JUAN LARA:
¿Negociación o impasse con las pensiones?
La Junta de Supervisión Fiscal parece haberse anotado una victoria en las vistas sobre el plan de ajuste de la deuda del gobierno central con la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de darle paso a la declaración informativa que acompaña al plan. Parece ser que el proceso impulsado por la junta va bien encaminado y puede ser que para fines de este año o comienzo del próximo estemos viendo la resolución judicial de la quiebra gubernamental.
Se sabe que la jueza Taylor Swain quiere que el caso fluya con más agilidad, luego de los retrasos provocados por los desastres naturales y la pandemia, y la junta también muestra interés por avanzar lo más posible en la aprobación del plan de ajuste. Lo que resulta especialmente interesante es que la junta se ha mostrado dispuesta a seguir negociando con los acreedores del gobierno y hacerle modificaciones al plan, el cual todavía no ha llegado a su versión definitiva.
Una de las modificaciones más recientes fue producto de negociaciones con el comité de acreedores no asegurados. En la versión del plan de ajuste que se sometió en marzo pasado, la junta proponía recortes muy fuertes a este grupo de acreedores, que hubieran resultado ser los grandes perdedores en el arreglo. En esta ocasión, se enmendó el plan para ofrecerles una suma de dinero mucho mayor que la que se les asignaba en la versión anterior del acuerdo.
Ante estas acciones de la junta, cabe preguntarse cuánto más estarán dispuestos a negociar con las diferentes partes interesadas en el proceso, incluyendo al gobernador y la legislatura, y cuántas modificaciones adicionales se le pueden hacer al plan de ajuste antes de someterlo al tribunal en su forma final. Un tema crítico que hasta ahora la junta no ha querido negociar con el gobierno es el de las pensiones de los empleados gubernamentales, pero el gobierno parece pensar que es posible una negociación.
Hace más de un año que la junta llegó a un acuerdo con un comité de representantes de los retirados para proteger la gran mayoría de las pensiones y aplicarles recortes de no más de 8.5 por ciento a las pensiones de más de $1,500 mensuales (aunque inicialmente el límite era de $1,200 mensuales). El gobernador Pierluisi y la legislatura no han endosado ese plan, y en su lugar aprobaron la llamada ley del retiro digno. La junta acudió al tribunal para pedir la derogación de dicha ley, y el gobernador reaccionó proponiendo otras dos leyes alternativas, pero insistiendo en que no se haga ningún recorte a ningún pensionado.
Por lo visto, el gobernador y la legislatura no quieren dar su brazo a torcer en el tema de las pensiones y parecen estar confiados de que pueden persuadir a la junta. En las vistas de esta semana sobre el plan de ajuste hubo un debate importante sobre este tema. Los representantes del gobierno alegaron que la junta pone el plan en peligro corriéndose el riesgo de que la legislatura no apruebe la legislación necesaria para la emisión de los bonos nuevos que se canjearían por los bonos existentes como parte del acuerdo con los acreedores. A esto respondió el abogado de la junta indicando que tienen un Plan B, que sería utilizar las provisiones de la propia ley Promesa para obviar la necesidad de la legislación local.
Ante este intercambio entre los representantes del gobierno y de la junta podría parecer que hay un impasse en este tema. Sin embargo, todo parece indicar que el gobernador no quiere tener una confrontación con la junta y que confía en la posibilidad de llegar a un acuerdo con la entidad. O el gobernador está equivocado en su apreciación, o tiene algunas bases para creer que la junta puede todavía modificar su posición en este asunto.
Dado el calendario definido por el tribunal, no queda mucho tiempo para que se decida si una parte prevalecerá por sobre la otra o si se llegará a un acuerdo negociado. Mientras tanto, lo que está en juego no es solo el plan de ajuste de la deuda, sino también la seguridad de las pensiones.