Duro golpe a entidades sin fines de lucro
Al no aprobar una resolución que distribuía $20 millones al tercer sector, la Cámara de Representantes y el Senado dejan a cerca de 500 organizaciones en estado de vulnerabilidad
Las organizaciones sin fines de lucro recibieron un nuevo golpe por parte de la Asamblea Legislativa, que cerró sus trabajos en junio sin la aprobación de una resolución que distribuye $20 millones entre más de 500 entidades.
La situación ha puesto sobre las organizaciones un panorama de incertidumbre, que podría impactar la estabilidad de los servicios. “Por alguna razón, esto lo hacen todos los años y ya básicamente nosotros lo vemos como un maltrato, no contra las organizaciones, sino contra los que más necesidad tienen. Es a esos que están maltratando”, afirmó Socorro Rivera, directora ejecutiva de la Fondita de Jesús.
El 30 de junio, la sesión ordinaria cerró sin la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 138 que -en esta ocasióndistribuía los $20 millones entre 593 organizaciones sin fines de lucro, de 623 que habían sometido propuestas de impacto comunitario. Los cuerpos no lograron consenso en el lenguaje de la medida.
Tras el cierre de la sesión, un grupo de entidades reclamó la celebración de una sesión extraordinaria, pero el gobernador Pedro Pierluisi ha descartado esta posibilidad. “El retraso de la aprobación de esa resolución pone en juego la continuidad de los servicios que las organizaciones sin fines de lucro brindan a los sectores más vulnerables del país y eso afecta directamente a miles de ciudadanos para quienes nuestros servicios son de vital importancia”, sostuvo Ana Yris Guzmán, copresidenta del Movimiento Una Sola Voz y presidenta de la organización Nuestra Escuela. Lamentó que el primer ejecutivo no haya convocado una sesión.
No es la primera vez que la Legislatura de turno concluye sus trabajos sin validar la legislación, pero, en esta ocasión, las organizaciones sin fines de lucro vienen de atravesar un año en el que vieron limitadas las recaudaciones de fondos a causa de la pandemia de COVID-19.
“En el 2020 y ahora en el 2021, las organizaciones no hemos podido hacer nuestras actividades de recaudación de fondos tradicionales. En el caso de SER, sí pudimos hacer el teletón y eso nos ayuda muchísimo, pero los fondos legislativos son los que usamos en proyectos especiales de alcance directo y primario”, sostuvo Nilda Morales, presidenta de SER de Puerto Rico.
A Morales, le preocupan principalmente aquellas organizaciones más pequeñas que -al igual que SER- llenan unas necesidades primarias en las comunidades. “De gran manera dependen de esos fondos y, ¿de dónde, entonces, ellas compensan? Porque no tienen la estructura para alcanzar fondos paralelos”, señaló.
SER de Puerto Rico atiende 7,000 participantes anuales a través de sus centros en Ceiba, Ponce y San Juan. El 70% de estos son de escasos recursos. “Nosotros tratamos siempre de no afectar el servicio directo. Se trata de participantes que no tienen otra alternativa porque, como tú sabes, los servicios de rehabilitación que están en fase crónica no cuentan con la cobertura médica”, afirmó.
El tipo de servicio médico y terapéutico que presta esta organización, fundada en 1950, no puede posponerse ni mucho menos detenerse, porque ello podría incidir en el proceso de rehabilitación de los participantes que llegan con condiciones agudas como resultado de un accidente o de un derrame cerebral, por ejemplo.
“Vamos a hacer lo necesario para no tener que suspender servicios. No podemos hacer una tregua sin que ese ser humano se vea adversamente afectado y sin opciones”, sostuvo, al señalar que el 95% de los ingresos de SER van dirigidos a ofrecer servicio directo.
SER de Puerto Rico había solicitado poco más de $2 millones y la recomendación de la Legislatura fue de $1.2 millones. “Puerto Rico tiene muchas necesidades y hemos probado, desde la mirada del tercer sector, que muchas de las soluciones que propenden al servicio colectivo propenden de nosotros mismos”, dijo.
Marcos Santana-Andújar, director de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, afirmó que, en el último año, las entidades no solo vieron reducidos los fondos recaudados, sino que enfrentaron un alza en los gastos para poder enfrentar el COVID-19.
“Tuvimos que identificar recursos de donde no los había para cumplir con el protocolo, los desinfectantes, los termómetros, así que no solo no hubo grandes esfuerzos de recaudación de fondos, sino que hubo gastos no contemplados y eso tiene una implicación también, porque los equipos y las organizaciones se van desgastando en el proceso”, afirmó.
Al panorama, se sumó que muchas entidades -especialmente del sur del paísaún venían arrastrando el impacto que sufrieron a causa de los terremotos de principios de 2020.
“Si bien es cierto que $20 millones dentro del presupuesto general parece una cantidad pequeña, esos $20 millones depositados en las manos de organizaciones
“En los albergues y centros de servicio, ese dinero se traduce en vidas que se pueden salvar o que podemos perder en el camino”
MARCOS SANTANA ANDÚJAR RED POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
sin fines de lucro, como albergues, representan un asunto de vida o muerte”, sostuvo Santana-Andújar.
Señaló que los albergues utilizan estos fondos para pagar el personal que da servicio directo, como psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros y enfermeras.
“No aprobar estos fondos a tiempo implica precarizar un servicio esencial, como la salud y la seguridad. No aprobarlos tiene el impacto de violentar, en este caso, el acceso a servicios a los niños y niñas en mayor estado de vulnerabilidad”, dijo.
Santana-Andújar no solo cuestionó el retraso en la aprobación de la resolución, sino también el que no haya habido un alza en la partida de $20 millones a pesar de las necesidades emergentes que enfrenta el país. La organización solicitó una partida de $230,580, pero la recomendación de la Legislatura fue de $70,000.
NO HAY EXCUSAS
La directora de la Fondita de Jesús señaló, además, que la tardanza en la distribución de los donativos impide que las entidades puedan presentar propuestas para obtener otras fuentes de ingresos, ya que el gobierno federal pide un pareo de entre un 20% y un 25% por cada dólar.
“Tenemos una diversidad de fondos, pero estos son fondos de pareo para poder entonces atraer fondos federales y privados para dar servicios, como alquiler de unidades de vivienda”, señaló Rivera. Sostuvo que es inconcebible que la Legislatura haya tomado esta determinación, en momentos en que ellos y el gobierno han tenido que reconocer que es el sector de las organizaciones sin fines de lucro el que ha salido a ofrecer los servicios.
“Realmente es como tener al abusador en la casa. Es un abuso y esto no se debe llamar donativo ni nada de eso, las organizaciones estamos dando un servicio que le corresponde dar al gobierno”, puntualizó Rivera.
Afirmó que, si el gobierno hiciera un “análisis serio” sobre el impacto que tendría en el fisco si las organizaciones dejaran de ofrecer sus servicios, “quizás estuvieran más conscientes de cuán beneficioso es para el gobierno apoyar más el sector”.
Marianne Ramírez, directora del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), indicó que, en el caso de ellos, se vería afectado el programa “MAC en el barrio”, que impacta comunidades de San Juan, Guaynabo, Cataño, Loíza, Ponce y Guayanilla.
“No es solamente un compromiso de desarrollar un proyecto de equidad cultural, sino que también estamos ofreciendo apoyo en el proceso de recuperación en comunidades que todavía están enfrentando problemas a raíz de los huracanes”, dijo.
Ramírez expresó que la propuesta presentada por la Alianza de Museos de Puerto Rico -organismo que también dirige- era para el desarrollo del programa “Échale un Ojo al Arte”, diseñado para tener un impacto en el sistema de educación público sobre el patrimonio cultural del país.
Indicó que, ante el retraso en los fondos legislativos, el Museo Casa Felisa Rincón de Gautier podría verse imposibilitado de continuar con los programas que ofrecen en las cárceles.
Mientras, el Museo de las Américas tendría que retrasar parte de la programas y servicios que ofrecen y se verían obligados a tramitar fondos por otras vías para cubrir los gastos. “Las instituciones culturales durante el período de la pandemia han visto limitada su capacidad de recaudar fondos y para muchos museos esos fondos son vitales para poder seguir adelante con su operación”, afirmó Ramírez.
“Es un abuso y esto no se debe llamar donativo ni nada de eso, las organizaciones estamos dando un servicio que le corresponde dar al gobierno”
SOCORRO RIVERA
FONDITA DE JESÚS