Mayor responsabilidad con las acreditaciones universitarias
Siento una gran vergüenza ajena a citar el siguiente segmento del reportaje de El Nuevo Día del martes 22 de junio: “Jorge Haddock no pudo precisar si los rectores, decanos y directores cumplen a cabalidad con los procesos de acreditación, o si en alguno de los 11 recintos y unidades del sistema hay programas académicos en probatoria o en peligro por señalamientos, además de los casos ya conocidos en el RCM”.
“Entendemos que los demás programas están en cumplimiento”, afirmó.
“En la entrevista con este diario, también estuvieron presentes Ubaldo Córdova, vicepresidente de Asuntos Académicos, y la doctora Jennifer Alicea, vicepresidenta asociada de Acreditación y Avalúo, quienes tampoco pudieron dar fe de que haya cumplimiento cabal”.
¿Cómo es posible que un presidente (que gana $240,000) y dos vicepresidentes no sepan el estatus de los programas acreditados? ¿A qué dedican su tiempo? ¿Acaso no reciben informes de los rectores? Y qué pobre excusa decir que la culpa es de los directores de departamentos.
Haddock tiene vasta experiencia en universidades estadounidenses, dirigiendo programas acreditados. Si alguien debe saber cómo se trabajan los programas acreditados, es él. Ahora se canta ignorante de las grandes fallas en la UPR. Haddock no llegó hace unas semanas, lleva más de dos años en la presidencia.
Como decía Harry Truman: “The buck stops here”. Haddock, los vicepresidentes y los rectores son los responsables finales de esta debacle y les corresponde rendir cuentas. O renunciar.
José A. González Taboada Catedrático de Contabilidad UPR Río Piedras
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A nadie le deben de sorprender las amenazas, algunas ya en curso, de degradaciones en las acreditaciones, de varios programas en nuestros principales centros de educación superior. Primero fue el recinto de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, seguido por el de Ciencias Médicas. Ahora se añade el Conservatorio de Música de Puerto Rico.
Entre los factores que han contribuido a esta crisis están los siguientes: la actual situación económica, la emigración de profesionales, la politiquería y la pandemia. El resultado ha sido una merma considerable en la calidad de la enseñanza en general.
Parece que no hay marcha atrás en esto, a menos que haya una “cumbre” de las organizaciones educativas afectadas, sus administradores y las agencias acreditadoras de la educación superior. Tienen que mediar la buena fe y el profesionalismo en todo momento, para detener esta situación que afecta el futuro de Puerto Rico.
José A. Torruellas Iglesias San Juan