Promesa, la Junta y la economía
● Cinco años después de que el Congreso aprobara una vía para reestructurar la deuda pública, Puerto Rico no ha experimentado ninguna transformación que asegure el desarrollo socioeconómico de su gente y el pago a los acreedores a largo plazo
De no haber sido por la avalancha de fondos relacionados con la catástrofe que provocó el huracán María y la pandemia del coronavirus, los primeros cinco años de vigencia de la ley federal Promesa –en especial, las políticas de ajuste en el gasto público requeridas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- habrían agravado el cuadro de estancamiento económico que experimenta la isla.
De acuerdo con la economista Heidie Calero, cinco años después de la implementación de la ley federal que dio un remedio de bancarrota al territorio más endeudado de los Estados Unidos, en términos macroeconómicos, la economía de Puerto Rico no muestra ningún cambio estructural considerable.
Y a juzgar por las proyecciones del ente fiscal, cuando este termine sus funciones, el territorio estadounidense tampoco quedará en condiciones para honrar el Plan de Ajuste (PDA) que la JSF busca confirmar a partir de la semana próxima.
Más bien, según Calero, el legado de Promesa y la JSF podría ser -a largo plazo- otro cuadro de insolvencia. Ello, porque a su juicio, el organismo con poderes por encima del gobierno electo de la isla ha dejado a un lado la pieza fundamental para asegurar que cuando se toma prestado haya capacidad de pago: la economía.
“Estamos en una burbuja. Todo lo que estamos viendo es una burbuja por todos los fondos federales que hemos estado recibiendo, no hay más que eso”, indicó Calero haciendo referencia al período de relativa mejoría que se percibe en sectores como el comercio, la construcción y hasta los ingresos fiscales.
Calero entiende que el mandato federal dado a la JSF nunca implicó un divorcio entre la renegociación de la deuda, la disciplina presupuestaria y el diseño de estrategias y políticas para acrecer la economía.
En palabras simples, una economía que no crece no podrá pagar sus obligaciones a lo largo del tiempo.
“Las propias proyecciones de la Junta demuestran que en el 2030, seguimos en una porquería de crecimiento anual”, dijo Calero al indicar que Puerto Rico tendría que crecer anualmente a razón de 4% “para sacar los pies del plato”.
“Promesa no nos ha ayudado a reducir la desigualdad, la pobreza. En eso estamos peor”, sostuvo.
La lectura de Calero no es muy distinta a la que ha hecho el Centro para Una Nueva Economía (CNE).
Según la organización de investigación y política pública, al cabo de cinco años, a excepción de mejoras en la divulgación de información financiera y el alivio que ha supuesto no pagar a los bonistas, la ley federal no ha alcanzado sus objetivos principales.
“Puerto Rico está a punto de convertirse en una de las quiebras municipales más caras de la historia”, reza el reporte del CNE, publicado por Deepak Lamba-Nieves, director de Investigación, Sergio M. Marxuach, director de Política Pública y Rosanna Torres, directora de la oficina de la organización en Washington, D.C.
QUIEBRA COSTOSA Y DE POCO ALIVIO
Sin haber completado la reestructuración de la deuda pública, el funcionamiento de la JSF y el proceso de bancarrota ya le ha costado a los contribuyentes puertorriqueños unos $1,584 millones, según Calero.
La cifra es casi dos veces lo que costó la quiebra de Lehman Brothers, el gigante de inversiones que contribuyó a la Gran Recesión y casi nueve veces lo que pagaron los contribuyentes de la ciudad de Detroit por acogerse al Capítulo 9 del Código de Quiebras.
De acuerdo con Calero, considerando el plan fiscal certificado más reciente, en el neto, es decir, excluyendo el servicio a la deuda, el Fondo General entraría en déficit presupuestario tan pronto como en el año 2026 y hacia el 2046, la brecha presupuestaria podría alcanzar unos $2,286 millones.
Las proyecciones de crecimiento económico en el plan fiscal certificado en mayo pasado son igualmente desalentadoras para la economista. Este año, el Producto Bruto (PB) crecería alrededor de 1.5% en este año fiscal, para luego ir a menos en los años fiscales 2023 y 2024. Para el 2026, el estimado de crecimiento es de apenas siete décimas.
Lo que sí muestra tendencia alcista es el alcance de la JSF, según las cifras examinadas por Calero.
En cinco años, la JSF ha ido de emplear unas 19 personas a emplear 92 y su gasto de nómina ha crecido, de unos $3.9 millones en el año fiscal 2018 a $10.8 millones para el año fiscal 2021.
En contraste, los servicios legales y profesionales de la JSF se han movido a la baja, de unos $12.9 millones y $40.6 millones en el año fiscal 2018, respectivamente, a alrededor de $9.3 millones y $30.2 millones en el año fiscal 2021, en igual secuencia.
LA LECTURA DE LA JUNTA
Desde el primer día, el entendimiento de los directivos de la JSF es que Promesa no les dio autoridad para trazar el rumbo económico de la isla.
Los directivos Justin Peterson y Antonio Medina pretenden cambiar ese entendimiento y trazan algunos lineamientos en esa dirección al apoyar que no haya recortes a la Universidad de Puerto Rico,
“De todos los criterios establecidos para que la junta se vaya, el 70% de estos ni siquiera ha comenzado, de qué estamos hablando entonces”
HEIDIE CALERO
ECONOMISTA
“El presupuesto desarrollado conjuntamente por el gobernador, la legislatura y la (JSF) es un logro significativo y un paso importante hacia el logro de la responsabilidad fiscal y la estabilidad económica”
DAVID SKEEL
PRESIDENTE DE LA JSF
por ejemplo.
Pero tomando esa premisa como referencia, para quienes integran la JSF, los pasados cinco años han sido -en el agregadoun camino de aciertos.
La semana pasada, tras certificar el prespuesto para el año fiscal 2021-22, el presidente de la JSF, David Skeel, catalogó como un paso clave que el presupuesto certificado fue aprobado por la Legislatura y refrendado por el gobernador Pedro Pierluisi.
De igual forma, aunque indicó que no había leído el informe del CNE, Skeel aseguró que los trabajos en materia de reestructuración de la deuda obran en beneficio de Puerto Rico.
El experto de Derecho de Quiebras aseguró que la JSF invirtió al menos un año analizando la deuda emitida por Puerto Rico con el apoyo de Kobre & Kim y ese ejercicio fue el punto de partida para las negociaciones con los acreedores.
Catalogó como avances la reestructuración de Cofina, aquella del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y reiteró su expectativa de que el PDA del gobierno central se confirme a finales de este año.
“Este es un plan (de ajuste) asequible”, aseguró Skeel.
“El presupuesto desarrollado conjuntamente por el gobernador, la legislatura y la (JSF) es un logro significativo y un paso importante hacia el logro de la responsabilidad fiscal y la estabilidad económica”, aseguró Skeel.
LA LETRA OLVIDADA DE PROMESA
Pero según Calero, “la JSF ha dejado a un lado la economía”, en parte, porque el presupuesto gubernamental es, precisamente, una herramienta que puede contribuir a la actividad económica.
“Se dice que Puerto Rico regrese a los mercados de capital, que los presupuestos estén balanceados, esas son las condiciones para que se vaya la (JSF), pero para conseguir eso, tiene que haber crecimiento y no lo hay”, fustigó la economista.
En la opinión general, Promesa es un estatuto para modificar la deuda pública de Puerto Rico y poner al gobierno en cintura. Pero la ley federal también incluye diversas disposiciones de corte económico, de las que se conoce poco o nada.
La sección 408, por ejemplo, requirió a la Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés) que en el primer año de la vigencia de Promesa se analizara “la aplicación y utilización de las actividades de contratación de la Administración de Pequeños Negocios (SBA), incluyendo actividades de contratación relacionadas a asuntos de pequeñas empresas HUBZone, en Puerto Rico”.
En junio del 2017, el GAO presentó su informe y concluyó que, en Puerto Rico, el gobierno federal otorgaba más contratos a empresas pequeñas que lo hecho en otros estados.
La dependencia también estableció que “la falta de conocimiento sobre el proceso de contratación federal; problemas en cumplir con los requisitos de contrataciones de bienes y servicios a terceros; y dificultades en obtener garantías, financiamiento, y capital”, son parte de los escollos que encaran las empresas en Puerto Rico.
Sin embargo, el informe no ofrece detalles de la problemática y tampoco ana
liza otros aspectos como la penetración de los programas de financiamiento de SBA en Puerto Rico. El GAO, de hecho, no hizo recomendación alguna al Congreso.
El año pasado, la JSF -a través de su división de Análisis y Política Pública- divulgó un ensayo acerca de qué podía hacerse en favor de los pequeños negocios en especial, luego de la pandemia, pero no se conoce que el gobierno haya dado forma concreta a alguna de estas iniciativas.
EL “TASK FORCE” ECONÓMICO
A través de la sección 409, Promesa creó el Grupo de Trabajo del Congreso sobre el Crecimiento Económico de Puerto Rico. El organismo presentó su informe en diciembre de 2016 con 75 recomendaciones.
Entre otras cosas, se recomendó agilizar el redesarrollo de Roosevelt Roads y hasta mantener en funcionamiento el Observatorio de Arecibo. Se abogó por equiparar a Puerto Rico con otros estados cuando se otorguen fondos federales bajo programas como Medicare y analizar los costos y beneficios del programa de Seguro Social Suplementario en la isla y hacer permanente al programa de reembolsos del arbitrio del ron y ampliar el crédito contributivo por la tenencia de hijos.
De todas las medidas sugeridas, los reembolsos por el arbitrio del ron se extendieron hasta el 2022 y se amplió temporalmente el crédito por tenencia de hijos.
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
En su reporte, Lamba-Nieves, Marxuach y Torres también criticaron a la JSF por haberse desentendido del Título V de Promesa.
En febrero de 2019, el coordinador de Infraestructura, Noel Zamot, dejó el cargo y desde entonces, se desconoce la suerte del programa.
Entonces, Zamot reveló que libraba una batalla con el gobierno por el control de los proyectos críticos que examinaba la JSF. En aquellos días se hablaba de una veintena de proyectos que quedaron en nada.
“En 2016, el crecimiento económico bajo esta rúbrica (el Título V) fue uno de los tres pilares centrales de Promesa, junto con la reestructuración de la deuda y los presupuestos equilibrados”, reza el reporte del CNE.
Para el CNE, la JSF parece haber “sustituido la inversión de capital” que vendría a través del Título V con “las reformas estructurales” requeridas al gobierno.
Pero según Calero y el CNE, si poco se ha logrado para cumplir con las condiciones que harían inoperante a la JSF, muchos menos se ha conseguido en reformas estructurales.
“De todos los criterios establecidos para que la junta se vaya, el 70% de estos ni siquiera ha comenzado, de qué estamos hablando entonces”, soltó Calero.
“Creemos que es poco sincero que la (JSF) culpe al gobierno de Puerto Rico por su falta de avance en este tema (las condiciones para el fin de la JSF), cuando, al mismo tiempo, está implementando políticas que limitan la capacidad del mismo gobierno”, reza el reporte del CNE.