Urge afinar servicios vitales para los pacientes renales
Preparar a Puerto Rico para que su población más vulnerable sobreviva a eventos catastróficos debe ser un proyecto prioritario de país. En particular, la atención inmediata a cerca de 6,500 pacientes que necesitan diálisis para mantenerse vivos requiere de un plan coordinado entre el gobierno central, las alcaldías, los centros privados y otros proveedores, así como organizaciones sin fines de lucro y el liderato comunitario.
Cumplidos cuatro años de los eventos catastróficos asociados al huracán María, la isla carece de un registro de pacientes renales que requerirían asistencia urgente en caso de otro desastre natural. Urge superar esas deficiencias. Con el colapso del servicio eléctrico y de salud tras el paso del huracán en 2017, los pacientes de diálisis fueron una de las poblaciones que más riesgos enfrentó. Hasta donde se conoce, 620 personas tuvieron que emigrar a Estados Unidos para recibir el tratamiento completo de forma consistente. Quienes se quedaron en la isla sufrieron peligrosas interrupciones y alteraciones en el itinerario de diálisis, que puede abarcar unas cuatro horas, tres días cada semana. Se estima que entre 2016 y septiembre de 2021, en Puerto Rico 11,658 personas murieron por daño renal.
En la isla operan 49 centros de diálisis para atender en promedio el doble de pacientes que estas unidades reciben en Estados Unidos. La mayoría de los pacientes tienen que recibir tratamiento de diálisis como consecuencia de la diabetes y la segunda causa más común es la hipertensión. Ambas condiciones son dos de las primeras causas de muerte en nuestro país.
Las cifras muestran cuán indispensable es este servicio, que debe contar con planes abarcadores de respuesta ante emergencias. Así se puede agilizar la ayuda y brindar tranquilidad a estos pacientes. Entre las preocupaciones de estas personas y proveedores destaca la necesidad de que se consigne con claridad que los centros de diálisis sean considerados como de alta prioridad a la hora de proveer agua y electricidad durante un desastre. Sin embargo, no consta así en ningún plan presentado a las autoridades.
También hay imprecisiones sobre información que debería ser básica. Por ejemplo, se estima que cada paciente requiere casi 127 galones de agua por tratamiento. Sin embargo, el plan de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no contiene dichos cálculos para asegurar que supla la cantidad de agua que necesitarían los centros de diálisis durante una situación de emergencia.
Instituciones que ofrecen este servicio médico han informado que tienen sus planes al día, cuentan con sistemas alternos para suplido de agua y electricidad, además de tener coordinación con entidades privadas que les provean de agua y combustible en caso de interrupción de servicios durante una emergencia. No obstante, estas valiosas iniciativas ameritan eslabonarse entre sí y con otros sectores para potenciar las oportunidades de salvar vidas.
Las agencias del gobierno central aseguran que los centros de diálisis están incluidos en sus planes de manejo de desastres, pero no hay detalles al respecto. El Plan de Mitigación de Riesgos Naturales de Puerto Rico no los menciona, aunque es un asunto de salud crucial. Es responsabilidad del Estado dar certezas a los ciudadanos, sobre todo en asuntos vitales como este.
Los gobiernos municipales también tienen un rol fundamental en la preparación y respuesta para salvar vidas. Las alcaldías son el brazo de gobierno más próximo a los ciudadanos. Cada ayuntamiento debería contar con un registro de pacientes de diálisis y otros que requieran asistencia inmediata en casos de emergencia. Asimismo, debería existir una coordinación local con el liderato de las comunidades y las organizaciones sin fines de lucro en cada jurisdicción.
La experiencia de múltiples emergencias que han puesto a prueba el sistema de respuesta de salud pública no da espacio para más ambigüedades ni excusas.
Puerto Rico necesita un plan de preparación y acción inmediata bien estructurado y unificado para atender a los pacientes renales y con otras condiciones que requieren servicios médicos ininterrumpidos. La gestión implica además amplia divulgación para que los ciudadanos sepan qué hacer y a dónde acudir en caso de un desastre natural u otras emergencias.