Sensatez y buena voluntad para solucionar la deuda
Al aprobar preliminarmente la Declaración Informativa sobre el Plan de Ajuste de la deuda, presentada por la Junta de Supervisión Fiscal, la jueza federal Laura Taylor Swain ha instado al gobierno, a la Junta y a los acreedores a buscar nuevas formas de negociación que agilicen el proceso en el tribunal. Es preciso atender este importante planteamiento de la letrada.
Las vistas de divulgación del Plan que se han celebrado en estos días y continuarán el próximo 27 de julio tienen como fin dar a conocer a la jueza, a los actores del problema de endeudamiento, y al país en general, el estado en que se halla la reestructuración de al menos $35,000 millones, que es el monto de la deuda del gobierno central.
También ha sido importante que la jueza conozca de primera mano las reservas y argumentos de los acreedores que se han presentado por derecho propio al tribunal. Se trata de casos puntuales —y en muchas ocasiones dramáticos—, que El Nuevo Día ha estado presentando en una serie de reportajes dedicados a los diversos desafíos del Plan de Ajuste.
La reciente expresión judicial constituye una etapa informativa, y muy necesaria, del complicado procedimiento para solucionar la deuda. El juicio sobre la aceptación y razonabilidad del Plan, que es el último paso antes de su certificación, tendrá lugar a principios de noviembre.
No obstante, lo altamente deseable es que desde ahora la Junta y el gobierno local vayan trabajando en ideas de consenso, sobre todo en lo referente a asuntos neurálgicos, para evitar encerronas que obstruyan la ruta para reestructurar la deuda y equilibrar las finanzas del gobierno local.
La Asamblea Legislativa tendrá que asumir el análisis con un gran sentido de responsabilidad histórica. Como ha planteado la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), muchos de los puntos contenidos en el Plan de Ajuste requieren del visto bueno legislativo. También hará falta legislación específica para sacar adelante emisiones de bonos y otras propuestas con las que ya han transado muchos bonistas.
Anticipar desde ahora la posibilidad de que se produzcan pleitos, como ya han dejado entrever varios legisladores, si no se eliminan ciertas disposiciones del Plan de Ajuste, en especial aquellas relacionadas con las pensiones, va creando una atmósfera de enfrentamiento.
Es preciso tener en cuenta que la Junta todavía se halla dando los toques finales a los acuerdos multimillonarios con las grandes aseguradoras de bonos, Ambac Assurance y FGIC, los cuales son resultado de grandes esfuerzos. Hace poco, por ejemplo, la primera pedía el auxilio del tribunal para acceder a una lista de propiedades del gobierno que podrían ser parte de un embargo como pago a la deuda.
La relación entre las partes debe priorizar el diálogo y el acercamiento de las posturas que ahora pudieran parecer irreconciliables.
Los costos de la quiebra se acercan ya a los $1,000 millones, y un impasse entre el gobierno y la Junta, surgido de la negativa de la legislatura a aprobar las leyes requeridas, frenaría los acuerdos alcanzados con los bonistas, y provocaría un desequilibrio cuyas consecuencias las sufriría el pueblo puertorriqueño.
Tampoco el hecho de que la Junta cuente con un Plan B, en cuyo caso podría recurrir a órdenes judiciales para sacar adelante el Plan de Ajuste sin el consentimiento del gobierno, tiene la garantía de que la jueza lo encuentre “factible”.
Llegados a ese hipotético punto, el destino financiero de Puerto Rico se sumaría en mayor precariedad, deshaciendo los progresos logrados. La Fortaleza, la Asamblea Legislativa y la Junta supervisora tienen la gran responsabilidad de proveer a Puerto Rico la solución inaplazable de la deuda.