La pugna llega a Justicia
Mientras la Juventud Demócrata pidió al gobierno de Pierluisi buscar la destitución de Elizabeth Torres, se elevan las tensiones internas
WASHINGTON/SAN JUAN.- La petición al Departamento de Justicia de Puerto Rico para que reclame la destitución de Elizabeth Torres como delegada electa para cabildear por la estadidad abre la puerta a tratar de resolver por la vía judicial la más reciente crisis que se genera en ese grupo.
La reunión que tuvo el gobernador Pedro Pierluisi el miércoles en la noche con los seis miembros de esa delegación no logró bajar las tensiones.
De hecho, la reunión avivó el fuego cruzado entre Torres y la exsenadora Melinda Romero Donelly, que ha salpicado al gobernador Pierluisi y al liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).
En una carta al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, la Juventud Demócrata pidió el miércoles que inicie el procedimiento hacia la destitución de Torres por haber admitido que luchar por la estadidad -la tarea para la que fue electaes secundario a su agenda social conservadora.
“Ante esta situación, somos del criterio que el Departamento de Justicia debe examinar si la señora Torres Rodríguez ha incurrido o no en perjurio tras comprometerse bajo juramento a realizar acciones que, posteriormente, por sus propias expresiones, actos e insinuaciones ha minado y desacreditado”, reza la carta dirigida al secretario Emanuelli, encabezada por la presidenta de la Juventud Demócrata, Elisa Muñoz.
Entre otras cosas, la petición al secretario Emanuelli alude a un vídeo de Torres en el que dice que no fue “electa para abandonar (la) lucha (en contra de la perspectiva de género), que es más importante que la lucha por la estadidad”. Esta semana, además, se conoció que Torres utilizó su primera reunión con Pierluisi para pedir que se eliminen condiciones del indulto que le otorgó la exgobernadora Wanda Vázquez a su compañero, Edwin Domínguez, por violar una orden de protección contra una menor.
En los últimos días, Torres ha estado particularmente enfrascada en una discusión pública con Romero Donelly y el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, a quien describió como una persona deshonesta y “charlatán”.
“El secretario (de Justicia) tiene la obligación de evaluar el documento que se le entregó y mi expectativa es que van a haber más documentos como ese. Quizás no necesariamente grupos, pero individuos, personas porque ha quedado evidenciado que (Torres) no tiene interés en participar de este proceso, que no cree en este proceso, según sus mismas palabras. Ella dijo que el proceso (para cabildear por la estadidad) era un espejismo. Hay mucha gente que está bien molesta con eso”, indicó Romero Donelly a El Nuevo Día.
Bajo la Ley 167 de 2020 que puso en marcha la elección de los cabilderos por la estadidad -de la autoría del representante Carlos “Johnny” Méndez-, si uno de esos funcionarios no cumple con sus tareas, el Secretario de Justicia “podrá” iniciar un proceso “ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”.
Las pugnas iniciales surgieron en torno a la legalidad de la elección del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y el salario y la adopción de un reglamento en la Administración de Asuntos Federales (Prfaa). Romero Donelly reclamó entonces un salario mayor a los $90,000 que recibe, con otros $30,000 para gastos.
Como parte de un viaje a Washington y Nueva York, el gobernador Pierluisi sostuvo que en la reunión del miércoles –la primera que tiene con el grupo desde que asumieron sus puestos-, se iba a centrar en los esfuerzos a favor de la estadidad y no en las controversias que consideran son “una distracción”.
Pero la reunión dio foro a nuevos “dimes y diretes” entre Romero Donelly y Torres, según fuentes del grupo.
Los primeros cuatro funcionarios que juraron en sus puestos para cabildear por la estadidad –Romero Donelly, Torres, la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez y el ex asambleísta municipal de Guaynabo Roberto LeFranc Fortuño-, deben rendir el miércoles su primer informe a Pierluisi.
El gobernador dijo que ese documento se hará público.
“Ha quedado evidenciado que (Elizabeth Torres) no tiene interés en participar de este proceso”
MELINDA ROMERO DELEGADA ELECTA POR LA ESTADIDAD