios electos para presionar a favor de la estadidad son Elizabeth Torres, la exsecretaria de Corrección Zoraida Buxó, la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez, el presidente de la Asamblea Municipal de Guaynabo, Roberto Lefranc Fortuño, y la exsenadora Melinda Romero.
El comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, dijo que ha dialogado con los cabilderos electos sobre el requisito de presentar estados financieros revisados.
CHOQUES CON PRFAA
Mientras, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés) todavía prepara el reglamento que regirá las relaciones de esa oficina con los delegados y sus funciones.
En medio de tensiones con la directora ejecutiva de Prfaa, Carmen Feliciano, Romero hizo pública ayer una carta en la que expresa su enojo porque considera que se quiere tratar a los delegados electos para cabildear por la estadidad como empleados de esa oficina.
Romero, quien fue electa para cabildear ante el Senado de Estados Unidos, acusó a la administración de Pedro Pierluisi de querer “imponer un reglamento a la delegación electa por el pueblo de Puerto Rico”, y dijo que las actuaciones tras la elección del 16 de mayo “dan la impresión que tienen una encomienda de estorbar la finalidad de los propósitos de nuestra elección, lograr la inclusión de Puerto Rico como estado de la Unión”.
En la carta, dirigida a Feliciano, con copia a Pierluisi, Romero dijo que ha refutado y repudiado que los seis funcionarios no puedan participar de la elaboración del reglamento.
Romero ha expresado insatisfacción con el salario que considera establecer la administración Pierluisi, que puede rondar los $120,000 anuales. La exsenadora Romero considera que el salario, incluyendo los gastos de viaje, debe alcanzar los $150,000.
“El reglamento lo va a establecer Prfaa… Los delegados no tienen ninguna injerencia en decidir eso. Ese reglamento va a disponer las reglas para el uso de los fondos públicos”, indicó el gobernador, al salir de una una reunión en el Senado de Estados Unidos.
Pierluisi rechazó que la intención sea tratar a esos funcionarios electos como “empleados” de la oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington D.C., y dijo que escuchan sus puntos de vista.
La Ley 167 de 2020 hace dependientes a esos funcionarios -que deben rendir informes cada 90 día al gobernador- del presupuesto de Prfaa.
Pierluisi confió en que, para el miércoles -la víspera de la jura de esos funcionarios-, su administración haya decidido, tanto el salario de los cabilderos electos como publicado el reglamento.
José A. Delgado colaboró con este reportaje.