Logran el primer presupuesto certificado bajo la ley Promesa
La ley Promesa provee un procedimiento de reestructuración de deuda que incluía la creación de una Junta de Supervisión Fiscal que diseñaría un Plan Fiscal y monitorearía el cumplimiento del mismo. La ley estipulaba que terminaría al cumplirse con dos requisitos. El primero era que Puerto Rico volviera a tener acceso a los mercados de capital y el segundo, que tuviéramos cuatro presupuestos consecutivos balanceados de acuerdo con el Plan Fiscal.
En los primeros cuatro años no se logró un acuerdo y la Junta aprobó su versión del presupuesto. Este año fue diferente. Por primera vez el Ejecutivo, la Legislatura y la Junta lograron un acuerdo para asegurarse de que el presupuesto fuera consistente con el Plan Fiscal. Por dicha razón el presupuesto del año fiscal 2021-2022 es el primero que ha sido certificado por la Junta.
Este presupuesto consolidado cuenta con tres componentes básicos: el Fondo General, el Fondo de Ingresos Especiales y los Fondos Federales. Para este año, se propuso un presupuesto consolidado de $26,900 millones.
Dicha cifra incluye $10,112 millones para el Fondo General, que incluye lo que se cobra por concepto de contribuciones en Hacienda, los recaudos por licencias y los ingresos de la Lotería. De dicha cantidad $2,120 millones se usarán para gastos de salud, $1,882 para educación y $2,060 para el pago de pensiones.
También se incluye un Fondo de Ingresos Especiales con $8,970 millones, compuesto por ingresos propios, Fondos Especiales Estatales y otros ingresos. Los ingresos propios es lo que recibe el gobierno por el cobro de sus servicios incluyendo a las corporaciones públicas (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Energía Eléctrica y el Fondo del Seguro del Estado). Para este año dicha cantidad asciende a $5,454 millones. Además, están los Fondos Especiales Estatales ($3,516 millones) que son los fondos cobrados para propósitos específicos incluyendo la porción del IVU que se destina al pago de Cofina.
Unos $7,784 millones se incluyen como parte de las transferencias recurrentes del gobierno federal. Ahí entra lo recibido del gobierno federal para programas educativos, de salud, bienestar social, empleo e infraestructura. Dicha cantidad no incluye casi $12,400 millones adicionales que recibirá Puerto Rico por ayudas federales en el próximo año fiscal, como los son los fondos del Community Development Block Grant – Disaster Relief (CDBG-DR), Fema y los aprobados para paliar la crisis pandémica como lo son la Ley Cares y el American Rescue Plan Act (ARPA), entre otros. Si consideramos todas las ayudas, la aportación total puede ascender a casi $20,0000 millones para este año fiscal.
Además del Presupuesto Consolidado del Gobierno Central, la Junta certificó los presupuestos de la Autoridad de Energía Eléctrica con un ingreso estimado de $3,103 millones; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con $1,030 millones; y el del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. También se aprobó el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico por $1,511 millones.
Finalmente, en la reunión de la Junta se discutieron tres temas sumamente importantes. Por un lado, se habló de que dicho presupuesto no incluye aún el pago de la deuda, que se debe incorporar una vez dicha cantidad sea aprobada por la jueza Laura Taylor Swain. Esto preocupa, pues muchas personas han cuestionado si contamos con la liquidez para poder cumplir con dichos pagos.
Segundo, se habló sobre la validez de la deuda y la iniciativa de auditarla. En esa parte nos hubiese gustado que en sus respuestas la Junta mencionara lo que se conoce como “Entry Point” que sugiere ajustar la deuda a personas que la hayan comprado con descuento, pero no se discutió.
Finalmente se habló extensamente de los planes de retiro. Estos planes tienen unos 310,000 participantes de los cuales aproximadamente 166,000 (53%) ya están retirados. Esto crea un problema financiero pues los planes tienen más personas recibiendo beneficios que aportando. El Plan Fiscal propone hacer un recorte de 8.5% a aquellas pensiones de más de $1,500 mensuales. De acuerdo con los números de la Junta el 72% de las personas no verían recorte alguno, el 3% vería un recorte parcial y 25% tendrían el recorte completo de 8.5%. Para contrarrestar dicho recorte el Gobierno aprobó recientemente la Ley de Retiro Digno. La Junta ha solicitado que dicha ley sea revocada por no ser cónsona con el Plan Fiscal. El gobernador Pedro Pierluisi hizo una propuesta para hacer dos nuevas leyes para atender la situación y los miembros de la Junta dijeron que la evaluarían cuando sea presentada.
Sin duda hay que seguir mirando cómo se van desarrollando estos asuntos para ver si en unos cuantos años Promesa será cosa del pasado.
Por primera vez el Ejecutivo, la Legislatura y la Junta lograron un acuerdo para asegurarse de que el presupuesto fuera consistente con el Plan Fiscal.