Debate sobre el derecho a la defensa propia

La defensa por derecho propio, aunque es una opción, tiene que recibir cambios profundos para que sea justa, según expertos

Su discusión genera controversia en y fuera de las salas de los tribunales. Está diseñado para ampliar el acceso a la justicia y atender la inequidad. Sin embargo, hay quienes cuestionan si la representación por derecho propio -también conocida como “pro se”- abre la puerta de la justicia o si, por el contrario, perpetúa la desigualdad.

“Uno de los mayores retos que tenemos, no solo en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos es la falta de acceso a la justicia. No es un accidente del sistema, no es un problema, es un diseño del sistema”, afirmó Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

El vicepresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Manuel Quilichini, citó estadísticas en Estados Unidos del 2017 que señalan que, al menos, un 80% de las personas con necesidades legales las tenían descubiertas. Esa situación, advirtió, se replica en la isla.

Quilichini sostuvo, además, que esos números están muy atados a los niveles de pobreza y al “fenómeno moderno” de la clase media que, en múltiples instancias, tampoco tiene los recursos para costear los servicios de un abogado, pero no cualifica para ayuda legal gratuita.

Según datos adicionales que proveyó de un estudio de la Corporación de Servicios Legales en Estados Unidos, de ese 80% sin representación legal, el 59% no tenía los recursos para pagar por los servicios, un 19% no quería pagar por representación legal y 22% entendía entonces que no la necesitaba. “Cuando una persona que no tiene conocimiento legal se representa, las probabilidades de que lo haga con éxito son casi ninguna”, mencionó Quilichini.

El tema ha estado en la palestra recientemente luego que el empresario Salil A. Zaveri, acusado de matar a una perra en un campo de golf de un hotel en Río Grande, solicitó defenderse por sí mismo en el caso. La petición fue negada por una jueza que determinó que el ejecutivo carecía de las destrezas necesarias y no había podido explicarle al tribunal efectivamente los derechos que le asistían.

La Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que un ciudadano puede autorrepresentarse cuando se le imputan delitos criminales. Sin embargo, la jurisprudencia local estipula que ese derecho no es absoluto y, en cambio, se deben cumplir varias condiciones.

“Una persona sí puede querer autorrepresentarse, pero se va a evaluar que esa autorrepresentación sea en el mejor interés de la justicia y de la propia persona”, subrayó Coral Aponte, directora de Educación y Relaciones con la Comunidad del Poder Judicial.

FALTAN DATOS OFICIALES

En Puerto Rico, la Rama Judicial no recoge estadísticas sobre cuántas personas se representan a sí anualmente en los tribunales. No obstante, para Quilichini, ha habido un alza en este tipo de caso por el apretado cuadro de la economía.

“No he visto, de lo que me han contado los compañeros antes de la pandemia, que esta situación estuviese reduciéndose. Es

tá incrementando el número de casos en lo que la gente pide representarse”, afirmó, al agregar que, en Puerto Rico, “hay mucha pobreza y mucha necesidad”, y se trata de “una sociedad bien litigiosa”.

Las peticiones abundan, mayormente, en instancias no contenciosas, como los divorcios por consentimiento mutuo, relaciones filiales o declaratorias de herederos. “El Poder Judicial tiene la responsabilidad de resolver casos y controversias para mantener el orden... y, para lograr esa misión, es importante que el Poder Judicial sea accesible a todas las personas”, afirmó Aponte.

La Rama Judicial cuenta con un programa para litigantes por derecho propio que integra a los Centros Pro Se, donde se ofrece información general sobre el sistema de tribunales y algunos procedimientos judiciales.

Laura García, directora de Programas Judiciales, explicó que los Centros Pro Se comenzaron a operar en el 2001, pero a raíz de la pandemia a mediados del año pasado, establecieron una línea de orientación para ampliar su alcance.

Entre julio del 2020 y el 31 de mayo de 2021, los Centros Pro Se atendieron a 16,404 personas a través de sus oficinas en

nueve de las 13 regiones judiciales. De estas, 12,209 recibieron asistencia a través de la línea de orientación. En vías de expandir esa herramienta de acceso a la justicia, Aponte afirmó que vislumbran extender el uso de las plataformas tecnológicas para la presentación y tramitación de los casos de litigantes por derecho propio y reconceptulizar el programa de orientación para que sea más eficiente.

Jeannete Príncipe, oficial de orientación del Centro Pro Se de la región judicial de Carolina, precisó que lo más que atienden son asuntos de familia, como casos de relaciones filiales y divorcios por consentimiento mutuo.

“De ninguna manera, los servicios de nosotros sustituyen a un abogado ni a una abogada. Nosotros brindamos el documento, le explicamos cómo llenar el documento... y luego revisamos que todas las partes estén completadas”, detalló.

ASUNTO QUE REQUIERE DISCUSIÓN

La asignación de fondos adicionales a las entidades que ofrecen servicios legales gratuitos y sacar de los tribunales aquellos casos de reclamos menores o “small claims” son algunas de las alternativas que han sido consideradas a nivel local para asegurar mayor acceso a la justicia. Pero, hasta ahora, esa discusión ha quedado en nada.

Países como Inglaterra han reconocido que sacar ese tipo de pleito de los tribunales no es suficiente y que hay que simplificar algunos procesos para que toda persona pueda autorrepresentarse. Quilichini coincide. “Parte de la solución tiene que ser la simplificación de los procesos y del lenguaje en aquellos casos más comunes de ‘pro se’”, puntualizó.

Localmente, agregó, se ha sugerido que las personas que requieren autorrepresentación y les sea autorizado acudan a una especie de “escuela” para que sean adiestrados sobre los procedimientos y leyes que manejarán. “El problema, en Puerto Rico y en Estados Unidos, es que hay una cosa que es acceso a la justicia y otra que es el acceso al abogado, y no son sinónimos”, expresó el vicepresidente del Colegio de Abogados y Abogadas.

Otro señalamiento que levantan miembros de la profesión jurídica que no favorecen la autorrepresentación es que el litigante “pro se” entorpece o complica los trabajos en los tribunales.

Para Godreau, sin embargo, ese señalamiento es otro síntoma de que es una alternativa altamente desigual, compleja y técnica. “La imposibilidad de que tengamos la conversación, esa discusión seria, provoca que la responsabilidad se pase como una bola y que nadie la asuma”, señaló, al recalcar la urgencia de que la Rama Judicial recopile estadísticas sobre los litigantes por derecho propio.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal afirmó que el problema no es el litigante por derecho propio, sino que el sistema de justicia es “fundamentalmente injusto”. “No se quiere poner el dedo en la llaga de que la gente en la vida real acude a los tribunales sola y de que, lamentablemente, el sistema de derecho está hecho para que la gente no pueda ir sola, así que la realidad supera el diseño del sistema”, subrayó Godreau.

Entre las alternativas a auscultar, dijo como ejemplo, está el establecimiento de salas especializadas en temas de vivienda que tengan asignadas abogados probonistas o “navegadores de la corte” que apoyen a que la gente esté en una mejor posición para defenderse. Pero hay que empezar por contabilizar los datos, insitió.

“Lo que estamos viendo es un país cada vez más inequitativo, un país más desigual, un país también donde la gente está teniendo que reclamar más acceso a conocer sus derechos”, afirmó Godreau.

“El problema en Puerto Rico y en Estados Unidos es que hay una cosa que es acceso a la justicia y otra que es el acceso al abogado, y no son sinónimos” MANUEL QUILICHINI VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS

“La desigualdad de poder no empeora porque la gente acuda sola, sino porque los sistemas de administración de justicia benefician la parte que tiene abogado” ARIADNA GODREAU DIRECTORA EJECUTIVA DE AYUDA LEGAL PR

“Una persona sí puede querer autorrepresentarse, pero se va a evaluar que esa autorrepresentación sea en el mejor interés de la justicia y de la propia persona” CORAL APONTE DIRECTORA DE EDUCACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD DEL PODER JUDICIAL