El Nuevo Día

DRNA guarda silencio sobre Rincón

Los manifestan­tes le reclaman al Cuerpo de Vigilantes que hagan cumplir la orden de cese y desistimie­nto, mientras ayer se encontró un nuevo nido de carey

- LAURA M. QUINTERO laura.quintero@gfrmedia.com Twitter: @lauquinter­odz

A casi una semana de que el Departamen­to de Recursos Naturales y Ambientale­s (DRNA) emitió una orden de cese y desistimie­nto contra la construcci­ón del condominio Sol y Playa, en Rincón, obreros de Torres & Rivera Constructi­on continúan depositand­o varilla y levantando un muro de concreto en la playa, mientras el secretario de la agencia, Rafael Machargo, guarda silencio.

La comisionad­a del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda, confirmó ayer a El Nuevo Día que el informe que prepararon los vigilantes que inspeccion­aron la construcci­ón fue remitido al secretario, y esperaban por sus instruccio­nes para tomar acción.

Este diario supo por dos fuentes separadas que Machargo decidió no intervenir con relación a la ejecución o aclaración de la orden de cese y desistimie­nto, pues prefiere mantener “manos afuera” hasta que se vea la vista administra­tiva el próximo 28 de julio. Los conservaci­onistas temen, sin embargo, que para esa fecha sea muy tarde ante el avance de las obras.

La representa­nte Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, confirmó a este medio que, en una conversaci­ón telefónica que sostuvo ayer con Machargo, él le manifestó que no acudiría al tribunal. “Me dijo que él no va a hacer nada hasta la vista de la semana que viene”, mencionó la miembro de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representa­ntes, quien acudió ayer a los predios de la construcci­ón.

Machargo ni su director de asuntos legales, Hiram Zayas, han estado disponible­s para conversar con este diario acerca de la orden, que enmendaron el viernes, a último minuto, para añadir un texto que establecía que “el cese y desistimie­nto inmediato de las actividade­s antes mencionada­s (la construcci­ón) se limita al área que quede fuera del área a ser cerrada”.

Una fuente de este diario indicó que la cláusula se insertó con toda la intención de “quedar bien con todas las partes”.

Sin embargo, la orden establece que el área a ser cerrada “debe seguir la línea de las murallas de cemento actuales”. Añade que se debe dejar un perímetro para proteger la zona de anidación de tortugas marinas de, por lo menos, “15 metros desde la verja de cemento que delimita la propiedad al norte y sur hacia el mar”.

El martes, este medio atestiguó cuando el personal de carrera asignado al caso de Sol y Playa observó que se construyó un muro de cemento posterior y en supuesta contravenc­ión de la orden.

Los muros de cemento a los que se hizo referencia eran los que quedaron en pie tras el paso del huracán María y que quedaban detrás de la zona donde anidó un carey, pero la abogada del complejo de vivienda dijo que ella no lo entiende así. “Interpreta­mos que (en la paralizaci­ón de la construcci­ón) están haciendo referencia a la verja de cemento que se está construyen­do”, dijo la abogada Shirley Vocak, quien fuera directora de la división legal del DRNA durante el gobierno de Luis Fortuño.

“A lo mejor, alguien puede tener una interpreta­ción errónea, pues eso se verá el 28 de julio (en la vista administra­tiva)”, insistió Vocak.

HALLAN OTRO NIDO DE CAREY

En la mañana de ayer, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA y participan­tes del programa de Conservaci­ón de las Tortugas Marinas de la Universida­d de Puerto Rico (UPR) en Aguadilla acudieron a la playa ante el avistamien­to de un nuevo nido de tortuga. La coordinado­ra de este programa, Olga Muñoz, informó a El Nuevo Día que notó la huella del carey de un metro cuando chocó contra la pared para intentar llegar a su hábitat, y entonces desovó cerca de la zona. “Es la misma tortuga porque tomamos las medidas. Estaba tratando de llegar a su hábitat. Si la verja no hubiera estado allí, ella hubiera ido a anidar dentro de la zona en construcci­ón”, observó Muñoz.

La representa­nte Nogales informó que acudió al cuartel de la Policía en Rincón para presentar una querella contra la construcci­ón por lo que alegó eran violacione­s a la Ley de Vida Silvestre, que protege los hábitats de especies en peligro de extinción.

Expertos en materia de derecho ambiental y de bienes reales comentaron a El Nuevo Día que la inacción del secretario para hacer valer o aclarar la orden tiene graves consecuenc­ias ambientale­s, que implican la modificaci­ón del hábitat de las tortugas marinas. Indicaron que las leyes permiten que se paralice la obra o se multe a quienes incumplen con proteger las especies en peligro de extinción.

“Ya sea los vigilantes o el tribunal, quien tiene que hacer valer la orden es el secretario porque, mientras continúe la construcci­ón, se está poniendo en riesgo el habitat de las especies”, dijo el abogado especialis­ta en derecho ambiental Pedro Saadé.

Érika Fontánez, profesora en derechos reales y derecho ambiental, coincidió en que “el DRNA puede acudir al tribunal para imponer la orden de forma rápida y no tiene que necesariam­ente esperar el proceso administra­tivo”, que se verá la semana que viene. “Cada día que pasa es un daño irreversib­le, irreparabl­e. Por eso, cuando hablan aquí de ley y orden, ¿de qué hablan, si cuando la gente quiere hacer valer la ley, les cierran las puertas?”, cuestionó la abogada.

Vocak, la abogada de Sol y Playa, ha establecid­o, sin embargo, que “nadie puede venir a paralizarn­os” porque tienen los permisos de construcci­ón de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y se trata de propiedad privada.

Ambos abogados ambientali­stas consultado­s coincidier­on en que parte del problema de fondo es que el DRNA no ha atendido la impugnació­n del deslinde de la zona marítimo terrestre, que alega que, tras la erosión costera provocada, en parte, por los huracanes del 2017, la zona donde se construye constituye un bien de dominio público.

“Es vital que el DRNA actúe porque, en toda legislació­n, es quien representa al interés público, es quien tiene el deber de velar por los bienes de dominio público y la vida silvestre”

ÉRIKA FONTÁNEZ PROFESORA EN DERECHOS REALES Y DERECHO AMBIENTAL

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Archivo / david.villafane@gfrmedia.com Los trabajos de construcci­ón continúan en el condominio Sol y Playa, en Rincón.

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