Pierluisi se busca una demanda
Mayra Montero Antes que llegue el lunes
Se trata de una demanda radicada por la Junta de Control Fiscal. Los presidentes de ambos cuerpos legislativos también han sido demandados. No les importa mucho porque no van a “litigar”, al menos el gobernador avisó que él no va a pelear esa batalla.
Todos cumplieron con el libreto imaginario, la disparatada Ley 7-2021 del llamado “retiro digno”, y en el momento de la verdad, cuando tenían que sacar la cara y rendir cuentas, cerraron el Capitolio y se “movilizaron” a la playa.
Claro que no había necesidad de engañar a la gente, a todo el mundo y a los pensionados, con promesas que sabían de sobra que no iban a cumplir. Pero así es el electoralismo, la demagogia, el afán por ganar el aplauso fácil con discursos de Disney.
Deben tener en cuenta, sin embargo, que la fantasía en la política es lo más reaccionario que hay. Lo más retrógrado.
La historia corta es esta:
El mismo día en que se informaba que la jueza Laura Taylor Swain, que preside el proceso de bancarrota, accedía a examinar el pedido de un bonista para que se permitiera la creación de un comité que represente a los acreedores individuales —que dicen sentirse perjudicados—, la Junta de Control Fiscal demandaba al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes camerales, por no haber querido anular la llamada “ley del retiro digno”, aprobada a la brava sin contar con el Plan Fiscal.
¿Cuál es el vínculo entre las dos noticias?
Pues que el abogado que pidió el auxilio de la jueza Taylor Swain argumentó que “mientras bonistas como él no cobrarían buena parte del principal y los intereses adeudados por Puerto Rico, el Plan de Ajuste provee para pagar millones a empleados públicos… a los retirados y a las uniones”.
Si la jueza aceptó examinar el asunto, que ya es un paso, lo más probable es que intente escuchar a las dos partes y proyectar balance, pues de eso se tratan los procesos de quiebra.
Decir los políticos, desde el principio, que las pensiones eran intocables, introduciendo el elemento de la “dignidad” en el nombre del proyecto, lo que equivale a que todo el que piense u obre de manera contraria es “indigno”, incluyendo a la propia jueza que tiene en sus manos la decisión final, ha sido una movida oportunista y falsa.
Los que radicaron el proyecto, los que le votaron a favor en la Asamblea Legislativa, y los que le fueron encima al gobernador, como si la cosa dependiera de él, para que firmara y certificara el estatuto, cosa que por supuesto hizo, estaban engañando a todo el mundo. A los pensionados en primer lugar. Ese sistema de pensiones está en ruinas, y si las pensiones no se habían tocado hasta ahora es porque no se ha estado pagando ni un centavo de la deuda, y además hay una moratoria que impide que los acreedores salten, con uñas y dientes, sobre los depósitos y las propiedades del Estado.
¿Es tan difícil de entender? No, no es difícil, y pese a todo, la legislatura dio a entender que ellos tenían la última palabra. Organizaron marchas, fueron de La Fortaleza al Capitolio, y del Capitolio a La Fortaleza, cuando sus líderes sabían que se trataba de una medida ilusoria, que no tenía futuro.
El gobernador les siguió la corriente, como si esto fuera un manicomio. ¿Qué quieren, que firme la ley? Cómo no, ahí la tienen firmada. Agregó una nota al calce, eso sí, advirtiendo que la medida incumplía con las disposiciones de Promesa, pero ya había caído el telón y lo único que faltaba era precisar una tontería: de dónde iba a salir el dinero para pagar las villas y castillas que estaban prometiendo a los pensionados presentes y futuros.
El jueves 24 de junio la Junta Fiscal emitió un ultimátum para que el gobernador y la legislatura retiraran la ley a mediodía del viernes 25. El gobernador miró para otro lado; los legisladores se enfrascaron en un drama diferente porque les redujeron el presupuesto de sus oficinas y ellos solos “no dan abasto”. Fíjense que durante todo el fin de semana pasado, cuando ya el tiempo había corrido y lo que se esperaba era una demanda como un castillo, nadie hablaba del tema. La demanda llegó, y el gobernador declaró que, en efecto, él sabía que la Ley 7-2021 era inconsistente con el Plan Fiscal Certificado, pero que la firmó para “reiterar su posición en cuanto al sistema de pensiones del gobierno”.
No se firman leyes para reiterar posiciones, sino para cumplir con objetivos sólidos y razonables.
Todos parecen olvidar que hay una jueza pendiente de las acciones del gobierno y de los sainetes en la legislatura. Una magistrada que sabe que todos esos proyectos que se ventean para las gradas, retrasan y entorpecen el proceso que ella dirige.
Bastaría con que Laura Taylor Swain se sacudiera las manos, y nos “liberara”, de las advertencias de la Junta y de las protecciones de la bancarrota, para que empezaran a caer las demandas como proyectiles sobre un campo de batalla. Ese mismo hombre que ha pedido que los bonistas individuales puedan organizarse, sería el primero en preguntar por los fondos públicos depositados en los bancos privados —no hay banca nacional— y las propiedades del país.
Aquí termina la historia corta. La larga, con piña colada, la están tejiendo los legisladores bajo las sombrillitas.
“El gobernador les siguió la corriente, como si esto fuera un manicomio. ¿Qué quieren, que firme la ley? Cómo no, ahí la tienen firmada. Lo único que faltaba era precisar una tontería: de dónde iba a salir el dinero”
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